El gobierno del presidente Alejandro Giammattei superó a los últimos dos que le antecedieron triplicando el número de agresiones y ataques a la prensa. Al que se suman funcionarios de los organismos Judicial, Legislativo y el Ministerio Público (MP), como los principales responsables de atentar contra la libertad de expresión y de prensa en Guatemala.
Por Simón Antonio Ramón y Nelton Rivera
Para Prensa Comunitaria, la prensa independiente cierra el año con graves casos de persecución penal de tres periodistas que forman parte de este medio salieron al exilio desde 2023 por la persecución penal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en un caso penal en el que trata de señalar que seis periodistas que trabajaron en elPeriódico formaron parte de una “red criminal”, esto por su trabajo de periodístico.
Sumados a la prisión política de periodistas, con el director de elPeriódico Jose Rubén Zamora en la cárcel desde 2022 y el cierre del medio, sumado a la persecución judicial de seis periodistas y tres columnistas de opinión que escribían para ese mismo medio.
Más de 100 periodistas que forman parte de la red de periodistas comunitarios se encuentran desde la primera vuelta electoral desplegados a nivel nacional haciendo la cobertura del proceso de elecciones que finalizó el 31 de octubre.
Con las acciones ilegales del MP judicializando el proceso electoral no han dejado de cubrir la movilización ciudadana desde el 20 de agosto y el paro nacional indefinido desde el 2 de octubre en un contexto de un golpe de estado en proceso, como lo define el presidente electo Bernardo Arévalo de León.
Al 2 de noviembre, Prensa Comunitaria registró 75 ataques a periodistas que forman parte del medio, esto registrado a través de nuestro programa de protección a periodistas, esto forma parte de los 255 casos registrados contra la prensa en general hasta noviembre de 2023.
El país fue empujado desde 2019 a una regresión autoritaria y crisis política sin precedentes, en la que actores estatales y paraestatales consolidaron la cooptación del Estado, de esa cuenta la prensa independiente y en especial, el periodismo comunitario ha encontrado mayores obstáculos de impunidad para ejercer el periodismo.
Las declaraciones de Alejandro Estuardo Giammattei Falla a pocos días después de haber sido electo presidente de Guatemala en agosto de 2019, en una entrevista con el periodista mexicano Fernando del Rincón de la cadena estadounidense CNN en español, tuvieron un giro contrario a su actuación contra la prensa guatemalteca. En aquella entrevista el presidente prometió garantizar apertura a la prensa con la finalidad de generar confianza en la población.
“Van tener cuatro años en donde yo le voy a estar dando la cara a usted y a la prensa en general. porque si yo me quiero ganar la confianza de la población guatemalteca lo tengo que hacer a través de ustedes, los comunicadores sociales”, dijo en el programa Conclusiones al periodista mexicano el 12 de agosto de 2019.
En el primer año de gobierno de Giammattei, justo cuando la pandemia de Covid19 interrumpió las agendas del mundo, la violencia contra la prensa aumentó un 43 por ciento a diferencia del año anterior a 142 casos registrados sobre 85 del año anterior según la publicación de publicación de Prensa Comunitaria.
En los tres años posteriores los ataques desde la presidencia se mantuvieron en alza, como reflejo de la instalación de un nuevo régimen totalitario en Guatemala y en la región centroamericana que atraviesa por la profundización de una dictadura en Nicaragua y en El Salvador y la incertidumbre de la desprotección en Honduras a pesar de los ofrecimientos de garantizar la protección a la prensa que realizará la presidenta Xiomara Castro.
De allí la acción de cofundar junto a otros periodistas de la región, la Red Centroamericana de Periodistas (RCP), durante el Foro Centroamericano de Periodistas CAP de 2022. En un informe de Reporteros Sin Fronteras RSF de 2023, colocan a cada uno de los países centroamericanos en categoría roja, de los países más violentos para el ejercicio periodístico en el mundo.
La mirada desde el sistema interamericano sobre los ataques a la prensa
En ese mismo año, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló “preocupación -por- el retardo injustificado en la designación de magistradas y magistrados de las Altas Cortes, el uso de la fuerza pública en las manifestaciones, el incremento y la impunidad de los actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y la implementación de las nuevas reformas a la institucionalidad para la paz y los derechos humanos”.
