El fallo impide que haya más despidos “injustificados” en el MP, pero favorece a fiscales que han enfrentado señalamientos de corrupción o incluso que están incluidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de los Estados Unidos.
Por Alexander Valdéz
Una resolución emitida por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo impide al Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras continuar con la destitución de fiscales, que iniciaron en 2021 con el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. El fallo se emite dos años después de los constantes movimientos internos y a pocos días de que inicie el gobierno del presidente electo Bernardo Arévalo.
Si bien el fallo se emite por demandas laborales de trabajadores que fueron destituidos del MP, el alcance que tendrá la resolución favorecería a fiscales como Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales Lazo, Noé Rivera y Pedro Hernández, quienes han dirigido casos de criminalización y que ciudadanos han pedido que sean destituidos.
En el fallo emitido por el juzgado se detalla que el emplazamiento se origina por un “conflicto colectivo de carácter económico social, promovido por trabajadores en activo y en proceso de reinstalación en contra del MP”, proceso que se discute ante el constante despido de fiscales y personal de la institución.
“Se previene a las partes que ninguna de ellas podrá tomar represalias contra la otra, ni impedir el libre ejercicio de sus derechos, quien infrinja esta disposición será sancionado con una multa igual al equivalente de diez a cincuenta salarios mínimos mensuales, vigente para las actividades no agrícolas. Además deberá reparar el daño causado, sin que esto exonere de responsabilidades penales en que haya incurrido. VII) Se advierte a las partes que toda terminación de contratos de trabajo debe ser autorizada por el respectivo Juez de Trabajo y Previsión Social que conozca en definitiva del presente asunto”, indica la resolución.
Esto quiere decir que la Fiscalía no podrá realizar un despido o remoción de fiscales o personal sin que previamente haya una autorización judicial.
Trabajadores ganan demandas laborales
En julio de 2023, uno de los juzgados de trabajo en Guatemala resolvió que la fiscal general violó los derechos laborales de varios fiscales que fueron destituidos durante su gestión, una de las resoluciones indica que fueron destituidos sin garantizarse los procedimientos administrativos internos, haciendo mal uso del argumento de considerarlos “personal de confianza”, cuando los fiscales eran de carrera.
En junio de 2022, Wendy Patricia Ordoñez De Rivas, quien laboró en el MP durante 22 años y dirigió diferentes unidades de investigación, fue destituida junto a otras fiscales de carrera. Entre ellas, Hilda Elizabeth Pineda García y Sara Elizabeth Romero, ambas investigaron crímenes de guerra.
Ordoñez fue despedida sin ninguna justificación y no enfrentó ningún proceso o sanción administrativa, previo a su destitución. Por esa razón impugnó ante un juzgado laboral la destitución ordenada por Porras.
Fue el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social que conoció el caso y analizó el procedimiento empleado por el ente investigador en el despido de Ordoñez. La justificación empleada por el MP para esta y las destituciones de otros fiscales, es que son “puestos de confianza”.
En esa oportunidad, el juzgado le ordenó al MP la reinstalación inmediata de la fiscal Ordoñez: “… en su mismo lugar de trabajo y realizarle el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir hasta su efectiva reinstalación, así como el pago al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de las cuotas, no aportadas desde la fecha del despido hasta su efectiva reinstalación…”
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Despedidos y criminalizados
La gestión de Porras se ha caracterizado por el despido o traslado de fiscales de carrera, una práctica que se hace basada en que son “personal de confianza”, aspecto que lo hace justificándose legalmente en una modificación al Pacto Colectivo de la institución.
Sin embargo, no solo ha despedido a fiscales. La mayoría de los que trabajaron en la FECI durante la gestión de Sandoval o CICIG, se vieron obligados a salir del país, otros fueron sometidos a investigaciones y al encarcelamiento.
Virginia Laparra, Paola Escobar, Aliss Morán, Claudia González, entre otros que estuvieron a cargo de procesos de gran corrupción, fueron procesados penalmente o se pidió una orden de detención en su contra.
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