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Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

La denuncia se presenta un día después de la sesión en el Congreso de la República, en la que públicamente los denunciantes pidieron “acelerar” la denuncia contra los magistrados antes del 14 de enero del 2024, día que asumirán Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

 Por Alexander Valdéz

La Contraloría General de Cuentas (CGC) anunció que presentó una denuncia penal en el Ministerio Público (MP)  contra autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras detectar supuestas irregularidades en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Según informó la CGC, la denuncia se presentó luego de un proceso de auditoría, donde se consideró pertinente que los hechos sean resueltos mediante una investigación a fondo de parte del Ministerio Público. El TREP tuvo un costo de Q148 millones.

“Este resultado se deriva de hallazgos de la mala calidad del gasto público sobre los bienes adquiridos y servicios contratados, derivado de una planificación deficiente. No tiene relación con los resultados electorales. La Contraloría General de Cuentas no tiene competencia para conocer o fiscalizar el resultado del proceso electoral 2023, ya que es únicamente competencia del Tribunal Supremo Electoral”, aseguró la CGC.

Esta denuncia se suma a la realizada por el MP contra los magistrados titulares Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera, Blanca Alfaro, Mynor Franco; y los suplentes Álvaro Ricardo Cordón, Marco Antonio Cornejo y Marlon Josué Barahona, quienes fueron señalados de cometer fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, por supuestas irregularidades en la contratación del programa informático.

Congreso conoce antejuicio

El 7 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al antejuicio presentado por la Fiscalía de Delitos Administrativos contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, esto por la adquisición del sistema informático.

El haber tramitado los antejuicios implicó que los expedientes se trasladen al Congreso de la República y la decisión final de mantener o retirar la inmunidad a los magistrados quede en manos de los diputados.

Actualmente el expediente de antejuicio está a cargo de una Comisión Pesquisidora. El viernes 24 de noviembre, Karen Fisher denunciante contra los magistrados, pidió acelerar el antejuicio.

 

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