En el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) calificó que, durante 2020, hubo “un escenario generalizadamente adverso para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”. El informe remarcó las restricciones durante la cobertura de la pandemia Covid19.
“Se destacan los obstáculos que han enfrentado los periodistas para realizar su labor desde que se inició la pandemia y el déficit de disponibilidad de información pública completa, oportuna, adecuada y necesaria sobre el manejo de la crisis sanitaria”, cita dicho informe.
Además, señaló las agresiones contra periodistas durante las manifestaciones que desató la aprobación del presupuesto general de la nación para 2021 por el Congreso del 21 y 28 de noviembre de 2020. “Preocupa a la Relatoría el uso excesivo de la fuerza en las protestas y los ataques perpetrados en contra de periodistas en el marco de la cobertura de las mismas”, aseguró el informe.
La Relatoría identificó en aquel informe al menos siete mecanismos de restricciones al ejercicio periodístico. “La utilización de un discurso estigmatizante en contra de periodistas; el incremento de agresiones, amenazas y actos de hostigamiento en contra de aquellos, en particular en perjuicio de periodistas mujeres; la utilización del derecho penal como mecanismo de responsabilidades ulteriores, la falta de reconocimiento legal a las radios comunitarias para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión de los pueblos indígenas en sus lenguas originarias, así como los obstáculos que han enfrentado los periodistas para acceder a información pública durante la pandemia”, señaló el informe.
La gravedad del avance de la regresión autoritaria se reflejó en los informes de la CIDH de los años 2021 y 2022 colocando a Guatemala en el capítulo IV. b junto a los países de Cuba, Nicaragua y Venezuela, señalados de violar derechos humanos de la población.
Para la CIDH, la inclusión de un país en este capítulo se deriva por afectación seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Americana, la Convención Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables”. La CIDH señala como el “incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad manifiesta”, según el informe de 2021.
En el documento se apuntó, “La CIDH y su Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión (RELE) constaron un grave contexto de riesgos a la labor periodística en Guatemala, debido a hechos como el asesinato de dos personas comunicadoras, hostigamientos e intimidaciones, agresiones en el marco de manifestaciones sociales y obstrucciones a la cobertura periodística de actos oficiales”.
El sistema interamericano a través de la CIDH advirtió desde ese año la continuación de la ola de criminalización de periodistas y medios de comunicación incómodos a actores en el poder público. Esto a partir del encarcelamiento del director de elPeriódico Jose Rubén Zamora y de los procesos penales que incluyeron a seis periodistas y tres columnistas de ese medio.
Además, la CIDH señaló mecanismos de restricciones a la libertad de expresión y otros derechos por a través del uso de la Ley de Orden Público para establecer decretos de estado de excepción, así como la entrada en vigencia de la nueva ley de ONGs que era calificada como “una legislación “asfixiante” para la sociedad civil”.
En el informe de la CIDH de 2022, Guatemala continuó en el capítulo IV. b con Cuba, Nicaragua y Venezuela, señaló en su informe el continuo deterioro de condiciones para el derecho de la libertad de expresión.
“De acuerdo con la información reportada, los periodistas y medios de comunicación que investigan sobre asuntos de interés público, especialmente corrupción, irregularidades en la gestión de gobierno y violaciones de derechos humanos, suelen ser blanco de hostigamientos, intimidaciones, campañas de acoso en redes sociales y persecución penal”.
Modalidades de violencia contra el ejercicio periodístico en Guatemala
En una publicación de Prensa Comunitaria realizada el 29 de septiembre, señalaba que hasta el 31 de agosto se habían registrado 219 actos de violencia contra el ejercicio periodístico, dos meses después, se han registrado otros 36 casos más, lo que eleva a 254 casos en lo que va del años 2023, siendo el más violento de los últimos 10 años según la publicación. Esta situación se agravó en el actual gobierno.
Durante el actual gobierno (2020-2024) se han registrado 684 acciones contra la actividad periodística y a la integridad de las y los periodistas y diferentes medios de comunicación en Guatemala hasta el 29 de octubre.
