El caso de los Q122 millones es una investigación que no solo alcanza al exministro José Luis Benito. Las pesquisas llevan hasta el presidente de la República, Alejandro Giammattei. Pero con la salida de Juan Francisco Sandoval y la exjueza Erika Aifán, no tuvo avances.
Por Alexander Valdéz
Documentos a los que tuvo acceso Prensa Comunitaria confirmarían que tres meses después de la salida de Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), se intentó retirar del Juzgado de Mayor Riesgo “D” y de la FECI el caso de los Q122 millones, un proceso de corrupción que involucra al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y que alcanza al presidente Alejandro Giammattei.
Los documentos con fecha de octubre de 2021, confirman lo denunciado por el exjefe de la FECI, quien expuso públicamente las intenciones dirigidas desde el despacho de la fiscal general Consuelo Porras para favorecer al exministro del gobierno de Jimmy Morales y a funcionarios del gobierno de Giammattei.
Uno de los oficios fue dirigido al despacho de la fiscal general, en este Rafael Curruchiche, recién nombrado en el puesto, le consulta a Porras qué hacer en ese proceso, en ese momento bajo control de la exjueza Erika Aifán. “Someto a su consideración a efecto se determine si es competencia de esta Fiscalía o se traslade a la que considere competente…”, indica el fiscal en el oficio.
Tras ese oficio, al caso tomó un nuevo giro. Que implicaba que la FECI, u otra unidad del MP, continuaría la investigación en un juzgado diferente al de mayor riesgo, que dirigía Aifán. Además, al nuevo número de proceso se le cambiaba el delito de lavado de dinero por peculado por sustracción. Es decir, uno menos grave por el que se ligó a proceso al exfuncionario. En esta nueva investigación no aparecía como sindicado Benito, sino únicamente el ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.
“Por lo antes expuesto, y en atención a lo indicado en el conocimiento de entrega antes indicado, solicito que se genere un nuevo número de denuncia y que la misma sea asignada al buzón: Curruchiche de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad”, indica otro de los oficios dirigidos al actual jefe de la FECI.
El plan cambió con la salida de Aifán
La fecha en la que se creó un nuevo número de proceso al caso, buscando enviarlo a otro juzgado, ocurrió tres meses después de la destitución de Sandoval como jefe de la FECI. Aifán, una operadora de justicia criminalizada y reconocida por su lucha contra la corrupción, seguía al frente de estos procesos.
Sin embargo, la intención de cambiar de fiscalía y al juzgado no se concretó, la propia fiscalía se retractó, porque para esa fecha, Aifán ya enfrentaba un antejuicio y fue el que obligó a que meses después saliera al exilio y renunciara a su cargo.
El proceso sigue en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, pero con el juez Juan José Jiménez, quien mantiene en “reserva” el expediente, pese a que ya se presentó la acusación contra Benito por lavado de dinero.
En julio de este año, el juez Jiménez otorgó arresto domiciliario al exministro por el caso del Libramiento de Chimaltenango. Fallo que posteriormente fue revocado por una Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo.
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Además, en marzo de este año se hizo pública una denuncia contra el juez de Mayor Riesgo “D”, Juan José Jiménez Texaj, que alertó la intención del juzgador para favorecer al exministro de Comunicaciones, quien enfrenta un proceso en ese juzgado por el caso de los Q122 millones y el de Libramiento de Chimaltenango.
El Departamento de Prensa del MP confirmó la existencia de la denuncia penal contra el funcionario del Organismo Judicial (OJ). “Sí se presentó una denuncia en contra del juez”, informó el ente investigador al realizar la consulta.
El caso alcanzó al presidente Giammattei
Dentro de este caso fue que se tomó la declaración de un colaborador eficaz identificado como “Testigo A”, quien relató cómo, en 2019, el mandatario presuntamente negoció un aporte de US$2.6 millones con el exministro Benito a cambio de continuar operando una estructura de corrupción en obras públicas.
En un reportaje de El Faro y CNN, se expuso la declaración del “Testigo A”. La persona lo acusó de haber negociado la entrega de Q20 millones provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña en 2019. A cambio de ese dinero, según el testigo, Giammattei se comprometió con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a conservarlo en el cargo un año y mantener operando un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras.
La publicación expone que, en julio de 2019, entre la primera y segunda vuelta de la elección presidencial, asistió en Ciudad de Guatemala a una reunión en la que el entonces candidato y Giorgio Bruni, que era secretario general del partido Vamos y después fue Secretario Privado de la Presidencia, hablaron por teléfono con Benito para confirmar el aporte y la forma de entrega del dinero.
Esa información surgió dentro del caso de los Q122 millones. En la actualidad se desconocen los avances de la investigación.
Maletas con Q122 millones
El 16 de octubre de 2020, la FECI realizó un operativo en un inmueble ubicado en el condominio Doña Beatriz, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en donde se encontraron Q122 millones 351 mil 456.60 en efectivo.
Ese día, la FECI dijo que habían recibido información de un inmueble en el que se almacenaban fuertes sumas de dinero en efectivo provenientes, posiblemente, de sobornos dirigidos hacia un funcionario de una administración gubernamental.
El dinero fue localizado dentro de 20 maletas que estaban en la residencia. Una de las maletas tenía una identificación del exministro Benito, esa fue una de las razones por las que fue vinculado al proceso.
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