A cuatro días para que el binomio presidencial de Semilla asuma la presidencia, el MP no solo capturó al exministro de Gobernación sino que pidió órdenes de captura contra los cuatro magistrados titulares del TSE, quienes se negaron a desconocer los resultados de la elección presidencial del 2023.
Por Alexander Valdéz
El Departamento de Prensa del Ministerio Público (MP) confirmó cuatro órdenes de captura contra los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes se negaron a desconocer los resultados de las elecciones generales del 2023, principalmente la victoria de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, como presidente y vicepresidenta electos.
Hasta el cierre de esta nota, el MP mantenía en secreto los delitos y el nombre del juzgado que autorizó la solicitud para detener a los magistrados, quienes salieron del país desde diciembre ante el temor de ser detenidos y llevados a prisión. La justificación fue que el caso estaba bajo reserva.
Las órdenes de captura se autorizaron contra la expresidenta del TSE: Irma Palencia y los magistrados: Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco por la compra del sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), caso por el que el Congreso de la República, por medio de diputados oficialistas, les retiraron el antejuicio.
#Urgente 🚨| El Ministerio Público pide órdenes de captura contra los cuatro magistrados titulares del TSE por el caso del sistema informático TREP.
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Las órdenes de captura obligarían la suspensión de sus cargos hasta que solventen su situación legal. Y al no haberse completado la elección de magistrados suplentes, el Congreso tiene que nombrar a los sustitutos y así integrar los plenos, algo que la oposición y grupos que buscan impedir que Bernardo Arévalo asuma, han intentado desde diciembre.
📢 #ComunicadoDePrensa
El Ministerio Público informa: pic.twitter.com/2mHMWXLzwG— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 27, 2023
Congreso conoció antejuicio
El 7 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al antejuicio presentado por la Fiscalía de Delitos Administrativos contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por la adquisición del sistema informático.
El trámite de los antejuicios implicó que los expedientes se trasladaran al Congreso de la República y la decisión final de mantener o retirar la inmunidad a los magistrados quedó en manos de los diputados.
Fue hasta el 30 de noviembre, cuando la alianza oficial logró retirar la inmunidad a los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Con 108 votos a favor, los diputados aliados al gobierno de Alejandro Giammattei ratificaron el informe de la Comisión Pesquisidora y dieron con lugar el inicio de la investigación.
Esta acción del MP es calificada a nivel nacional e internacional como un esfuerzo más del gobierno de turno y de la Fiscalía por entorpecer el proceso electoral y evitar el cambio de mando.
Los hechos investigados
Cuando se presentó el antejuicio, el MP los señaló de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Según la investigación, los magistrados abusaron de su autoridad e incumplimiento de deberes porque la supervisión del funcionamiento del TREP fue delegada al mismo proveedor del sistema: la empresa Datasys Guatemala.
Además, son señalados de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra del programa. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones, lo cual a consideración del MP evidencia una inconsistencia en la adquisición.
La actual presidenta del TSE Blanca Alfaro y los otros magistrados suplentes fueron los únicos que se libraron del antejuicio, la Corte de Constitucionalidad (CC) les otorgó un amparo que frenó la acción del MP.
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