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Defensoras y defensores de derechos humanos estuvieron en la ONU donde denunciaron la cooptación del sistema judicial y el debilitamiento de las instituciones estatales en Guatemala. Lourdes Gómez Willis, originaria de Alta Verapaz, expuso que la falta de acceso a la justicia sigue afectando a las comunidades históricamente marginadas, de la cual ella forma parte como defensora afrodescendiente y Q’eqchi’.

Por Prensa Comunitaria

El 4 de marzo, en el marco del 144 periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la defensora de derechos humanos, Lourdes Haquelina Gómez Willis, se refirió a la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala donde la cooptación del sistema judicial sigue siendo un motivo de preocupación. 

La defensora junto a otros defensores de derechos humanos y operadores de justicia exiliados de Guatemala, entre ellos Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); Jordán Rodas, exprocurador de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, celebraron la extensión del mandato de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (OACNUDH) en Guatemala por tres años más.

Lourdes Gómez Willis se pronunció sobre el debilitamiento que aún enfrentan las instituciones estatales. A pesar del cambio de gobierno, la cooptación del sistema judicial sigue siendo de preocupación para garantizar la impartición independiente de la justicia y pone en riesgo la democracia, dijo.

El exfiscal de la FECI junto a Lourdes Gómez en la ONU. Créditos: Fotograma

Además, resaltó que la falta de acceso a la justicia y la impunidad siguen siendo inquietantes para las comunidades históricamente marginadas y que viven en un contexto de discriminación institucional de pueblos indígenas y afrodescendientes.

Por su parte, Juan Francisco Sandoval, exiliado e indebidamente criminalizado por su trabajo en Guatemala denunció que posee más de 100 denuncias en su contra, seis órdenes de detención y trámites de extradición a pesar de su condición de asilado político en Estados Unidos.

A eso se suma la preocupación por la alarmante persecución de personas defensoras por parte del Ministerio Público (MP), entre los cuales hay operadores de justicia, varios de los cuales han tenido que exiliarse del país. De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) se han registrado casi seis mil agresiones contra personas defensoras entre enero y noviembre de 2023.

Instan al gobierno a un plan de acción 

Las y los defensores manifestaron su esperanza de que el nuevo gobierno asuma un verdadero compromiso con los derechos humanos, siendo esta una oportunidad histórica para Guatemala. Por ello instaron a un plan de acción para permitir que se realicen visitas de procedimientos especial, implementar recomendaciones del del Examen Periódico Universal (EPU) e implementar recomendaciones de órganos de tratados.

También que se realice una visita del Alto Comisionado de Derecho Humanos al país, exhortar al Estado de Guatemala, para que acceda al acuerdo de ESCAZÚ, el primer tratado ambiental para América Latina y el Caribe y se implemente una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos.

Otras peticiones son que se garantice la elección transparente de las altas cortes, que se realiza este año, impulsar la lucha por la erradicación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres y un compromiso real de la lucha contra la corrupción. 

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