Un mes después de la primera vuelta electoral, el abogado Giovani Fratti fue al Ministerio Público a hacer una denuncia contra el partido Semilla. Su razonamiento es que el partido con el que Bernardo Arévalo llegó a la presidencia puede caer en una ilegalidad a futuro si recibe la deuda electoral que le corresponde por cada voto válido obtenido en la primera vuelta. Abogados señalan inconsistencias en el caso que investiga el MP.
Por Rony Ríos
Un mes después de la primera vuelta electoral, el abogado Giovani Fratti fue al Ministerio Público (MP) a hacer una denuncia contra el partido Movimiento Semilla. Su razonamiento es que el partido con el que Bernardo Arévalo llegó a la presidencia puede caer en una ilegalidad a futuro si recibe la deuda electoral que le corresponde por cada voto válido obtenido en la primera vuelta. Abogados señalan inconsistencias en el caso que investiga el MP.
La ilegalidad, razona Fratti, estaría basada, primero, en que el Movimiento Semilla había sido suspendido por un juez, Fredy Orellana, el 12 de julio de 2023, por lo que no debería de recibir fondos públicos, y luego, en supuestas discrepancias entre los votos físicos recibidos por Semilla y los reportados en las actas electorales avaladas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). De lo segundo Fratti no presenta prueba alguna.
Con la denuncia de Fratti, el Ministerio Público encontró la forma para que le fueran autorizados los allanamientos al Parque de la Industria y el secuestro de materiales electorales en la sede central del TSE, el 30 de septiembre.
En el audio de la audiencia del 7 de septiembre, se escucha a la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo pedir la autorización para allanar sedes electorales y secuestrar materiales bajo el único argumento de la denuncia escueta interpuesta por Fratti, en la que no constan pruebas de ningún ilícito y solo se adjuntan recortes de prensa.
Luego de analizar durante casi un minuto, el juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana Letona, autorizó los allanamientos.
Según el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, en el audio se pudo evidenciar claramente la intención de afectar el proceso electoral. Ortiz explicó que “la investigación no tiene ni pies ni cabeza porque es por posibles hechos futuros”.
Además, Ortiz indicó que no existe relación entre la investigación original -por la que se abrió la causa judicial- por la supuesta inclusión de firmas falsas en la conformación del partido Movimiento Semilla y el supuesto fraude electoral denunciado sin pruebas por Fratti.
“No tiene relación con la acusación primaria por firmas falsas en la formación del partido, que es en 2018, no tiene que ver con eso y se evidencia el segundo problema. Sin pruebas se autorizó el secuestro de material electoral, lo cual evidencia que hay una intención de afectar la elección”, dijo Ortiz.
El expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Ovidio Orellana, señaló que “el proceso electoral y sus resultados tienen sus propios mecanismos constitucionales para impugnar o cuestionar cualquier incidencia electoral y un proceso penal su propósito es buscar deducir responsabilidades penales si se hubiere incurrido en la comisión de algún delito penal”, por lo que considera que estas acciones no tendrían que afectar los resultados de las elecciones.
Orellana, por su parte consideró que “debido a que el proceso penal de donde surgen las distintas órdenes judiciales se ha mantenido en reserva es bastante difícil opinar sobre ello; empero, lo importante para mí no es la denuncia ni quien denuncia, sino que lo es, que el juez que controla la investigación, debiera ser un garante del debido proceso, de los derechos de las personas y, en este caso, debe ser alguien que de forma objetiva, independiente y veraz, dicte sus resoluciones ajustadas a un marco fáctico y probatorio que respalde sus decisiones y esa parte es la que se ha visto bastante cuestionada”.
Asimismo, Ortiz indicó que se dice que hay que contar los votos porque Semilla no tiene los votos que dice tener en el sistema, lo cual también es incorrecto porque el sistema no tiene nada que ver con el resultado oficial. Se refleja la intención de afectar el proceso electoral.
El uso de recortes de prensa es otro de los hechos que Ortiz criticó, pues considera que estos pueden ser un hecho notorio, pero no se puede pedir material electoral basado en algo tan pobre.
Por último, Ortiz criticó que el juez Orellana Letona no hiciera el trabajo de filtrar y controlar la legalidad para la autorización de las pesquisas. “El alegato del MP es pobre y el análisis del juez es inexistente”, enfatizó el abogado.
El expresidente del CANG dijo que “el tiempo podría ser relativo, por varias razones, sin embargo, lo importante es la ponderación que el juez debe darle a los medios de convicción que le sean presentados, los cuales deben responder a los hechos que le fueron expuestos y solicitados, siendo mi apreciación, por lo que se logra escuchar, no existió suficiente evidencia producto de una investigación seria, que justificara la decisión judicial adoptada”.
Orellana recalcó que “lo más importante es la labor del juez como garante de los derechos constitucionales y legales, que es la verdadera razón de ser de un juez de garantías, que es el modelo guatemalteco, por lo que hacer lo contrario o no proceder de esa forma, se genera inseguridad e incerteza jurídica y no se contribuye a la paz social ni al bien común”.
¿Cómo se fraguó la farsa del MP para allanar el TSE e intentar invalidar el triunfo de Semilla?
Semilla reacciona
El diputado de Semilla Samuel Pérez señaló que es evidente la intención de legitimidad al proceso electoral. “Lo más probable es que encuentren que tenemos más votos de los que habían pensado, así es que no nos preocupa, pero nos indigna que siga siendo un plan cuando han quedado completamente en evidencia”, enfatizó el congresista.
Además, Pérez dijo que no temen las acciones que adopte el MP, pero que les molesta el tiempo que les ha robado en pleno proceso de transición.
“Por la persona que está denunciando solo confirma que no tienen ningún caso y se va a caer, ya es una acción desesperada”, aseguró Pérez, previo a recordar que están utilizando todas las acciones legales disponibles para defenderse.
El fiscal nacional de Semilla, indicó que “Leonor Morales de la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad) y el juez Orellana Letona se coludieron para realizar actos delictivos tendientes a no reconocer o cambiar los resultados electorales a través de una audiencia unilateral, el siete de septiembre”.
El MP alega falsedad
El MP en sus redes sociales señaló que la publicación del audio de la audiencia era tendenciosa y que el mismo había sido sacado de contexto, pese a que el contenido fue subido de forma íntegra.
Además, el MP alegó que el audio podía estar en poder únicamente de los sujetos procesales, según el artículo 314 del Código Procesal Penal; sin embargo, no se ha manifestado cuando los netcenters publican resoluciones de casos en reserva.
Desde este tipo de cuentas se indicó que “el audio es claro, no nos vamos a bajar todas las elecciones solo al partido Semilla”, además de intentar enaltecer la figura de Fratti y de la FECI por emprender acciones contra el proceso electoral.
