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Un monitoreo de la Agencia de Noticias KM169 registró al menos 22 modalidades de obstáculo al ejercicio periodístico que tienen como efecto la autocensura y viola los derechos fundamentales de la población como el acceso a la información.

Por Isela Espinoza

Restricciones e intimidaciones durante las coberturas, acoso judicial, criminalización, persecución, ataques físicos, asesinato, censura, ciberataques, difamación, negación al acceso a la justicia y el silencio de la Procuraduría de los Derechos Humanos ante la violación de la libertad de expresión son algunos de los obstáculos que ha enfrentado el gremio periodístico en lo que va del 2023.

Este jueves 30 de noviembre, en Guatemala se conmemora el Día Nacional del Periodista en un contexto político en el que la libertad de prensa se estanca y vulnera cada vez más la libertad de expresión no solo para periodistas sino también para la ciudadanía, académicos, opositores del Gobierno de Alejandro Giammattei, autoridades electas en los comicios generales celebrados este año entre otras voces de la sociedad civil.

Foto: Nelton Rivera, 30 de noviembre, de 2023.

Según el Informe sobre Libertad de Expresión y de Prensa que recoge el monitoreo de la Agencia de Noticias KM169 a través del Programa Protección a Periodistas, Autocuidado y Libertad de Expresión, de enero a noviembre de 2023 se han identificado al menos 22 modalidades de obstáculo contra el ejercicio periodístico.

En cuanto a las restricciones durante las coberturas estas fueron más evidentes en los juzgados y tribunales de justicia en casos de criminalización contra operadores de justicia o el más reciente Toma USAC: botín político, en el que fueron detenidas seis personas entre ellas estudiantes, catedráticos y decanos universitarios por pronunciarse en contra del fraude por la elección del rector de facto, Walter Mazariegos.

El Congreso de la República y la Casa Presidencial también han sido instituciones que han restringido el acceso a la prensa como lo denunciaron las autoridades indígenas luego de sostener una reunión con legisladores y el presidente Giammattei en el marco de la movilización en defensa de la democracia.

En tanto, el acoso judicial contra la prensa también ha aumentado con la utilización de instrumentos legales como la Ley contra el Femicidio y la Ley contra el Crimen Organizado. Uno de los casos relevantes fue la investigación que ordenó el juez Jimi Bremer en contra de periodistas y columnistas de elPeriódico por informar de la detención y el proceso en tribunales de su fundador Jose Rubén Zamora y la exfiscal auxiliar Samari Gómez.

El pasado 20 de noviembre, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) se pronunció respecto a un amparo que presentaron en mayo en contra de la decisión del juez Bremer. Acción Ciudadana también presentó un amparo para que el caso sea trasladado a un tribunal de imprenta, tal como lo señala la Ley de Emisión del Pensamiento, ya que los periodistas y columnistas fueron acusados del delito de obstrucción a la justicia de la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Por temor a detenciones y la falta de garantías en el debido proceso, alrededor de más de una decena de periodistas han salido al exilio y pedido protección internacional.

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Según el Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), publicado a inicios de noviembre, Guatemala ocupa el puesto 19 de 22 países de América, es decir, el nivel más bajo en el promedio global de libertad de prensa. El barómetro del Índice ubica a Guatemala con 32.07 puntos de 100, en el rango de alta restricción. Le siguen Cuba, Venezuela y Nicaragua cuyos países, según la SIP, carecen de libertad de expresión.

El índice de Chapultepec mide datos del 2 de agosto del 2022 al 1 de agosto de 2023 y el informe resalta que “en Guatemala se hace uso del sistema de justicia y del aparato represivo del Estado para silenciar medios, periodistas y voces disidentes y, de esta forma, tomar por asalto la libertad de expresión”.

Otro informe divulgado, en marzo, por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que revisa la situación de derechos humanos en 198 países señala el aumento de las amenazas de violencia contra periodistas y arrestos o enjuiciamientos injustificados en contra de comunicadores guatemaltecos.

