El proceso judicial por el ataque armado durante el paro nacional indefinido apenas iniciará, para la próxima semana se espera a que un juez escuche en primera declaración a los responsables del crimen cometido contra Francisco Gonzalo Velásquez Gómez, en Malacatán, San Marcos.
Por Shirlie Rodríguez
Son once hombres señalados por el Ministerio Público (MP) de ser los responsables del ataque armado que se reportó el pasado 16 de octubre en kilómetro 272 de la carretera CA2 Occidente, lugar conocido como crucero de Orizaba. Este hecho dejó como saldo el asesinato de Francisco Gonzalo Velásquez Gómez, que se encontraba manifestando de forma pacífica en esa localidad de Malacatán, San Marcos.
La audiencia de primera declaración se programó para este 2 de noviembre en la cabecera de San Marcos, se destinó una sala del Tribunal de Sentencia para tener mayor espacio por la cantidad de personas dentro del proceso y también por seguridad.
A pesar de que se esperaba la audiencia de primera declaración, la abogada María José López pidió que esta se reprogramara, porque hasta hace tres días la contrataron para el caso y defender a nueve de los acusados.
La abogada mencionó que su petición no tenía la finalidad de sorprender a las partes dentro del proceso, sino que era poco el tiempo que tuvo para conocer el caso, además por el día de asueto necesitaría más tiempo para ejercer la defensa y tener el apoyo de otros abogados.
El Ministerio Público se opuso a que se suspendiera la audiencia, pero el juez Juan José Barrientos decidió no realizarla y programarla para el próximo martes 7 de noviembre en el mismo Tribunal.
Los implicados en este caso son identificados como: Eddy Marcotulio Lima Carlos, José Alan Pérez Leal, César Gudiel Ramírez Castillo, Edi Gabriel González López, Oscar David Tigüilá Chay, Elber Jovany Escobar, Jayro Edilberto Pérez Sánchez, Raudel Roelí Miranda Acabal, Marlon Alberto Hernández Ochoa, José Ricardo Alfonso Loza Mérida y Gober Misael Soto Alvarado
Identifican a guardaespaldas de alcalde y PNC acompañaba al comando armado
El suceso además de ser catalogado como un crimen de Estado como lo mencionó el abogado Rafael Maldonado por la complicidad de la Policía Nacional Civil (PNC), también causó el repudio de la sociedad guatemalteca.
Ese 16 de octubre se cumplían 15 días desde la convocatoria del paro nacional indefinido. La población en todo el territorio tenía tomados varios puntos y carreteras, en Malacatán fue el sector conocido como Orizaba en donde un grupo de personas manifestaba de forma pacífica.
Pasado el mediodía varios vehículos con hombres armados pasaron por el lugar y dispararon en contra de los vecinos. Una de esas balas alcanzó a Velásquez Gómez, quien murió en el lugar.
Tras el hecho, en las redes sociales circularon varios videos en donde se observaban a los hombres armados que se paseaban por el lugar y amenazaron a los pobladores.
Los mismos vecinos identificaron a uno de los atacantes, que es uno de los guardaespaldas del alcalde electo de Ocós, Álvaro Guillermo López Rabanales, del partido Vamos de Alejandro Giammattei.
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Identifican a guardaespaldas del alcalde electo de Ocós en el ataque armado en San Marcos
Los videos también muestran que previo al hecho en otros puntos del territorio marquense los vehículos implicados en el hecho estaban siendo custodiados por patrullas de la PNC. Esto provocó repudio y rechazo en la población por la implicación del gobierno en este crimen.
El MP notificó horas después de la captura de los once acusados quienes permanecen en prisión preventiva.
La resistencia continúa
Francisco Gonzalo Velásquez Gómez es el primer mártir del paro nacional indefinido que ahora lleva 32 días como resistencia en contra de las acciones que son un atentado para la democracia del país.
Previo al suceso de Malacatán, en otros puntos como Petén y Chiquimula reportaron también que grupos de hombres armados llegaron a intimidar a personas que manifestaban y con armas de fuego atentaron contra ellos.
#GuateResiste 🚨 Un grupo de hombres armados de Olopa y Concepción las Minas, Chiquimula intimida a manifestantes
👉🏼Vecinos de Quezaltepeque que protestan en el kilómetro 196.5 ruta Interamericana denuncian que 8 personas armadas llegaron a amenazar a los manifestantes y se… pic.twitter.com/r4B9x31P1f
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 14, 2023
El 9 de octubre el presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras a través de videos en sus redes sociales criminalizaron las manifestaciones que llevaban ocho días, siendo pacíficas. En la zona 1 de la capital del país un grupo de infiltrados provocó que la PNC reaccionara y con bombas de gas dispersaron una pequeña manifestación que se realizaba en el lugar.
Este grupo de infiltrados hizo destrozos en el centro histórico y tras ser detenidos y escuchados en audiencia, fueron dejados en libertad.
A pesar de esta táctica de criminalización, las manifestaciones para exigir las renuncias de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana, se incrementaron y se fortalecieron a nivel nacional.
Mientras tanto, las estrategias de la población organizada han cambiado, se concentran en la capital y se hacen plantones en distintos territorios. Las voces de la población exigen la renuncia de los funcionarios golpistas, que buscan interferir en la sucesión de mando del binomio presidencial, para el periodo 2024-2028.
