Por Juan Francisco S. Foppa
La fiscal general Consuelo Porras se presentó al concejo de ministros del presidente Bernardo Arévalo, para cumplir con una invitación que este le hiciera para tratar temas específicos como informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Sin embargo, este 29 de enero, la jefa del Ministerio Público estuvo apenas unos minutos y se retiró alegando supuestos incumplimientos legales, y bajo la autonomía de la Fiscalía, se esconde para no dar la cara ante el Ejecutivo.
Su presencia en ese tipo de reuniones no solo es legal sino necesaria y de beneficio para la población guatemalteca.
En mi experiencia como agente fiscal del Ministerio Público me tocó asistir, en 2012, al consejo de ministros del presidente Otto Pérez Molina, acompañando a la entonces fiscal general Claudia Paz y Paz. En ese momento la tensión política era grande, Paz y Paz había iniciado procesos de persecución penal de casos del Conflicto Armado Interno su prioridad, en el contexto de un presidente y general retirado, que había participado activamente en el ejército durante el periodo de la guerra civil en el país.
Y sin embargo, llegamos al consejo de ministros con propuestas de combate a las pandillas, las extorsiones y una estrategia de reducción de los homicidios, que fue la razón por la que asistí como jefe de la Unidad de Análisis de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y, desde ese puesto, diseñamos varios planes para enfrentar los crímenes derivados de las pandillas y el crimen organizado en el país.
Esta reunión fue la última de varias que sostuvimos con el entonces recién nombrado ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y su equipo de. Posteriormente nos reunimos con otros miembros del ejecutivo. En esas reuniones expusimos, ambos equipos, nuestros planes y vimos como la Persecución Penal Estratégica de la Fiscal Claudia Paz y Paz podía combinarse perfectamente con la política de fuerzas de tarea y seguridad ciudadana de la administración de Pérez Molina y de López Bonilla. De esa cuenta y a iniciativa del propio ministro de Gobernación, nos invitó consejo de ministros, para presentar una propuesta conjunta en beneficio de la población del país.
Sin importar ideologías y sin importar que había casos activos en el Ministerio Público donde se podía involucrar incluso al presidente de la República, o sus excompañeros del ejercito de Guatemala, se realizaron estas reuniones porque había una prioridad de nación tanto del Ejecutivo como de la entonces fiscal general del Ministerio Público.
Este sentido de nación es el que vemos claramente que no existe de parte de Consuelo Porras. En lugar de aprovechar la reunión a la que fue invitada por el presidente Bernardo Arévalo, para exponer planes y estrategias de persecución penal, y buscar comprometer al Ejecutivo en darle apoyo y realizar operativos e investigaciones conjuntas, tal y como mandatan las leyes del país, solo uso la reunión para llegar e inmediatamente huir y tratar de evidenciar ilegalidades que solo ella y su equipo piensan que existen.
Pero la realidad más dura y difícil de esconder es que Consuelo Porras y su equipo de trabajo no tienen ni un solo plan para combatir los delitos que tanto afectan a la población. La realidad es que durante su gestión subieron las extorsiones. Que sus ordenes lejos de investigar buscan desestimar todos los casos, incluidos los homicidios que son archivados a los 20 días de ocurridos sin haber hecho una investigación mínima.
Y es que si bien la Policía Nacional Civil y otras entidades pueden realizar actos de investigación, quien dirige ese proceso es el Ministerio Público y a esa obligación no le puede huir Consuelo Porras.
Sin embargo, todos sabemos que la realidad es que desde el día 1 de su gestión, la fiscal general no ha hecho más que ser vigilante del crimen y espectadora de primera fila. Mientras la población sufre su pasividad que solo genera impunidad en robos, estafas, extorsiones, en la corrupción y hasta en los homicidios, que durante muchos años antes de su gestión, se habían logrado reducir de forma sistemática y eficiente, pero que ahora también crecen y se apilan sin investigar. Mientras, las únicas investigaciones que avanzan son las de personas que como yo, que hemos sido críticos de su gestión y denunciado abiertamente todas las ilegalidades llevadas a cabo por Consuelo Porras y sus secuaces.
La actual jefa del Ministerio Público podrá huir del consejo de ministros, pero estoy seguro que más pronto que tarde será juzgada, ojalá en vida, por toda la impunidad generada y por dejarnos a la población en manos del crimen organizado y la delincuencia en general.
Finalmente, el ejecutivo tendrá que idear una estrategia para combatir el crimen común y el organizado, sin el Ministerio Público, algo que aunque parece imposible, creo que si se puede hacer, pero será a mi parecer, el mayor reto del actual gobierno.
