El gremio periodístico guatemalteco se enfrenta a un contexto de violencia por parte de la seguridad pública en diferentes manifestaciones. Varias denuncias promovidas por estos hechos han sido desestimadas en los últimos meses, catalogadas por el gremio como una tendencia a garantizar impunidad. El señalamiento es refutado por la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, que insiste que las decisiones se toman con el principio de autonomía de cada fiscal.
Por Simón Antonio Ramón
A pesar de que en junio el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, negó que haya una instrucción a los agentes de Policía Nacional Civil (PNC), para agredir a periodistas en las coberturas, a lo largo de este año varios agentes han sido señalados de ser de los actores que más atentan contra el ejercicio periodístico en el país. Las y los periodistas han sido objeto de dos denuncias, dos intimidaciones, tres detenciones arbitrarias, un ciberacoso y destrucción de equipo, pero además, cuatro denuncias han sido desestimadas y existe un proceso penal, con litigio malicioso, en el que se juzga a policías señalados de detención ilegal.
Las dos denuncias registradas fueron contra los periodistas Carlos Choc y Robinson Ortega. En el caso de Choc, fue denunciado, en diciembre de 2021, por agentes de la PNC, porque supuestamente había instigado a las comunidades de El Estor a delinquir, cuando en realidad daba cobertura a la resistencia del pueblo maya Q’eqchi’, que por más de dos semanas exigió el respeto de su derecho de participar en la consulta por las operaciones del proyecto minero Fénix, de la empresa suizo-rusa Solway.
Ante esta denuncia, el juez Édgar Aníbal Arteaga López, del juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, emitió una orden de detención el 13 de enero de este año; se denunció también a autoridades comunitarias, acusadas del mismo delito, instigación a delinquir, el 22 de octubre de 2021, día en el que fueron reprimidas por la policía. El proceso penal en contra del periodista Choc fue cerrado el 13 de septiembre, por el mismo juez que emitió la orden de detención, al dictar falta de mérito a favor del periodista.
En el caso del periodista Ortega, del medio de comunicación Relax TV, fue detenido y denunciado el 16 de junio por la policía Yessenia Marisol Castillo, quien lo acusó de haberla agredido el 16 de junio, mientras daba cobertura a un operativo policial. Ese día, agentes de la PNC golpearon a mujeres y lanzaron gas pimienta dentro del bus en el que se encontraban junto a niños y adolescentes, en Siquinalá, Escuintla.
La agente acuso al periodista del delito de atentado y aunque el juez José Umaña dictó falta de mérito, el Ministerio Público apeló la resolución y posteriormente fue ligado a proceso. Ahora espera que el juez dicte las medidas de coerción, pero eso ocurrirá hasta enero de 2023 cuando se realice la audiencia.
La misma semana en que fue detenido Robinson Ortega, el 13 de junio, en Chinautla fue detenido el periodista Josué Cotzajay, por supuestamente haber cruzado la cinta amarilla de una escena del crimen, sin embargo la población denunció en redes sociales que no estaba colocada la cinta amarilla. En esa ocasión en vocero de la PNC dijo a Prensa Comunitaria que el caso estaba bajo investigación en la Inspectoría General de la institución.
En otro caso, la periodista Lesbia Catún fue detenida de manera arbitraria por la PNC en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, el 18 de abril y llevada al juzgado del municipio donde tuvo que pagar una multa para recuperar su libertad, cuando cuestionó a los agentes policiales por qué habían fotografiado su vivienda.
En cuanto a las dos denuncias por intimidación a periodistas, se refieren a los casos de Francisco Lucas y Carlos Paredes, de Prensa Comunitaria y Guatevisión, respectivamente. El caso de Lucas ocurrió en Santa Eulalia, cuando se dirigía a Santa Cruz Barillas, el 26 de marzo de este año. Mientras la intimidación contra el periodista Paredes se dio cuando documentaba la detención del periodista Robinson Ortega en Siquinalá, el 16 de junio.
El 21 de junio, de este año, el periodista Carlos Hernández, de Prensa Libre, daba cobertura a la protesta de un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en la calzada Roosevelt, mientras el Consejo Superior Universitario (CSU), en uno de los salones del Hotel Tikal Futura, elegía a Héctor Pérez Aguilera para ocupar la magistratura que le fue negada a la exmagistrada Gloria Porras en la Corte de Constitucionalidad (CC). Al momento en el que la policía desalojó a los estudiantes, un agente destruyó la cámara fotográfica de Hernández.
Ese mismo día la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denunció que en las redes sociales había algunas cuentas que exaltaban las agresiones de la PNC contra la prensa guatemalteca.
Por otro lado, el 28 de septiembre estaba prevista la apertura a juicio en la cabecera departamental de Chiquimula contra un excomisario y tres agentes de la PNC, por la detención ilegal de la periodista Norma Sansir, el 18 de septiembre de 2014 en Jocotán. El juicio fue programado para mayo de 2023.
En suma, de julio a noviembre de 2022, el Ministerio Público ha desestimado cuatro denuncias por agresiones policiales contra las y los periodistas.
