Créditos: Juan José G.
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La ciudadanía se movilizó a la caseta de Orizaba en Malacatán en el departamento de San Marcos y desde temprano tomaron la carretera para exigir la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público.  Es 16 de octubre, el día 15  de manifestaciones en todo el país. A las 13:00 horas llegó un grupo armado conformado por unos 50 hombres que se conducían en picops que conformaban una  caravana junto con las patrullas de la Policía Nacional Civil. Al llegar al lugar dispararon sus armas  contra la población y provocaron una tragedia. Una persona murió y dos quedaron heridas.

Por Prensa Comunitaria

El 16 de octubre al mediodía un grupo conformado por más de 50 hombres armados con palos y armas de fuego llegaron al kilómetro 272 de la carretera CA2 Occidente, lugar conocido como crucero de Orizaba, Malacatán, San Marcos, en donde los manifestantes tomaron la carretera de forma pacífica.

Francisco Gonzalo Velásquez Gómez, jornalero y productor de malanga llegó desde temprano al plantón en el crucero, para exigir que se respete la voluntad popular en las urnas y que renuncien los funcionarios públicos involucrados en el golpe de Estado. Velásquez perdió la vida a manos de los guardaespaldas del alcalde oficialista de Ocós, el primero de los mártires del paro nacional indefinido.

Esto fue considerado por el abogado Rafael Maldonado como un crimen de Estado. Señala que esto puede considerarse como una ejecución extrajudicial con la participación de actores estatales, refiriéndose a la participación de trabajadores municipales con recursos del alcalde electo y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

Varios videos que fueron publicados en tiempo real en distintas redes sociales por la población, evidencian que el grupo armado llegó con la intención de desalojar por la fuerza a los pobladores que habían tomado ese punto para expresar su inconformidad con el gobierno de Giammattei y la corrupción.

Uno de los integrantes del grupo armado que disparó contra la población fue identificado  horas después por los mismos vecinos como parte del equipo de seguridad del alcalde electo de Ocós, por el partido Vamos, Álvaro Guillermo López Rabanales.

Otro de los videos muestra que minutos antes del ataque armado, agentes de la PNC y de las Fuerzas Especiales de la Policía (antimotines) platicaban con los integrantes de este grupo armado. En los videos también se observó que tanto las patrullas como los picops que trasladaban al grupo conformaban una caravana.  Y después del ataque, en otro de los videos que fue publicado en redes sociles se muestra cómo los agentes de la PNC evacuaron del lugar al grupo armado. Al pasar por las calles, los pobladores les tiraron piedras en repudio a este hecho.

Fue hasta las 18:00 horas que el Ministerio de Gobernación a través de un comunicado publicado en su cuenta de X confirmó que en el “incidente estuvieron involucradas cerca de 50 personas que llegaron con armas de fuego, palos y piedras con la intención de desalojar a los manifestantes”. El  texto cita el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) que señala que en el ataque resultaron tres personas heridas.

Según el Ministerio de Gobernación, los agentes de la PNC que “brindaban seguridad” en el área “permanecían sin armas” y tras el ataque fueron detenidos 11 presuntos responsables, se  incautaron dos vehículos y cuatro armas de fuego de diferente calibre.

Además, el comunicado reporta una autopatrulla de la PNC y un vehículo particular incendiado. “El Gobierno de Guatemala condena estos hechos de violencia”, finaliza el texto sin referirse a la persona fallecida.

En los videos publicados en redes sociales se observa a los hombres armados acercarse a los manifestantes. Uno de los pobladores les cuestiona ¿qué es lo que quieren? Sin embargo, dos hombres con armas de fuego aceleran el paso hacia donde se encuentra el plantón.

Mientras, en otro video se ven seis patrullas de la PNC y varios agentes de San Marcos resguardando dos picops, uno gris y otro blanco, a unos metros del lugar donde sucedió el ataque contra los manifestantes.

Fotos redes sociales

Cuando los disparos empezaron había decenas de personas que manifestaban en el lugar. Mientras se escuchan las detonaciones, en los videos se observa a la población que corre para resguardarse en las paredes de las casas de alrededor, otros se tiraron al asfalto. Pese a esto, los disparos causaron la muerte de uno de los pobladores.

Bomberos Voluntarios de la subestación “El Carmen”, trasladaron al hospital Nacional de San Marcos a dos heridos, según publicaron en sus redes sociales.

Tras los disparos, los atacantes abandonaron el lugar resguardados por los agentes de la PNC y antimotines. Ante la mirada de los vecinos que denunciaban que ellos eran los atacantes, volvieron a disparar.

La información del ataque fue dada a conocer por las autoridades ancestrales que se encontraban en el plantón frente a la sede central del Ministerio Público y acusaron al Gobierno de estar detrás del hecho.

“Hay una persona fallecida por culpa de (Alejandro) Giammattei, por estos tipos que al final solo han servido a los intereses de una oligarquía corrupta que ha mantenido en la miseria a la población”, dijo uno de los manifestantes en la zona 1.

Vinculan al alcalde de Ocós

Tras el ataque, los vecinos identificaron a los atacantes como los supuestos guardaespaldas del alcalde electo del municipio de Ocós, Álvaro Guillermo López Rabanales quien se postuló con el partido oficialista, Vamos, para el periodo 2024-2028.

En un video transmitido el 02 de julio de este año, en la cuenta de Facebook de López bajo el título: “Culto de acción de gracias por la victoria obtenida en las #Elecciones2023 en el municipio de Ocós”, se observa a un hombre vestido con playera gris y armado que resguarda al alcalde electo.  En los videos que circulan del ataque en Orizaba se observa al mismo hombre.

