Créditos: Emmanuel Andrés
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El juez Víctor Cruz ordenó que cinco personas permanezcan en prisión “provisional” por una “investigación” sobre la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Por Prensa Comunitaria

De esa manera, Marcela Blanco (excandidata a diputada de Semilla), Rodolfo Chang (decano de la Facultad de Veterinaria), Alfredo Beber (ingeniero), Eduardo Velásquez (docente) y Javier de León (estudiante) deberán quedarse en Mariscal Zavala.

La audiencia de primera declaración, en la cual el Ministerio Público deberá describir los señalamientos que pesan en contra de cada uno de ellos, fue programada para el 21 de noviembre a las 9:00 horas.

Hoy, el juzgador se limitó a indicarles los motivos de su detención. El caso, además de las personas ya aprehendidas, involucra a otras 22 personas que las fuerzas de seguridad intentaron capturar en la mañana, pero sin éxito.

Quienes fueron arrestados este jueves son señalados de incurrir en depredación de bienes culturales en forma continuada y asociación ilícita. El Ministerio Público (MP) brindó poca información al respecto.

Una de las pruebas de la pesquisa es que algunos de los supuestos implicados en el caso participaron en algunas conferencias que se efectuaron en la sede central de la citada casa de estudios cuando el inmueble estuvo tomado.

Sin embargo, en la presentación del expediente no se especificó de qué manera ellos cometieron tales delitos e intentó justificar que en el caso están implicados funcionarios y al binomio presidencial electo: Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

MP violó inmunidad de binomio presidencial electo y diputados

Por eso, indicó que pedirá el retiro de la inmunidad de los próximos gobernantes, al igual que de Samuel Pérez, Raúl Barrera y Román Castellanos, de Semilla;  Carlos Barreda de la UNE; y Adán Peréz y Aldo Dávila, de Winaq.

Todos ellos pertenecen a la oposición. La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación sostiene que ellos utilizaron la toma de la Usac como un “trampolín” o “plataforma” para sus candidaturas y la convirtieron en un “botín político”.

La unidad de investigación aseguró que hubo una interacción entre los señalados: los estudiantes y los políticos, quienes supuestamente intentaron “engañar” a la población, al hacer parecer que ellos estaban al “frente de la liberación de la universidad”.

Por último, el MP afirmó que debido a la resistencia que mantuvieron los estudiantes en el campus central, en protesta por la elección fraudulenta como rector de Walter Mazariegos, existía un deterioro en las instalaciones, cuyos daños alcanzan los Q90 millones.

¿Qué busca el MP con el caso Toma de la USAC?

Impresiones

Marcela Blanco dijo que este es un expediente de carácter político por estar en contra de cualquier acto de corrupción, en este caso de la Usac. No obstante, aclaró que ella no estudió en dicha institución.

“Mi familia se asustó hoy en la mañana al ver cómo llegaron ocho agentes de seguridad como si yo hubiese cometido un delito. Espero que se haga justicia por mí y por todas las personas que están involucradas en este caso espurio”, añadió.

 

En tanto que Eduardo Velásquez comentó que ha participado en la defensa de la autonomía universitaria después del fraude electoral ocurrido en la mencionada casa de estudios. “Ese no es un delito. Es una venganza política”, agregó.

Reacciones

Varios estudiantes, docentes y personal de la San Carlos llegaron a la Plaza de los Derechos Humanos para que dejaran en libertad a los detenidos por esta investigación. “¡No es rector! ¡No es rector! ¡Mazariegos no es rector!”, vitorearon.

Al lugar, llegó Bernardo Arévalo y afirmó que el MP de Consuelo Porras no busca la justicia, sino perseguir a personas inocentes por sus opiniones y posturas políticas. “En Guatemala están fraguando una regresión autoritaria”, acotó.

El presidente electo refirió que la fiscalía anunció medidas ilegales para amedrentar a Karin Herrera y a él. “El grado al que han llevado su persecución política, ya no puede ser tolerado”, subrayó.

Por su parte, la vicepresidenta electa expresó que, con este caso, confirma que existe una persecución en contra de quienes, con ideales firmes, han expresado su rechazo a un sistema que favorece a un “pequeño y voraz grupo de corruptos”.

“Hemos llegado o quizá regresado a momentos en los que la expresión ciudadana es perseguida y enjuiciada”, indicó Herrera y aseguró que seguirán “defendiendo la esperanza” del pueblo guatemalteco.

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