Se han identificado que a través de 33 modalidades de violencias ejercidas por diferentes autoridades y funcionarios del poder público, organismos privados y actores desconocidos se censura y se limita en acceso a la información de manera directa o a través de terceros, según el monitoreo que realiza la Agencia de Noticias KM 169 integrada por los medios de comunicación digital Prensa Comunitaria y Revista Ruda.
Los patrones generales de la violencia contra la prensa
El ex relator de Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, afirma que el gobierno de Giammattei ha sido el más violento apoyándose en el Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio Público (MP).
“De los periodos más graves de ataques contra la prensa ha sido el gobierno de Giammattei, no solo por la actitud de Giammattei de enfrentamiento a la prensa y a todas las voces críticas sino porque él ha llamada a la violencia por parte del Ministerio de Gobernación cuando la prensa cubre eventos públicos, marchas protestas, al principio del gobierno resultaron ataques donde varios periodistas resultados golpeados sus cámaras destruidas”, señaló.
Afirma que la fiscalía ha actuado acorde a los intereses del gobierno. “Adicionalmente hemos tenido todo un periodo de acoso judicial contra la prensa por parte del Ministerio Público, esto estamos claros que ha sido instigado por el mismo gobierno central”.
De las 33 modalidades hay 13 que con recurrentes: restricciones, intimidaciones, acoso judicial, agresiones, ciberataques, amenazas, difamación, censura, negación a la justicia, asesinato/homicidio, consideraciones de amenazas a la seguridad nacional, desplazamientos y vigilancia, cada año superaba al anterior con excepción de 2021 que tuvo un descenso de hechos que el 2020, pero los años 2022 y 2023 se superaban así mismos.
Contexto en el que se cometen las violencias contra el ejercicio periodístico
En distintas publicaciones realizadas en ese año junto al informe publicado el 31 de diciembre de 2020 Guatemala: periodismo bajo ataque, se establece que los ataques contra la prensa guatemalteca se realizaron en tres periodos: los primeros tres meses de gobierno tanto de Giammattei y los gobiernos municipales.
El segundo periodo es a través de los mecanismos de distanciamiento que supuestamente evitan el contagio de la pandemia Covid19.
En el primer periodo, Giammattei lanzó una serie de ataques contra las críticas a la integración de su gabinete de gobierno y la creación del Centro de Gobierno que estuvo bajo la dirección de Miguel Martínez, pareja personal y de mucha confianza de Giammattei.
En este mismo periodo, los alcaldes municipales se sumaron a bloquear el trabajo de periodistas bloqueando o limitando el acceso a las sesiones del concejo municipal o acceder a las actas municipales o a las sesiones presenciales.
El segundo periodo, las restricciones que se impusieron desde la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia comenzaron a restringir el acceso a la información junto a la vocería del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), los alcaldes municipales no entregaron información pública solicitada a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. El Congreso no dejó entrar a periodistas a las sesiones donde se discutieron la ampliación del presupuesto solicitado por Alejandro Giammattei, por lo que el entonces Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas, promovió un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), se ordenó al Congreso no restringir la labor periodística.
Por parte de la CIDH, en su informe de derecho humanos de ese año resaltó que durante las manifestaciones de 21 y 28 de noviembre, varios periodistas fueron agredidos por agentes de la PNC en la primera fecha y en la segunda fecha, grupos de choque agredió a manifestantes y a periodistas que cubrían la manifestación.
En el año 2021, “Se intensificaron los ataques a medios de comunicación que informan sobre derechos humanos, criminalización, organización comunitaria, memoria histórica y lucha contra la impunidad”, según el informe Situación de la Libertad de Expresión y Libertad de Prensa: el Estado de Guatemala, cómplice y garante de la censura de Prensa Comunitaria y la Revista Ruda, publicada en mayo de 2022 y entregado a Pedro Vaca, Relator de Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH en el 25 de abril en una actividad pública en el marco del Encuentro Continental Mujeres, Territorio y Libertad de Expresión.