Se trata de Gober Misael Soto Alvarado, quien aparece en Guatecompras como trabajador de la municipalidad de Ocós desde el año 2019 y a quien se le ha visto como guardaespaldas de Alvaro Lopez Rabanales.

Foto: Cortesía

Varias personas en redes sociales, también identificaron las placas del vehículo que fue custodiado por la PNC.  El picop está  a nombre del alcalde electo por el partido oficial Vamos. El mismo vehículo que el alcalde electo usó en diversos actos públicos y de campaña electoral. En el ataque usaron otro picop color gris oscuro.

Vecinos de Malacatán denunciaron en las redes sociales que luego del ataque, los perpetradores se resguardaron en la base militar llamada “Montañita”, una instalación del ejército de Guatemala cercana a la frontera con México

Otro de los detenidos por este crimen es César Gudiel Ramírez Castillo, quien fue detenido el 7 de abril junto a un narcotraficante pendiente de extradición a los Estados Unidos, según informó Soy502.  Las razones por las que quedó libre se desconocen pero seis meses después de su detención se evidencia su participación en el ataque armado en contra de los ciudadanos el pasado lunes.

De los 50 hombres que aproxiamadamente integraban el grupo armado solo fueron detenidos 11:

  1. César Gudiel Ramírez Castillo
  2. Eddy Gabriel Gonzalez Lopez
  3. Óscar David Tiguila Chay
  4. Elber Jeovany Escobar
  5. Jayro Edilberto Pérez Sanchez
  6. Raudel Roeli Miranda Acabal
  7. Eddy Marco Tulio Lima
  8. Marlon Alberto Ochoa Hernández
  9. Gober Misael Soto Alvarado
  10. Jose Ricardo Alfonso Lazo Mérida
  11. José Allan Pérez Leal

Testigos han informado en condición de anonimato que desde el pasado viernes se habían realizado convocatorias para que grupos paramilitares cometieran atentados en contra de los manifestantes. Esto ocurre en otros departamentos como Petén, Izabal, Chiquimula, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Mazatenango y Santa Rosa.

También circula desinformación y otras versiones como que el grupo armado fue contratado por dueños de buses extraurbanos de la ruta de Malacatán hacia la frontera de El Carmen, San Marcos, Coatepeque y Ciudad de Guatemala. “Coyotes” (traficantes de inmigrantes) también estarían involucrados.

Mientras, una versión parecida afirma que pilotos que circulan de Ayutla hacia Malacatán se hicieron presentes con armas de fuego en el lugar conocido como el crucero de la Virgen con el objetivo de desalojar a los manifestantes y continuar con el servicio de transporte.

En la garita de Malacatán se encontraban otros pilotos al parecer en apoyo a los manifestantes. Sin embargo, estos se negaron a desalojar y los transportistas de Ayutla dispararon en su contra, aquí han tenido presencia las comunidades de base de la Pastoral.

¿Qué dice la Procuraduria de los Derechos Humanos (PDH)?

Luis Morales, auxiliar de PDH en San Marcos, informó a Prensa Comunitaria que, habían iniciado el expediente del caso con la información que circula en redes sociales y remitirían la denuncia al Ministerio Público (MP) por la violación del derecho humano a la vida.

“Con lo de las redes sociales nos basta a nosotros para poder iniciar un expediente. Lógicamente por cuestiones de seguridad no es apropiado que nosotros vayamos al lugar por eso vamos a remitir la denuncia al Ministerio Público”, comentó. Según dijo, el expediente obligaría al MP a investigar el ataque y la muerte del poblador. “La exigencia más que todo es que se debe cumplir con la investigación de la muerte de esta persona”, agregó.

En tanto, el presidente electo, Bernardo Arévalo, condenó la violencia provocada por grupos de choque en Malacatán y exigió a las autoridades garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en los 27 puntos tomados hasta la tarde de este lunes, según datos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

Por otro lado, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) repudió la represión contra la población que se manifiesta pacíficamente en contra de la corrupción y que “exige cambios estructurales”.

En un comunicado señaló que en 15 días de manifestaciones, “el pacto de corruptos ha cerrado filas, utilizando la Policía Nacional Civil para escoltar a grupos paramilitares, seguridad privada y sicarios quienes están llegando a atacar al pueblo”.

Además, denunció tres ataques a comunidades organizadas en CODECA entre ellos: el ocurrido el 10 de octubre cuando un grupo de hombres armados disparó contra manifestantes en la carretera a El Salvador. El segundo hecho registrado por la organización ocurrió el 12 de octubre en Chiquimulilla, en donde hombres armados agredieron físicamente a la dirigente de CODECA que fue trasladada al hospital.

El tercer hecho ocurrió este mismo lunes 16 de octubre, según la organización, grupos armados atacaron en El Asintal, Retalhuleu, Mazatenango, Suchitepéquez, Malacatán y Ayutla, San Marcos.

En 15 días de resistencia pacífica en todo el país, se han registrado varios incidentes violentos y ataques en al menos 16 puntos de choque con infiltrados, grupos violentos y acciones policiales.

En la mayoría de ataques a la ciudadanía que reclama la renuncia del presidente Alejandro Giamamttei y de la fiscal general Consuelo Porras, se ha evidenciado el uso de fusiles de uso exclusivo del ejército. Otros testimonios señalan la vinculación de grupos paramilitares con el narcotráfico, crimen organizado con alcaldes y gobernadores departamentales.

Estos grupos coinciden con otros grupos minoritarios que desde la ciudad capital exacerban el discurso en contra de los bloqueos por un lado, por el otro llaman a la utilización de la violencia en contra de la ciudadanía y al mismo tiempo han mostrado su respaldo a la fiscal general.

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