El miércoles recién pasado se realizó la audiencia de primera declaración de 11 personas implicadas en la muerte de Francisco Gonzalo Velásquez Gómez, quien manifestaba de forma pacífica en un punto de San Marcos durante las convocatorias del Paro Nacional. Al juez a cargo de la primera declaración le llamó la atención que era extraño que los atacantes se fueran a refugiar al destacamento militar y que la captura se produjera en Pajapita, a 34 kilómetros del lugar donde ocurrió la muerte del manifestante.
Por Shirlie Rodríguez
En una sala del Complejo Judicial de San Marcos se realizó la audiencia de primera declaración de los implicados en el caso en el que falleció Francisco Gonzalo Velásquez Gómez, un vecino de Malacatán que manifestaba de forma pacífica en el sector, el 16 de octubre pasado.
El proceso está a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Malacatán, pero por seguridad se trasladó la audiencia a la cabecera departamental.
En el caso hay 11 hombres implicados, pero uno de ellos fue identificado como César Gudiel Ramírez Castillo, el guardaespaldas del alcalde electo del municipio de Ocós, Álvaro López Rabanales, del partido oficial Vamos.
El juez Juan José Barrientos dijo durante la audiencia que tres de los sindicados trabajaban como seguridad de una persona, pero no detalló quiénes, y que por esta razón llevaban armas de fuego y licencia para portarlas, y que no era el delito, sino se enfocó en el tiroteo que dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas. El Ministerio Público (MP) tampoco dio detalles de las otras dos personas identificadas como guardaespaldas del alcalde electo.
Uno de los detenidos, que fue identificado como guardaespaldas del alcalde electo es Gober Misael Soto Alvarado, quien fue ligado a proceso por el delito de intimidación pública agravada y recuperó su libertad por las medidas sustitutivas otorgadas por el juez Barrientos.
#Urgente 🚨 la ciudadanía reconoció a los atacantes que dispararon en contra de las personas que estaban manifestando en la carretera de Orizaba #SanMarcos.
La manifestación que exige la renuncia de Consuelo Porras fiscal general del MP fue atacada esta mañana, se reporta una… pic.twitter.com/ACuuCnzFRL
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 16, 2023
Los otros que recuperaron su libertad son: Eddy Marcotulio Lima Carlos, José Alan Pérez Leal, Jayro Edilberto Pérez Sánchez, Raudel Roelí Miranda Acabal, Marlon Alberto Hernández Ochoa y José Ricardo Alfonso Loza Mérida.
Los que quedaron en prisión
Quienes sí quedaron en prisión preventiva fueron César Gudiel Ramírez Castillo, Edi Gabriel González López, Óscar David Tiguila Chay y Elber Jovanny Escobar, ligados a proceso por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa e intimidación pública agravada.
“Hay una intención”, dijo el juzgador al referirse que existió el delito de homicidio y además buscaron infundir temor en la población, porque dispararon por más de 10 minutos para atemorizar a la población que se encontraba en el lugar.
De los detenidos y, ahora ligados a proceso, resalta César Gudiel Ramírez Castillo, quien en un operativo antinarcótico, en marzo de 2019, fue detenido junto al extraditable Rudy Leonel Grijalva García a alias “El Caballo”.
Grijalva estaría ligado a la estructura liderada por Wilson Wilfredo Luargas García, alias “El Primazo”, señalado por los delitos de asociación ilícita para manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína para trasegarla hacía los Estados Unidos.
Por su parte, Ramírez Castillo fue investigado por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. El Ministerio de Gobernación informó en ese entonces que era parte de la estructura que trabajaba para el extraditable.
Atacantes iban en picop de alcalde electo
La acusación del MP dijo que las 11 personas se trasladaron a distintos puntos en Malacatán para amenazar a personas que se encontraban manifestando, para que se retiraran. Esta medida les funcionó en dos puntos, pero en el sector conocido como el crucero de Orizaba, en el kilómetro 272 de la carretera CA2 Occidente, no lograron que las personas se retiraran.
Al no lograr su objetivo, señaló la Fiscalía, dispararon por más de 10 minutos en el lugar y las balas alcanzaron a Francisco González Velásquez Gómez, quien murió en el lugar al recibir un impacto de bala en la cabeza. Leyber Adalino Morales López y Osman Antulio Ramos Echeverría resultaron heridos.
En el hecho se usaron varios vehículos por los atacantes, el MP documentó dos en la acusación. Uno de estos con placas 644JPJ a nombre del alcalde electo de Ocós Álvaro López Rabanales.
Durante la audiencia el juez Juan José Barrientos explicó que en el documento de prevención presentado por la Policía Nacional Civil (PNC) se detallaba el uso de dos vehículos durante el ataque armado, quién los conducía y quiénes iban abordó.
El vehículo mencionado era conducido por Elber Jovanny Escobar y en la palangana viajaban Raudel Roelí Miranda Acabal, Edi Gabriel González López, Marlon Alberto Hernández Ochoa y José Ricardo Alfonso Loza Mérida, quienes participaron también en los disparos en contra de la población que manifestaba en el lugar.
Ni el Ministerio Público ni la PNC informan sobre vehículo
A pesar de que se informa de los vehículos utilizados en el reporte policial, en la acusación del MP no se detalló quiénes conducían el vehículo ni quiénes iban de pasajeros.
El día del hecho en las redes sociales la población identificó y denunció los vehículos que iban custodiados por la PNC y además fue desde donde dispararon a quienes manifestaban.
Otros detalles que se identificaron ese 16 de octubre es que los vehículos desde donde dispararon eran custodiados por la PNC para salir del lugar. Según la acusación del MP y el parte policial, esto se debió a que un grupo de vecinos quería agredir a los atacantes.
Mientras el juez argumentó su decisión de ligarlos a proceso dijo que tras el ataque armado en contra de las personas que manifestaban, los responsables salieron huyendo y se resguardaron en el destacamento militar de la localidad, e indicó que se debía investigar por qué y establecer si el Ejército cuenta con los videos para agregar al proceso.
“Se fueron a refugiar al destacamento, eso está muy extraño, ¿por qué se fueron a meter ahí?”, agregó el juez. La PNC llegó al lugar en donde se suponía debían realizar la detención de los implicados en el ataque armado, pero fue hasta Pajapita (a 34 kilómetros de Malacatán) que los detuvieron porque había un grupo de vecinos que supuestamente querían linchar a los atacantes.
El parte policial también detalla que una patrulla y, al menos tres vehículos más, fueron quemados en el lugar por un grupo de personas. El vehículo de la PNC tiene el número SGIC- 073, asignada a la División Especializada en Investigación Criminal, a pesar de estos detalles, en la acusación del MP no se mencionaron.
Identifican a guardaespaldas del alcalde electo de Ocós en el ataque armado en San Marcos
Otros ataques armados
En distintos puntos del país también se reportaron ataques en contra de la población que manifestaba de forma pacífica en diferentes departamentos. En Petén y Chiquimula se identificó la existencia de grupos armados que amenazaron y hostigaron a la población.
