El jefe de la FECI busca que se anule la resolución del Juzgado Noveno Penal, que otorgó un amparo a un grupo de abogados y ciudadanos que pidieron garantizar que el binomio presidencial y funcionarios electos asuman sus cargos el próximo 14 de enero.
Por Prensa Comunitaria
A menos de dos semanas para que el binomio presidencial electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera asuman la dirección del Organismo Ejecutivo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) no cesa en sus intenciones por evitar que los ciudadanos electos en los comicios del 2023 lleguen a los cargos.
Esta vez, la FECI que dirige Rafael Curruchiche presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC), con la intención de dejar sin efecto la resolución emitida por el Juzgado Noveno Penal que otorgó un amparo definitivo a un grupo de abogados y ciudadanos guatemaltecos, ordenando a la fiscalía cesar en sus intenciones por “desacreditar” los resultados de las elecciones generales.
A criterio de Curruchiche, el amparo otorgado a los ciudadanos “es carente de veracidad y no se dan los presupuestos legales para ser declarada con lugar”, asegura que el Ministerio Público (MP) ha efectuado las diligencias de investigación y el secuestro de documentos, con autorización judicial, dictada por el contralor de la causa, y cuya competencia ya ha sido objeto de discusión y resolución en otros amparos.
“La Corte de Constitucionalidad ha establecido que el MP puede continuar con la investigación que efectúa, en vista de ser un órgano del Estado de naturaleza constitucional con facultad para investigar hechos que puedan constituir delitos a efecto de lograr la averiguación de la verdad, viabilizando la presente investigación, por lo cual la presente acción constitucional de amparo podrían formar parte de una serie de acciones interpuestas por distintos actores que se atribuyen actuar en forma independiente, pero cuyas argumentaciones podrían constituir un actuar coordinado y estructurado, en unidad de argumentos y objetivo de obstaculizar las investigaciones”, señala la resolución.
En diciembre, el Juzgado Noveno Penal otorgó un amparo contra la FECI y en este se ordenaba garantizar la toma de posesión de Bernardo Arévalo y demás personas electas para los cargos durante las elecciones.#DefensaDeLaDemocracia #Elecciones2023 pic.twitter.com/s1yvNIlesk
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) January 5, 2024
Juzgado obligó a la FECI a detener intento de “golpe de Estado”
En diciembre, el Juzgado Noveno Penal se constituyó en Tribunal de Amparo y conoció la acción legal dirigida contra las acciones de la FECI, que ha realizado allanamientos en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e incluso secuestró las cajas con las actas de los resultados electorales.
En ese amparo, el Tribunal ordenó al MP proceder, en apego al proceso penal y cuidando estrictamente los plazos procesales establecidos en la ley y velar en su función de hacer cumplir las leyes y su vinculación a la Constitución, la preservación de la institucionalidad y la defensa del régimen democrático.
“Proceder diligentemente en apego a los principios que rigen el proceso penal y cuidando de cumplir estrictamente con los plazos procesales establecidos en la ley; b) Deben velar, en su función de hacer cumplir las leyes y su vinculación a la Constitución; por la preservación de la institucionalidad, la defensa del régimen democrático, y velar por la plena vigencia y efectividad del principio de alternabilidad en el ejercicio del poder”, ordena el juzgado a la FECI.
En diciembre, el Juzgado Noveno Penal otorgó un amparo contra la FECI y en este se ordenaba garantizar la toma de posesión de Bernardo Arévalo y demás personas electas para los cargos durante las elecciones.#DefensaDeLaDemocracia #Elecciones2023 pic.twitter.com/s1yvNIlesk
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FECI devela su intención de anular los resultados
El pasado 8 de diciembre, Curruchiche ofreció una conferencia de casi dos horas, acompañada por el secretario general del Ministerio Púbico (MP), Ángel Pineda, para alegar un fraude electoral y justificar que el caso no era una persecución a opositores políticos.
Según Curruchiche, la conferencia buscaba informar los avances en otras investigaciones o explicar por qué dentro del mismo caso del Movimiento Semilla se pide la nulidad de las actas de resultados.
En el proceso se señalan dos fases enfocadas en señalar supuestos delitos cometidos por el presidente electo y sus diputados.
En una tercera, la fiscalía se empeña en señalar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de un supuesto fraude electoral, sin especificar a quién se pudo favorecer o si las actas con irregularidades influirían realmente en los resultados electorales del 25 de junio y el 20 de agosto.
En esa ocasión, el jefe de la FECI enumeró una serie de supuestas irregularidades para sustentar la narrativa de fraude, sosteniendo que “las actas eran nulas de pleno derecho”, pero sin atreverse a decir que los resultados no tenían validez, ya que esa es una facultad exclusiva del Tribunal Supremo Electoral y ya fue certificada con anterioridad.
Entérese más aquí:
El MP desnuda su intención de anular las elecciones generales
