La FECI alegó imparcialidad al señalar que las actas que registran los resultados de las elecciones generales no tendrían validez por diferentes irregularidades, El caso presentado surge a partir de una investigación en contra del partido político que ganó las elecciones.
Por Rony Ríos
En medio de una visita de senadores y congresistas estadounidenses al país, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ofreció una conferencia de casi dos horas, acompañada por el secretario general del Ministerio Púbico (MP), Ángel Pineda, para alegar un fraude electoral y justificar que el caso no era una persecución a opositores políticos.
Hoy, Pineda y Rafael Curruchiche recriminaron que no son golpistas y que no es una revancha política sino una investigación imparcial, pese a ello evitaron informar sobre los avances en otras investigaciones o explicar por qué dentro del mismo caso del Movimiento Semilla se alega la nulidad de las actas.
La FECI, por medio de Rafael Curruchiche y Leonor Morales, presentaron un caso en contra del Movimiento Semilla, pero el caso está dividido en tres fases. Dos fases están enfocadas a señalar supuestos delitos cometidos por el presidente electo y sus diputados. En la tercera, la fiscalía se empeña en señalar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de un supuesto fraude electoral, sin especificar a quién se pudo favorecer o si las actas con irregularidades influirían realmente en los resultados electorales del 25 de junio y el 20 de agosto.
Morales enumeró una serie de supuestas irregularidades para sustentar la narrativa de fraude, alegando que “las actas eran nulas de pleno derecho”, pero sin atreverse a decir que los resultados no tenían validez, ya que esa es una facultad exclusiva del Tribunal Supremo Electoral y ya fue certificada con anterioridad.
La fiscal indicó que el TSE había incurrido en ilegalidades por no publicar la totalidad de los acuerdos emitidos en 2023, al no informar de forma completa sobre las adjudicaciones para la impresión de papeletas y documentación electoral, sobre el resguardo de las cajas electorales, entre otras acciones.
Además, Morales dijo que el 25 de junio, antes del cierre de las votaciones, se habían cargado más de 450 actas para cada tipo de elección, con lo cual sospechan de una alteración de resultados. Otro de los hallazgos del MP fue el de un ataque al sistema informático de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) en el que se pudieron manipular datos.
También indicaron que faltan más de 200 actas digitalizadas en el TREP, las cuales representaban un faltante de entre 48 mil y 53 mil votos.
Sin embargo, según los datos oficiales del TSE, con esa “alteración” del conteo de votos no sería suficiente para modificar qué candidatos pasaron a segunda vuelta, ya que entre Semilla y Vamos existía una diferencia de casi 219 mil.
Como si esas “alteraciones” previas no fueran suficientes, según la FECI, tienen declaraciones testimoniales “bajo reserva” de personas que dicen fueron citadas después de concluidos los conteos para rehacer las actas 8 y hacerlas coincidir con los resultados del TREP.
Según la FECI, el TREP fue atacado para introducir votos y hacerlos coincidir con las actas, pero después se alteraron las actas para hacerlas coincidir con los datos de ese sistema.
Por estas razones la fiscal Morales aseguró que las actas de las elecciones de presidente y vicepresidente, diputados, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), eran nulas.
“Desde nuestro particular punto de vista deberían anularse (las elecciones)”, indicó el jefe de la FECI Rafael Curruchiche, previo a decir que trasladarán la información al TSE para que tome las acciones que considere necesarias.
Antes que la conferencia del MP finalizara la Organización de Estados los Americanas (OEA) ya había emitido su condena a esta acción que calificaba como un intento de golpe de Estado. Minutos después, varios jefes de Estado y organizaciones internacionales reaccionaron contra las acciones antidemocráticas de la fiscalía.
Veinte minutos después la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, en compañía de los tres magistrados suplentes y rodeada de empleados, expresó que los resultados electorales “estaban oficializados y validados” y que el presidente y vicepresidenta electos, los diputados y los alcaldes deben tomar posesión el 14 de enero, o de lo contrario habría “un rompimiento del orden constitucional”.
“El intento de golpe es real, hacemos un llamado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que detengan las artimañas ilegales de este grupo de golpistas atrincherado en el MP”, expresó Arévalo al caer la noche de este viernes 8 de diciembre.
Un expediente dividido en tres fases
Primera fase
La primera de las fases ya conocidas dentro del caso presentado por la FECI es la de supuestas firmas falsas.
Pese a insistir que el caso es por firmas falsas, el MP cuenta solamente con un dictamen pericial de una de ellas, pero para justificar las acciones contra el Movimiento Semilla señalaron que en las hojas de adhesión se presentaron 5,542 nombres de personas con números de Documento Persona de Identificación (DPI) que no existen, 2,394 nombres que no coinciden con el DPI registrado, 40 personas fallecidas al momento de ser adheridas, 13 que declararon no haberse sumado a la agrupación y 132 datos repetidos.
Dentro de esta fase presentaron una solicitud de antejuicio en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo, y el diputado Samuel Pérez. Además, se declaró en rebeldía a Jaime Gabriel Gudiel Arias y a Cynthia Alejandra Rojas Donis por los delitos de falsedad ideológica con agravación electoral en forma continuada.
Segunda fase
Asimismo, la FECI presentó detalles de las finanzas del partido hasta el proceso de elecciones de 2019 y donde el TSE detectó ocho hallazgos en una auditoría financiera. Por este caso, la agrupación fue sancionada con una multa de US$50 mil (unos Q400 mil).
Sin embargo, la FECI señaló que US$44 mil utilizados para la cancelación de la multa tenían un origen desconocido por lo que volvieron a solicitar el retiro de la inmunidad del presidente electo, esta vez, señalándolo de lavado de dinero u otros activos.
Pese al señalamiento del MP, el partido Movimiento Semilla contaba con un documento en donde Félix Alvarado dio un préstamo por los $44 mil, pero para la FECI, no estaba suficientemente demostrado el origen del dinero.
Tercera fase, el supuesto fraude electoral
En esta parte, la FECI indicó que los responsables de alterar documentación ya tenían una orden de aprehensión en su contra.
El MP incluye en esta parte supuestas alteraciones a las actas 4, que contienen el resultado de las elecciones generales, que señalan una supuesta alteración de datos al sistema de registro que podrían haber alterado los votos de los ciudadanos. Por esta razón la fiscal Morales Lazo aseguró que las actas que contienen los resultados electorales de presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes, “son nulas de pleno derecho”.
Pese a esto, felicitaron a los integrantes de las Juntas Electorales Departamentales (JED) por haber realizado un “buen trabajo”.
Por este caso, los fiscales anunciaron que pidieron orden de detención en contra del director de informática del TSE, Jorge Salvador Santos Neil, y la directora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, Alejandra Chiroy, por los delitos de abuso de autoridad. Santos Neil además es señalado por falsedad material con agravación electoral.
