Colectivo ambiental pedirá a la nueva ministra de Ambiente, María José Iturbide, que cancele la licencia del proyecto.
Por Paolina Albani
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), de Alejandro Giammattei, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa. Con ello, abrió la puerta para que la transnacional canadiense Bluestone Resources, active labores y pase de la modalidad de explotación subterránea a cielo abierto. Las autoridades de Ambiente del nuevo gobierno han informado que auditarán el proyecto para verificar que cumpla con las medidas de mitigación.
Bluestone Resources, también conocida como Elevar Resources, esperó más de dos años para que el MARN les aprobara la actualización del Estudio de Impacto Ambiental, con miras a retomar la explotación de la modalidad subterránea a cielo abierto.
A cinco días de que finalizara el gobierno de Giammattei, el 9 de enero pasado, el Ministerio le aprobó a la minera el instrumento ambiental, Bluestone emitió un comunicado en el que anunció que iniciaría la explotación de oro y plata.
Además, la transnacional señaló que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) también actualizó la licencia aprobada de Cerro Blanco para que coincida con la modalidad de explotación a cielo abierto.
Días después de la aprobación x el MARN, el 18 de enero, la empresa canadiense Bluestone Resources anunció oficialmente la noticia en un comunicado de prensa. El EIA se aprobó el 9 de enero, en la última semana laboral de los funcionarios del gobierno de Giammattei en el MARN. pic.twitter.com/Q74fxOx0XN
— OIE – Observatorio de Industrias Extractivas (@oie_gt) January 23, 2024
Quien alertó de la decisión fue el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE) que, a la vez, advirtió sobre cómo la reactivación de la mina “implicaría graves riesgos ambientales”, pues la contaminación por el vertimiento de aguas residuales de la mina afectarán a la cuenca Ostúa, la quebrada El Tempisque, el Lago Güija y el río Lempa, que conectan con El Salvador.
En respuesta a esto, las autoridades del MARN lanzaron un comunicado en el que aclararon que el instrumento fue aprobado por la anterior administración. También indicaron que evaluarían el expediente y realizarían una auditoría ambiental para establecer si el EIA cumple con las medidas de mitigación.
La carrera para reabrir la mina e invalidar la consulta
En diciembre de 2021, Bluestone Resources presentó la propuesta para reactivar la mina, actualizando el Estudio de Impacto Ambiental que presentaron en 2007, pasando de ser una subterránea a una de cielo abierto. El mismo estudio que no contempló la superficie geotermal del municipio y que ocasionó que los túneles excavados, se inundaran en repetidas ocasiones.
Entonces, varias organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador, con el apoyo de la Orden Franciscana de la Iglesia Católica, iniciaron una campaña en contra de la reactivación de Cerro Blanco.
Incluso, señalaron que hubo corrupción en el proceso para reabrir la mina. Específicamente, a través de la compra de voluntades en las comunidades aledañas a las que ofrecieron carreteras, pintar escuelas, trabajo y becas.
La petición de las organizaciones, entonces, fue que no se actualizara el EIA, sino que se realizara desde cero, pues, “no fue bien hecho”.
“A la población de Asunción Mita solamente le quedará el ambiente degradado, tierras estériles y destruidas, agua contaminada de por vida por el drenaje ácido de la mina, fuentes de agua secas, ríos y lagos contaminados, y conflicto binacional con El Salvador por dañar las aguas compartidas, además de los daños a la salud”, advirtieron.
Ante este oponente, las organizaciones y los vecinos de Asunción Mita se prepararon para realizar una consulta municipal de vecinos en la que se preguntaría a los habitantes del municipio si estaban de acuerdo o no con que operaran mineras en el territorio.
El 18 de septiembre de 2022, obtuvieron una apabullante respuesta. Al menos 7 mil 481 personas votaron por el NO a la minería, mientras 904 votaron por el SÍ.
Conoce más detalles acá:
Cómo el gobierno de Giammattei salió a la defensa de la mina a la que un pueblo ya dijo NO
Sin embargo, hubo intentos para bloquear el proceso de consulta. Algunos vecinos denunciaron que se sobornó a los dueños de los buses para que no circularan y afectar así la participación de la gente.
Pero los vecinos en Asunción Mita estaban motivados. En parte, porque la Iglesia Católica jugó un rol activo en la propaganda de la consulta y porque esta fue un domingo. Así que varios fueron a votar al salir de misa.
La consulta logró más del 20% de la participación de los habitantes del municipio. Según el Código Municipal, alcanzar este porcentaje era importante para considerarla vinculante.
La celebración de la victoria por el “No”, no duró mucho. Los aliados de la minera, como la organización Mita Avanza y el mismo MEM, en ese entonces, a cargo de Alberto Pimentel, ahora sancionado por Estados Unidos por la Ley Magnitsky por haber recibido sobornos para favorecer a mineras, alegaron que la consulta no tenía validez.