“La intimidación de los periodistas aumentó durante el año y resultó en una importante autocensura. Muchos tuvieron que huir del país después de publicar trabajos que criticaban a funcionarios públicos y organizaciones criminales”, resalta el informe.

Además, destaca que los ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes incluyeron piratear cuentas privadas de redes sociales de periodistas, publicar información personal robada o falsificada. “La ley establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa, pero el Gobierno no siempre respetó este derecho”, recalca.

El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos también menciona el caso de Zamora, detenido el 29 de julio y condenado a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero. Una sentencia motivada por cuestiones políticas, según denunció el gremio periodístico y organizaciones internacionales.

“El crimen organizado ejerció influencia sobre los medios de comunicación y los reporteros al amenazar con frecuencia a las personas por informar sobre actividades delictivas”, agrega el informe.

El hostigamiento gubernamental y la presión económica llevó a que, el 30 de noviembre de 2022, elPeriódico anunciara el cese de su circulación impresa. Un golpe para el periodismo que se concretaría aún más el 15 de mayo de este año cuando el reconocido medio de comunicación realizó su última edición en la página web.

Después de 26 años de trayectoria, denunciando la corrupción de los presidentes de turno, su cierre se dio en un contexto de represión a la libertad de expresión en el país y tras 10 meses de encarcelamiento de su fundador.

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Asesinatos y agresiones

El monitoreo de la Agencia de Noticias KM169 también registra al menos cinco periodistas que han perdido la vida de marzo a agosto de este año. El periodista Juan Carlos García, fue arrollado en Las Cañas, en la ruta hacia Antigua Guatemala, mientras realizaba una cobertura. El periodista Eduardo Mendizábal Gálvez, del medio de comunicación Visor Villa Canales, murió en un ataque armado el 20 de agosto en la aldea Las Colmenas, Villa Canales.

El 12 de junio se reportó el asesinato del periodista Héctor Mario Ramírez en el mercado municipal de Zacapa. Los periodistas Edin Alonso y Hugo Gutiérrez, de Noticias Caballo Blanco, fueron asesinados el viernes 11 de agosto por la noche cuando regresaban de una cobertura de un femicidio.

En total, el monitoreo del Programa de Protección, Autocuidado y Libertad de Expresión de la Agencia de Noticias KM169 registró 270 agresiones y ataques al ejercicio periodístico del 1 de enero al 27 de noviembre. Los más recurrentes fueron las restricciones a la cobertura, acoso judicial, ciberataque, intimidación, difamación y agresiones.

Entre los principales actores que generan estas amenazas y restricciones a las coberturas se encuentran: autoridades y funcionarios públicos, instituciones públicas como el Ministerio Público (MP), netcenters y abogados, empresas privadas o sindicados en procesos penales por corrupción o por ser señalados de antidemocráticos.

Por otra parte, el 68% de los casos se registraron en el departamento de Guatemala, seguido por Izabal, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Escuintla, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, Sololá, Chiquimula, San Marcos, Chimaltenango, Santa Rosa, Huehuetenango, Jutiapa, Petén y Zacapa.

“Prácticas como la censura, la judicialización, la intimidación, el hostigamiento, así como otro tipo de agresiones que atentan contra las personas periodistas y comunicadoras, no solo generan un deterioro a la libertad de prensa sino también dificultan el acceso a los derechos fundamentales de la población como a la información, participación, protesta, entre otros”, dijo este jueves a través de un comunicado la Red Rompe el Miedo Guatemala.

Al igual que organismos internacionales, la Red Rompe el Miedo exigió este día al Estado guatemalteco cesar la persecución penal en contra de la prensa y medios independientes.

Este año, por segunda vez consecutiva, Guatemala fue incluida en el capítulo IV.B del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se señalan a los países que requieren una “atención especial” por parte de la comunidad internacional y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El capítulo IV.B es conocido como la “lista negra” ya que incluyen a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua por registrar graves violaciones a los derechos humanos. Desde 2015, Guatemala no era incluida en este apartado.

La CIDH ha dicho que su decisión se debe a que el Estado de Guatemala, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, ha registrado “el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática” en el país.

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