El informe documentó que el ejercicio del periodismo comunitario en sus publicaciones enfrenta a actores de primera línea vinculados a las denuncias en las publicaciones. “Entre estos actores están los megaproyectos de actividades extractivas y monocultivos como mineras, hidroeléctricas, grandes construcciones de materia gris y palma africana, así denunciaron periodistas comunitarios en el Encuentro de Periodistas Comunitarios que se realizó en Cobán, Alta Verapaz en noviembre de 2021”, señaló informe.
Entre los hechos que resaltó el informe fue el allanamiento en las viviendas de tres periodistas de Prensa Comunitaria en El Estor, Izabal, durante el estado de sitio que impuso el gobierno a favor de la minera Fénix, que opera en el lugar con irregularidades en su licencia de operación y en el proceso de consulta que simuló el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
En el 2022, comenzaron los acosos judiciales en febrero cuando el diario digital El Faro publicó una investigación sobre sobornos al exministro de Comunicaciones José Luis Benito para financiar la campaña de segunda vuelta de Alejandro Giammattei. También se conoció oficialmente que el periodista Juan Luis Font optaba ir al exilio porque no existían garantías para el debido proceso de un caso en su contra.
En el informe de Libertad de Expresión elaborado por Prensa Comunitaria y la Revista Ruda en el año 2022, se señala que a partir de marzo de ese año, “se desató una serie de restricciones hacia la labor periodística, en el contexto de la criminalización contra operadores de justicia (que laboraron en la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI- que dirigió Juan Francisco Sandoval y quienes, laboraron en la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala -CICIG-).
Las audiencias se hacían a puerta cerrada, porque algunos de los casos fueron declarados bajo reserva. En otros casos se impedía el acceso a periodistas a las salas de audiencias, bajo la excusa de la aglomeración de personas, que excedían los protocolos sanitarios de distanciamiento impuestos por la pandemia de la COVID-19”.
El 29 de julio de ese año fue detenido el periodista José Rubén Zamora Marroquín a quien constantemente fueron violentados sus derechos de defensa, en ese año en 11 meses se registraron 14 periodistas afectados por agentes de la PNC, mientras ejercían su labor periodística.
El año 2023 es el año más violento en el gobierno de Alejandro Giammattei y el gobierno más violento en los últimos tres gobiernos. Hasta el 31 de octubre se habían registrado 255 casos de restricciones, agresiones y ataques contra el ejercicio periodístico. La espiral de violencia contra la prensa guatemalteca de la actual administración gubernamental coincidió con el proceso electoral, el también más violento sobre las elecciones de 2015 y 2019.
Durante este año, se replicó el patrón de restricciones a las fuentes de información para periodistas, por agentes de la PNC, seguridad del Organismo Judicial (OJ) y otros funcionarios gubernamentales; además, a requerimientos de la FECI y la fiscal Cinthia Monterroso, se abrió una carpeta judicial contra periodistas y columnistas que escribieron sobre la criminalización del periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador del diario elPeriódico.
El MP promovió un amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) contra medios de comunicación y periodistas que difunden una convocatoria en redes sociales de una manifestación en la sede del MP el pasado 25 de agosto, finalmente la CC no otorgó el amparo provisional pero falta que la CC lo confirme, en definitiva.
Durante el paro nacional se intensificó los ataques cibernéticos a medios de comunicación, en el caso de Prensa Comunitaria el 5 de octubre recibió una notificación de que en sus cuentas de Facebook e Instagram estaban restringidas, lo que limitó la publicación de materiales en videos o transmisiones en vivo, el 9 de octubre se recibió una notificación que no se podrían hacer publicaciones ni transmisiones a través de la YouTube. Fueron identificados ataques sistemáticos de más de 300 cuentas a estas redes sociales.
Los ataques a la prensa provienen en mayor cantidad de actores estatales
A lo largo de los cuatro años monitoreados, se ha identificado con mayor proporción de actores con responsabilidad en los ataques a periodistas se concentran en funcionarios del gobierno, desde el presidente Alejandro Giammattei, ministros, viceministros, directores de varias dependencias, agentes de la PNC, elementos del ejército; en el Organismos Judicial, se registró a magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Salas de las Cortes de Apelaciones, jueces y juezas; en el Organismo Legislativo, la junta directiva, diputadas y diputados y directores de las dependencias.