Casos desestimados por el MP
El 26 de julio, la Fiscalía de Delitos contra Periodistas notificó al periodista Francisco Lucas que su denuncia contra un agente de la policía no podría continuar. Sus abogados presentaron un alegato ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, en el Centro de Administración de Justicia (CAJ), de Santa Eulalia y un juez ordenó continuar con la investigación.
En el caso del periodista Robinson Ortega, el 28 de septiembre se le informó que la denuncia contra los policías que lo golpearon el 16 de junio, mientras era detenido en Siquinalá, tampoco continuaría. Uno de los agentes denunciados es Elmar López, quien ordenó su detención y lo agredió.
En ese mismo sentido, el 28 de septiembre se informó al periodista Carlos Choc, que se había archivado la denuncia contra los policías que lo golpearon el 22 de octubre de 2021, en el Estor. El argumento de la Fiscalía fue que no se había logrado individualizar a los agentes que lo agredieron, mientras daba cobertura a la represión policial de ese día contra las autoridades indígenas que resistían a las operaciones del proyecto minero Fénix sin respetar el derecho a la consulta.
El 8 de noviembre se notificó a Lesbia Catún que su denuncia contra los agentes de la PNC por su detención en abril de este año, se desestimaría.
Las denuncias que periodistas han presentado en contra de agentes de la PNC se vuelven lentas y no se logra el acceso a la justicia pronta y cumplida.
La periodista Norma Sansir indicó que los efectos negativos de esta situación son varios, uno de ellos, dice, “es el poco acceso a la justicia rápida, que los elementos de la PNC no hayan recibido una sentencia que marque un precedente para las y los periodistas que están ejerciendo este momento”. En el actual contexto hay un aumento de violencia contra las y los periodistas que genera desconfianza en el sistema de justicia.
Pese a la creación de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, durante el primer periodo de Consuelo Porras como fiscal general, durante su gestión se ha generado desconfianza por la cantidad de casos desestimados. “Podría decirse que se avanzó con la apertura de la fiscalía, pero las y los periodistas no ponen las denuncias porque los procesos son lentos y otros se desestiman y afectan el derecho de acceso a la justicia”, dijo la periodista.
Francisco Lucas, corresponsal de Prensa Comunitaria en Barillas, tras la intimidación que sufrió por policía en Yayk’itx, Santa Eulalia, en marzo reciente, fue notificado por la fiscalía que su denuncia se había desestimado, lo que lo llevó a oponerse en el juzgado por lo que continua la investigación. “La actitud del MP se mantiene en la audiencia para cerrar el caso, porque según su interpretación, no hay suficiente evidencia, aunque anteriormente había dicho que esperaría del informe de la inspección general de la PNC para luego analizarlo, porque no hicieron su mayor esfuerzo para investigar relacionado al hecho”, informó Lucas.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Mario Recinos, calificó como acciones anómalas y agregó que uno de los patrones que se está evidenciando es pasar de víctima a victimario, en un contexto de violencia contra el gremio periodístico. “Afecta no solo a la opinión pública, sino tiene efectos en la seguridad de tener acceso a la información y en los periodistas criminalizados en su trabajo. En Guatemala estamos viviendo una situación difícil, se están cerrando los espacios donde la población puede tener acceso a la información”, dijo el presidente de la APG.
Desde la Fiscalía de Delitos contra Periodista se informó que los casos se denuncian a partir los resultados de los peritajes lingüísticos en casos de amenazas y la declaración de testigos en los procesos. El fiscal de sección, Edgar Rolando Rodenas, indicó que los casos se resuelven cuando hay una decisión de resolver un caso. “Un punto importante acá es que cuando se desestima un caso genera impunidad, pues yo no creo en eso, cuando se toma una decisión se está resolviendo el caso, la impunidad quedaría que el caso no fuera resuelto”, afirmó el fiscal.
En la desestimación de las denuncias, se establece un plazo para oponerse ante un juez para que el MP continue la investigación, como ocurrió en el caso del periodista Francisco Lucas. “Yo estoy obligado a nombrar a otro fiscal, no el mismo, pero tendría que seguir, ya nos pasó una vez se tomó una decisión la parte se opuso y el juez revocó la decisión”, dijo el fiscal.
De enero a octubre la fiscalía ha solicitado 35 casos de medidas de seguridad coordinadas con la PNC.
La fiscalía tiene un plazo de 30 días, para resolver un caso o judicializarlo, dependiendo de lo que se puede encontrar en la investigación. El fiscal Edgar Rolando Rodenas dice que no hay alguna instrucción desde la fiscalía general para desestimar los casos.
Guatemala es uno de los países en la región, en los que las agresiones contra el gremio periodístico han aumentado. Hasta el 31 de octubre de este año se han contabilizado 131 casos contra el ejercicio periodístico según el monitoreo que realiza Prensa Comunitaria sobre libertad de expresión y el ejercicio periodístico. En el registro que se realizó en el año 2021, se registraron 135 casos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
