El aumento del acoso judicial, la criminalización a periodistas y la censura a medios de comunicación, impactaron en la libertad de expresión y de prensa durante 2022. Del 1 de enero al 31 de diciembre, Prensa Comunitaria registró 161 casos de agresiones y restricciones a la labor informativa; 36 casos más de los registrados durante el 2021.
Por Simón Antonio Ramón
En el marco del proyecto de investigación “Libertad de expresión” de Prensa Comunitaria, se registró de enero a diciembre de 2022, 161 casos de agresiones contra periodistas y restricciones a su labor informativa, 36 más que en 2021, cuando se documentaron 125; y 132 durante el primer año de gobierno de Alejandro Giammattei.
En los casos de 2022, destacan las restricciones a fuentes de información y el acceso a información pública, las intimidaciones a periodistas por funcionarios públicos y, la criminalización y judicialización de la labor informativa.
La criminalización y detención de periodistas y la censura a medios de comunicación, convierten al gobierno del presidente Alejandro Giammattei como el más violento hacia el ejercicio periodístico en Guatemala.
En el monitoreo se identificaron agresiones contra periodistas de funcionarios de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; instituciones descentralizadas y autónomas el Ministerio Público (MP), la Junta Monetaria (JM), sector privado, netcenter y desconocidos.
Guatemala, Alta Verapaz e Izabal son los tres departamentos con los más altos índices de violencia contra el trabajo de las y los periodistas. Aunque el departamento metropolitano se multiplicó más de diez veces los casos, en los siguientes departamentos se documentaron 10 casos y en Escuintla, 8.
Le siguen Quetzaltenango, Sacatepéquez, Sololá, Quiché y Huehuetenango con cuatro cada uno.
Febrero y marzo fueron los dos meses que más casos de agresión y restricciones al trabajo periodístico se registraron, coincidiendo con la publicación de investigaciones periodísticas relacionadas con el gobierno.
En febrero el medio digital salvadoreño El Faro y la cadena de noticias CNN publicaron una investigación relacionada con el financiamiento del partido político Vamos que llevó a la presidencia Alejandro Giammattei en 2022. Según la información el exministro de Comunicaciones, José Benito fue intermediario de empresas constructores para financiar la campaña de Giammattei con la condición de mantenerse en el cargo.
En marzo, Prensa Comunitaria publicó la investigación “Mining Secrets”, que reveló las formas de operar de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN Pronico) y de la empresa matriz con capital ruso suizo Solway Investment Group, que en El Estor, Izabal con impunidad el proyecto minero Fénix.
El estudio fue coordinado por Forbidden Stories, con sede en Francia y al menos 25 medios de comunicación de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
En los meses siguientes se desató una serie de restricciones hacia la labor periodística, en el contexto de la criminalización contra operadores de justicia. Las audiencias se hacían a puerta cerrada, porque algunos de los casos fueron declarados bajo reserva. En otros casos se impedía el acceso a periodistas a las salas de audiencias, bajo la excusa de la aglomeración de personas, que excedían los protocolos sanitarios de distanciamiento impuestos por la pandemia de la COVID-19.
La situación de la prensa en Guatemala, llevó a la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) el 14 de enero a calificar las prácticas del gobierno e instancias del Estado como dictatoriales y autoritarias. “Las reiteradas acciones del poder público para censurar, criminalizar y atacar a las voces críticas y detractoras del actual régimen autoritario, generando una política de terror y persecución en contra de periodistas y medios de comunicación”, denuncia la APG.
La APG advirtió que el contexto de violencia puede continuar durante el proceso de elecciones de 2023, que en primera vuelta será el 25 junio. “También existe la preocupación, tomando en cuenta los procesos anteriores y el actual clima de violación de derechos humanos, que en el año electoral se incrementan los actos de acoso judicial, limitaciones a las fuentes informativas, discursos mediante los que buscan crear imagen de una prensa ‘enemiga de la democracia’”, comunica la APG.
En el Informe Mundial 2023: tendencias de los derechos en Guatemala de la organización Human Rights Watch, señaló al jefe del Organismo Ejecutivo y la fiscal general del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras como responsables de la vulneración del gremio periodistico guatemalteco. “El gobierno de Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras han generado un clima hostil para el periodismo independiente y los medios de comunicación por medio de ataques verbales, restricciones a la prensa y procesos penales abusivos, entre otros”, señaló la organización en su informe.
Para este año está programada la continuación de los procesos penales contra los periodistas Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico; Carlos Choc, periodista comunitario; y Robinson Ortega. También se espera que en mayo se inicie el juicio contra tres agentes y un comisario de Policía Nacional Civil (PNC) por la detención ilegal de la periodista Norma Sansir, ocurrido en septiembre de 2014.