En los últimos dos años, el Ministerio Público a través de la FECI ha encabezado el acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación que dan cobertura a casos de alto impacto, mientras la Fiscalía de Delitos contra Periodistas ha tenido una actuación reactiva en las denuncias de las y los periodistas.
En la Universidad de San Carlos de Guatemala la toma de Walter Mazariegos Biolis como rector de facto luego de un fraude en la elección a Rector en 2022, derivó en el cierre de plataformas con información pública desde los servidores de la USAC. Además, de la restricción al acceso de información pública y sanciones legales de consejeros estudiantiles en el Consejo Superior Universitario y de representantes y dirigentes estudiantiles.
Con la salida del ex procurador Jordán Rodas Andrade la Defensoría para personas defensores de DDHH y periodistas de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ha estado completamente ausente.
En el año electoral jugó un papel impresionante en la relación con la prensa el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las juntas electorales departamentales y municipales (JED/JEM), las juntas receptoras de votos (JRV) en los días de las elecciones del 25 de junio y 20 de agosto.
En la cobertura del paro nacional, personas desconocidas ajenas a las manifestaciones, grupos paramilitares o vinculados al narcotráfico fueron quienes han hostigado la labor periodística desde agresiones físicas, ciberataques, amenazas, ataques armados y difamaciones desde el 2 hasta el 31 de octubre.
Los desafíos para el próximo gobierno de Arévalo y Herrera
En el Día Mundial de Acceso a la Información Pública, el presidente electo Bernardo Arévalo manifestó en una reunión con periodistas, que se reanudarán las conferencias de prensa de manera permanente, que su gobierno respetará la Ley de Acceso a la Información Pública, no habrá boicot a medios de comunicación y se retomará la construcción de la Política de Protección a Periodistas.
El 12 de septiembre Prensa Comunitaria realizó un encuentro con el presidente electo Bernardo Arévalo y la red de periodistas comunitarios para plantearle temas y preocupaciones sobre la protección del ejercicio periodístico y la defensa de la libertad de expresión desde el próximo gobierno.
Para la periodista Lourdes Nájera, editora de la Revista Ruda, plantea que ante el actual contexto de violencia contra el ejercicio periodístico, el próximo gobierno tiene desafíos de conocer y fortalecer las instituciones que deben atender las necesidades de las y los periodistas.
“Será un reto importante para el nuevo gobierno, en primer lugar, conocer esa información que las propias organizaciones se han dedicado a levantar en paralelo a instituciones que deben asumir ese papel de investigación criminal, pero de las que nunca se obtienen los resultados esperados”, señaló la periodista.
Plantea que es importante también humanizar las estadísticas que reflejan las condiciones del periodismo guatemalteco.
“En segundo lugar, que le pongan rostro y apellido a esas estadísticas, porque las y los periodistas están ejerciendo su trabajo en condiciones desfavorables y sumamente peligrosas, lo que repercute en una serie de violaciones a derechos humanos fundamentales de ellas, ellos y sus familias, así como para garantizar el acceso al derecho a la información de toda la sociedad”, señaló la editora de Ruda.
Frank La Rue considera que el presidente electo debe mantener un discurso público a favor de la prensa. “El próximo gobierno en el discurso público debe reconocer la importancia que para la democracia tiene una prensa absolutamente libre. No existe democracia si no hay apertura hacia la prensa y el fortalecimiento de la Ley de Acceso a la Información”, señaló.
Señaló que han tenido acercamiento con el presidente electo a quien le han manifestado la implementación de un mecanismo de protección para las y los periodistas. “Lo hemos venido trabajando desde hace muchos años, creemos que el mejor modelo es el de Colombia y ya le hemos hecho esa recomendación directamente al presidente Arévalo para establecer este mecanismo”, señaló el ex relator.
Prensa Comunitaria realizó una gira internacional junto al equipo de Reporteros Sin Fronteras RSF en la ciudad de Estocolmo Suecia, para dar a conocer la grave situación por la que atraviesa la libertad de expresión y el periodismo independiente y comunitario, al mismo tiempo de la crisis política provocada por el golpe de Estado en curso.
