La Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó la sentencia de 15 años de cárcel contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien fue encontrada culpable, en 2018, de haber sido parte de una organización criminal que estafó al Estado por Q22.8 millones.
Por Alexander Valdéz
La Sala Segunda de Mayor Riesgo rechazó el recurso de apelación especial que presentó la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien buscaba dejar sin efecto la sentencia condenatoria de 15 años de prisión que le impuso el Tribunal de Mayor Riesgo “C” por actos de corrupción.
A raíz del fallo, se confirma la decisión de condenar a Baldetti luego de demostrarse que fue parte de una organización criminal que estafó al Estado guatemalteco con la suma de Q22.8 millones.
En octubre de 2018, Roxana Baldetti fue encontrada culpable de los delitos de asociación ilícita (8 años), fraude (5 años) y tráfico de influencias (2 años y 6 meses). Hechos que fueron acreditados con la prueba recabada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
El equipo legal que apoyó a la exfuncionaria en ese recurso legal confirmó que fueron notificados de ese fallo y que presentaron una casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), buscando dejar sin efecto la sentencia.
El tribunal que conoció el proceso estuvo presidido por el juez Pablo Xitumul, quien al leer la sentencia dijo que con las pruebas presentadas durante el debate se confirmó la participación de cada una de las personas sentenciadas en el caso.
La FECI, dirigida por Juan Francisco Sandoval, comprobó que el líquido para la supuesta limpieza del lago de Amatitlán, con el análisis de científicos, resultó ser agua con sal, cloro y otras sustancias corrosivas y peligrosas para las personas, para la flora y fauna y para el ambiente. Además, el proyecto carecía de los estudios de impacto ambiental y de los registros y licencias sanitarias correspondientes.
“Caso complejo de corrupción e impunidad de una estructura criminal para la comisión de delitos de cuello blanco, desde las altas esferas gubernamentales, bajo el liderazgo de la acusada Ingrid Roxana Baldetti Elías, en contubernio con su hermano Mario Alejandro Baldetti Elías, y con la estrecha participación de Pablo Roberto González Barrios y Hugo Rodolfo Roitman Braier; quienes, con los demás involucrados, entre servidores públicos y actores del sector privado, se concertaron para la comisión de los crímenes imputados, poniendo a la sociedad en un estado de indefensión (…)”, indica en la sentencia.
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Trabajo de CICIG y FECI vital para lograr sentencia de Baldetti
En la actualidad, la exvicepresidenta Baldetti cumple una condena de 16 años por el caso La Línea. Además, tiene proceso activo por el caso Cooptación del Estado, Plazas del Registro de Información Catastral (RIC), y una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos.
Otra sentencias
Por este caso fueron sentenciadas 10 personas, el Ministerio Público (MP) develó que se aprovecharon la contaminación del lago de Amatitlán, para realizar un contrato de Q137 millones con la empresa israelí M. Tarcic Engineerign, Ltd. Esta estructura criminal logró cobrar Q22.8 millones, por la venta de la supuesta fórmula mágica que en realidad era agua con sal.
En ese proceso, también se dictaron la siguientes condenas:
1. Mario Alejandro Baldetti Elías: 13 años por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias
2. Allan Franco de León: 11 años por asociación ilícita y fraude
3. Uri Roitman: 11 años por asociación ilícita y fraude. Fue absuelto de cohecho activo. Será investigado por lavado de dinero
4. Sandra Nineth García: 12 años con 8 meses por asociación ilícita y fraude
5. Lizbeth Alonzo: 12 años con 8 meses por asociación ilícita y fraude
6. Juan Diego Díaz Sandoval: 12 años 8 meses por asociación ilícita y fraude
7. Pablo González: 12 años con 8 meses por asociación ilícita y fraude
8.Jorge Mario Cajas: 11 años por asociación ilícita y fraude
9. Esvin Ramos: 3 años por incumplimiento de deberes.
Según la FECI y la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la estructura criminal liderada por la exvicepresidenta operó dentro de instituciones claves del Estado en el tema ambiental, así como en empresas creadas con el propósito de obtener de manera irregular la concesión del proyecto de saneamiento del lago de Amatitlán, y de esta manera lograr un beneficio económico.
“Para alcanzar su cometido la organización criminal diseñó un esquema que le permitió operar desde cuatro ámbitos: el apoyo político y la operación de alto nivel; las instituciones donde se emitieron los dictámenes técnicos para justificar la compra del servicio; la empresa M. Tarcic Engineerign Limited, creada para obtener el contrato, y la utilización de una serie de empresas y personas para desviar los fondos a terceros”, indica la acusación.
