El proceso que inició en junio de 2023 llegará a su final, este 28 de febrero, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo B dicte su veredicto a nueve militares acusados de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa, por disparar contra manifestantes de Totonicapán y asesinar a siete de ellos.
Por Regina Pérez
El Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, fijó para el 28 de febrero, a las 8:30 horas, la lectura de la sentencia por el caso de la masacre de la Cumbre de Alaska. Un proceso que empezó en junio de 2023 y se extendió por una década en el sistema de justicia.
A 11 años de la masacre, ocurrida en el kilómetro 169 de la ruta Interamericana, un caso conocido como Cumbre de Alaska, un grupo de soldados al mando del coronel Juan Chiroy abrió fuego contra manifestantes convocados por las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán.
Siete personas fallecieron en esa masacre: José Eusebio Puac, Arturo Félix Sapón, Jesús Baltazar Caxaj, Rafael Nicolás Batz Menchú, Jesús Francisco Puac, Santos Nicolás Hernández y Lorenzo Isidro Vásquez, este último varios años después a consecuencia de las heridas de bala que sufrió.
Los jueces del Tribunal escucharon este miércoles la última palabra de los militares que, según la acusación del Ministerio Público (MP), cometieron los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa, por los cuales la Fiscalía ha solicitado de 25 a 15 años de prisión.
#CumbreDeAlaska ⚖️ Tribunal fija fecha de sentencia en el caso de la masacre de Alaska
Un coronel y ocho soldados están acusados de abrir fuego contra manifestantes de Totonicapán el 4 de octubre de 2012. El MP ha pedido penas entre 16 y 25 años de prisión 🧶
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) February 14, 2024
En tanto, los abogados de las víctimas solicitaron 30 y 20 años de prisión por esos delitos, además de pedir aplicar el artículo 28 del Código Penal, que establece: “Los jefes o agentes encargados del orden público, que cometieren cualquier delito contra las personas o sus bienes siempre que se pruebe que en la realización del mismo, se produjo grave abuso de autoridad y de la confianza que el Estado les ha otorgado, se les impondrá la pena correspondiente al delito cometido aumentada en una cuarta parte”.
El abogado de las autoridades comunales, José Santos Sapón, indicó que finalmente el 28 de febrero se sabrá si la justicia del Estado de Guatemala es confiable. Para los 48 Cantones significa si podremos confiar en el sistema judicial o no, porque no puede negarse que fue el ejército el que causó las muertes, indicó.
Asimismo, dependiendo del argumento del Tribunal, se verá si se criminaliza la lucha social y las manifestaciones, señaló el abogado. La sentencia es relevante por todo el contenido político, jurídico y sociocultural que tiene el caso y es importante para fortalecer el Estado de derecho, la democracia y el respeto a los derechos humanos, añadió.
Un caso entrampado por una década
El juicio por la masacre de la Cumbre de Alaska comenzó el 15 de junio de 2023 en el Tribunal de Mayor Riesgo B. La defensa de las víctimas tenía alrededor de 120 testigos, sin embargo, renunció a varios y únicamente 80 declararon.
El juicio se realizó luego de una década en la que los familiares y víctimas directas buscaron justicia por lo ocurrido, el 4 de octubre de 2012, cuando hombres y mujeres de las comunidades y caseríos de Totonicapán acudieron a varios puntos de la carretera Interamericana a manifestar, tras una convocatoria de los 48 Cantones de Totonicapán.
Las demandas se centraban en el alto costo de la energía eléctrica, la reforma educativa a la carrera de magisterio y las reformas a la Constitución que el gobierno de Otto Pérez Molina impulsaba.
Víctimas testifican que aún sufren las secuelas que dejó la masacre de Alaska
Sin embargo, el proceso y el inicio del juicio no avanzó con rapidez en Tribunales, sobre todo cuando, en 2014, la jueza Carol Patricia Flores cambió los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa, por homicidio en estado de emoción violenta e incumplimiento de deberes.
Esto llevó a impugnar la resolución en una Sala, en la Cámara de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y hasta la Corte de Constitucionalidad (CC).
Piden justicia y reparación
El pasado 5 de febrero, las víctimas tomaron la palabra frente al Tribunal, para hacer dos peticiones: justicia y reparación, debido a los daños emocionales y económicos que sufrieron por la pérdida de sus familiares. A diez años de los hechos, aun se les quebraba la voz cuando recordaban los hechos y describían las secuelas que les dejó la masacre.
También se expresó el presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Edin Rafael Zapeta, quien señaló que el pueblo de Totonicapán necesita un cierre por lo que sucedió el 4 de octubre de 2012. “Queremos que haya un cierre y se haga justicia por la Cumbre de Alaska y que el ejército nunca más vuelva a hacer daño a nuestros pueblos” fue su petición en representación de ese pueblo maya K’iche’.
Justicia, la principal petición de las víctimas de masacre en Cumbre de Alaska
