Créditos: Derik Mazariegos
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La resistencia inició en “La Puya” un 2 de marzo de 2012, en rechazo a la minería en los territorios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, municipios del departamento de Guatemala. La lucha ha servido de referencia para otros pueblos. 

Por Wellinton Osorio

El pasado domingo 3 de marzo, la Resistencia Pacífica de la Puya conmemoró 12 años de un plantón pacífico que ha resistido en defensa del territorio, la dignidad y la naturaleza. 

Desde las primeras horas de ese día, los miembros de la resistencia de las comunidades de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo se reunieron para organizar la celebración.

Las festividades comenzaron con el montaje de la tarima en donde se realizaría una celebración eucarística y las actividades culturales. Los vecinos también prepararon los premios para la tradicional maratón de cinco kilómetros. 

La carrera contó con las categorías de máster, libre y femenina. En la actividad participaron jóvenes, niños, hombres y mujeres provenientes de la ciudad de Guatemala, Palencia y San Pedro Ayampuc. En los actos conmemorativos, no solo celebró la resistencia, sino que también se promovió el deporte como una actividad comunitaria y saludable.

Después de la carrera, se llevaron a cabo actividades culturales que contaron con la participación de artistas locales, colectivos y organizaciones, incluyendo presentaciones de radio teatro, música en vivo y danzas. 

El ritmo y folclor estuvo a cargo de la comparsa de Artiis, Las Cuerdas de la Resistencia, Colectivo Chiviricuarta y el Proyecto Puente Belice. Además, se realizó un recorrido de sensibilización ambiental. 

Foto de Derik Mazariegos

Mientras la misa conmemorativa de los 12 años de lucha incluyó oraciones por los defensores del territorio y las resistencias con un llamado a mantener el compromiso con la protección del entorno natural.

Feliza Muralles, lideresa de la resistencia pacífica de La Puya pidió al gobierno de Bernardo Arévalo que “el proceso de preconsulta se dé, de una forma transparente y acorde a las costumbres y tradiciones de las comunidades”. Además, invitó a los vecinos para que se informen sobre el proceso de la consulta previo a que llegue el momento de aplicarla en sus comunidades. 

En tanto, Alvaro Sandoval, miembro de la resistencia pacífica, invitó a los vecinos Xinka y Kaqchikel de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, estar atentos a la consulta para definir el proceso según sus costumbres y tradiciones y no aceptar ninguna imposición de otras instancias que vulneren la consulta. 

El aniversario de la resistencia pacífica atrajo a delegaciones de religiosos, estudiantes, organizaciones aliadas, acompañantes internacionales, miembros de otras resistencias y vecinos de las comunidades cercanas.

Entre los asistentes se observó al diputado, Ronalth Ochaeta, del distrito del departamento de Guatemala por el partido Movimiento Semilla. Él expresó que actualmente promueve una iniciativa de ley sobre la moratoria minera. Esta busca que se cuente con un instrumento de política pública para que el Estado pause el otorgamiento de licencias de reconocimiento, exploración y explotación minera por un lapso de 10 años. Además de consolidar mecanismos para que el Estado realice los procesos de consulta previo a otorgar licencias mineras.

Controvertido arbitraje

En medio de las celebraciones, se destacó el informe por parte del Bufete Jurídico de Derechos Humanos sobre el acompañamiento a casos relacionados con el proceso de preconsulta y el arbitraje internacional presentado por Kappes, Cassiday & Associates (KCA) contra el Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés) en 2018. 

Foto de Derik Mazariegos

Este arbitraje, que involucra al proyecto minero El Tambor, ha generado controversia debido a las irregularidades en el estudio de impacto ambiental, la falta de consulta previa con las comunidades afectadas y la ausencia de una licencia de construcción.

El proyecto minero se ubica en una zona compartida entre los municipios de San Pedro Ayampuc, San José del Golfo y Chuarrancho, en el departamento de Guatemala. Se compone de 11 licencias, entre las cuales se encuentra la denominada “Progreso VII Derivada” otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a EXMINGUA, S.A., subsidiaria de Radius Gold Inc., el 30 de septiembre de 2011, durante el último año del mandato del presidente Álvaro Colom (2008 – 2012). 

Esta licencia autorizaba la explotación de oro y plata en un área de 20 kilómetros cuadrados, con una profundidad de hasta 10 kilómetros lineales.

Deodora Oliva, lideresa de la resistencia pacífica mencionó que su motivación para estar en la lucha y defensa del territorio se debe a que el proyecto minero contamina los recursos naturales de las comunidades. Explicó que les “queda por delante motivar y concientizar a las demás comunidades para que se unan y el día de la consulta decir un “no definitivamente al proyecto minero”.

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Las mujeres y la Resistencia pacífica de “La Puya”

El inicio de la lucha

La Resistencia Pacífica de La Puya, ubicada en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala, nació el 2 de marzo de 2012 como respuesta a las señales del inicio de un proyecto minero en la región.

La preocupación por los posibles impactos en la salud y el medio ambiente llevó a la comunidad a organizar actividades pacíficas para expresar su desacuerdo con el proyecto minero El Tambor y Progreso VII Derivada. A finales de 2008, EXMINGUA solicitó una licencia de explotación minera que fue aprobada por el MEM en noviembre de 2011 para un período de 25 años.

La población se manifestó mediante un plantón permanente frente a la entrada de la mina, manteniéndose hasta el día de hoy por los miembros de las comunidades vecinas que se turnan.

Sin embargo, esta acción fue recibida con agresiones, incluyendo amenazas, campañas de desprestigio, un intento de asesinato contra la lideresa Yolanda Oquelí, agresiones perpetradas por exmilitares vinculados a la empresa minera, detenciones de dirigentes comunitarios y el asesinato de Fidel Santos Ajau. 

En 2014, se produjo un desalojo violento con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que estaba brindando protección a la empresa minera. Además, trabajadores de EXMINGUA demandaron a nueve integrantes de la Puya por supuestos delitos de detención ilegal, coacción y amenazas, con resultados diferentes en los distintos juzgados.

A pesar del amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a La Puya por la falta de consulta previa, libre e informada y la orden de suspensión temporal del trabajo minero en febrero de 2016, un mes después se observaron actividades ilegales de extracción de minerales por parte de la empresa.

EXMINGUA fue denunciada penalmente por explotación ilegal de recursos naturales, pero la persecución penal quedó estancada sin avances significativos hasta el momento.

Un nuevo capítulo 

Mientras la Resistencia Pacífica de la Puya conmemora 12 años en defensa del territorio y la dignidad, sus miembros se preparan para un nuevo capítulo en su lucha: el proceso de preconsulta y consulta basado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Este proceso, que reconoce el derecho de los pueblos originarios a ser consultados sobre proyectos extractivos en su territorio, representa un hito crucial en la búsqueda de justicia y protección ambiental. A pesar de los desafíos y obstáculos, la resistencia persiste, alimentada por la esperanza de un futuro en el que la voz de las comunidades sea escuchada y respetada.

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