#Corrupción 📢 Estados Unidos aplica Ley Magnitsky a exministro de Energía y Minas
Alberto Pimentel, exministro de Giammattei fue "designado bajo el programa de sanciones Global Magnitsky por su papel en la corrupción", señaló Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para el… pic.twitter.com/66INeqKS7D
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) January 17, 2024
En septiembre de 2023, la transnacional presentó una acción de inconstitucionalidad contra tres de los artículos del Reglamento de la Consulta Municipal en la que se basó el plebiscito sobre minería a la población de Asunción Mita.
Y antes de que acabara el mes, pasaron dos cosas. La primera, la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió suspender los artículos, temporalmente, y eso dejó sin efecto los resultados, pero también la participación del Concejo Municipal, la Iglesia católica, y los vecinos que conformaron la Comisión de Coordinación.
La segunda, las acciones de la minera se derrumbaron en la bolsa de valores, tras la difusión de los resultados de la consulta, lo que ahuyentó a los inversionistas.
Para octubre de 2023, la máxima corte emitió otro fallo favorable a la minera, en la que le permitió continuar gestionando el permiso para reactivar la mina a cielo a abierto.
Corrupción en la minería
Julio González, del Colectivo Madre Selva, una de las organizaciones ambientalistas que ha seguido de cerca el tema minero en Asunción Mita, indicó que, desde el inicio, el gobierno de Giammattei mostró predilección por conservar a la transnacional en el territorio y su historia ha sido una empañada por la corrupción.
Primero, recordó, la mina adquirió su licencia en 2007, pero no pudo funcionar ni extraer los minerales que tanto buscaba, porque el EIA no analizó la superficie geotermal del municipio y esto, inundó los túneles en varias ocasiones.
El proyecto quedó virtualmente, abandonado desde esa fecha. Eso fue hasta 2021. González, señaló que la ley establece que si un proyecto extractivo no tributa ni genera ganancias debe cerrarse al cabo de dos años. Pero su cancelación no ocurrió.
En 2019, se aprobó la reforma al Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), decreto 317-2019, en el que se autoriza actualizar los instrumentos ambientales como el EIA. Eso les permitió optar por la modificación del instrumento, sin tener que cambiar de licencia.
“No se puede actualizar algo que no sirve, que no funcionó. Lo necesitaban para cambiar el proceso de minado aprovechando que les queda poco tiempo para que la licencia venza, pero a cambio dejarán un desastre ambiental”, advirtió.
Además, contó que los expertos que Madre Selva proveyó para tomar la decisión y que demostraron que el EIA estaba mal hecho, no fueron tomados en cuenta y no forman parte del expediente que dio luz verde a la mina a cielo abierto, según habrían dicho los empleados de Gestión Ambiental del MARN.
Otro aspecto que ha generado rechazo a la minera en los ambientalistas, es que la fianza de garantía solo cubrirá Q4 millones, pero los expertos del colectivo han señalado que para cerrar la mina se necesitarían al menos Q95 millones.
Por estos motivos, González dijo que la mañana del 25 de enero, darán una conferencia en el Congreso, en el Patio de la Vida, en donde buscarán que los diputados los acuerpen para evitar que la mina empiece a funcionar.
Asimismo, pedirán una reunión de trabajo con la nueva ministra de Ambiente, María José Iturbide, en la que solicitarán que cancele la licencia ambiental de la minera y propondrán una posible ejecución de moratoria, en la que la cartera tenga el tiempo suficiente para analizar y revisar anomalías.
La verdad incómoda de la minería
Tanto el OIE como las organizaciones ambientales de ambos países han señalado que existen riesgos ambientales como resultado de la minería. Por un lado, el drenaje de ácido y lixiviación de metales (la separación de sustancias en una matriz sólida, a través de la pulverización) como: zinc, arsénico, cobre, hierro, mercurio y níquel.
Más de 4 millones de salvadoreños dependen del agua del río Lempa, y una de sus principales amenazas es la actividad minera en la zona de Guatemala. Según la Universidad de Virginia Tech, la quebrada El Tempisque excede los valores de varios metales pesados. pic.twitter.com/dy52bBYiMH
— OIE – Observatorio de Industrias Extractivas (@oie_gt) January 23, 2024
Además, reducirá el caudal del agua por el bombeo constante de más de 4 mil galones por minuto. El Tule, La Lima, Cerro Blanco, San Rafael Cerro Blanco serán algunas de las comunidades perjudicadas.
Bluestone Resources, según el OIE, extraerá más de 54.4 millones de toneladas de oro y plata en los 15-16 años que dure su licencia de explotación, y generará 144 millones de desechos de roca estéril.
González concluyó diciendo que lo mejor que le puede pasar a Guatemala es que se declare libre de minería metálica, pues además de contaminar la cuenca Ostúa, generará un conflicto binacional.
