El Departamento de Estado de Estados Unidos resalta en su informe sobre prácticas de derechos humanos, la persistencia en las violaciones de derechos humanos en Latinoamérica. Por el lado de Guatemala, citan la persecución contra periodistas y operadores de justicia.
Por Isela Espinoza
Represión transnacional contra personas en otro país, incluidas amenazas, vigilancia y uso indebido de solicitudes de extradición; ataques a la independencia del poder judicial; restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, entre otros problemas significativos de derechos humanos permanecieron y aumentaron en 2022 en Guatemala, reveló un informe anual sobre prácticas de derechos humanos, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El reporte revisa la situación de derechos humanos en 198 países y territorios alrededor del mundo con información recopilada por empleados de ese órgano, así como miembros de misiones especiales. En el capítulo de Guatemala destaca que la impunidad, incluso por parte de funcionarios de alto nivel, siguió siendo generalizada.
“La corrupción, los esfuerzos de los actores del crimen organizado para garantizar la impunidad y el socavamiento de las instituciones anticorrupción y el poder judicial por parte de actores políticos corruptos dificultaron la investigación y el enjuiciamiento significativos de los delitos, incluidos la corrupción y los abusos de los derechos humanos, que involucran a funcionarios públicos”, afirma.
El informe menciona que el Ministerio Público (MP) inició procesos judiciales contra exfuncionarios que se encuentran fuera del país entre ellos: el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval y la exfiscal general, Thelma Aldana. Además, en ambos casos el MP hizo “uso indebido” de herramientas de aplicación de la ley internacional al girar solicitudes de extradición para Sandoval y Aldana. Observadores que realizaron el informe consideraron que estas acciones “tenían motivaciones políticas”.
Por otro lado, denunció que amigos, familiares y allegados de Sandoval y Aldana que permanecieron en el país “sufrieron hostigamientos destinados a ejercer presión sobre los exfuncionarios”.
El reporte del Departamento de Estado también menciona la detención arbitraria de Virginia Laparra, exfiscal de la FECI en Quetzaltenango, y otros fiscales entre febrero y marzo por investigar casos de corrupción en el Gobierno. Además, resaltó que se les retrasó la audiencia de lectura de cargos mientras se encontraban en prisión preventiva y al mismo tiempo se filtró información sobre el manejo de sus casos a través de “netcenters” para amenazar e intimidar.
“En general, el sistema judicial no proporcionó juicios justos ni oportunos debido a la ineficiencia, la corrupción y la intimidación de los jueces. El Ministerio Público, sin embargo, obtuvo rápidamente órdenes de arresto contra ex y actuales fiscales anticorrupción, apenas unos días después de recibir denuncias judiciales en su contra. Algunas de estas denuncias fueron presentadas por personas y organizaciones con un historial de amenazas a los operadores de justicia”, señala el informe.
Sobre la libertad de expresión
El documento analiza los derechos humanos en diversos temas y para el caso de la libertad de expresión enfatizó las amenazas de violencia contra periodistas y arrestos o enjuiciamientos injustificados contra los comunicadores.
“La intimidación de los periodistas aumentó durante el año y resultó en una importante autocensura. Muchos tuvieron que huir del país después de publicar trabajos que criticaban a funcionarios públicos y organizaciones criminales”, resalta el informe.
Además, destaca que los ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes incluyeron piratear cuentas privadas de redes sociales de periodistas, publicar información personal robada o falsificada. “La ley establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa, pero el Gobierno no siempre respetó este derecho”, destaca.
El informe cita cifras del Observatorio de Periodistas que registró durante los primeros seis meses del 2022, 66 abusos a la libertad de expresión, entre ellos violencia y restricciones contra periodistas. Mientras, la Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) consignó 51 agresiones durante el mismo período.
En este apartado menciona que la actividad de los netcenters también ha aumentado y que tiene como objetivo manipular las discusiones, difundir información errónea y amenazar a las personas en internet. “Los ataques provenientes de los netcenters fueron cruciales en la intimidación de los periodistas que informaban sobre corrupción”, cita el informe.
Mencionó como ejemplos el hostigamiento sufrido por el periodista Carlos Choc de Prensa Comunitaria, en Izabal por su labor de informar la represión policial en El Estor, el 22 de octubre de 2021, cuando se desalojó la resistencia del pueblo maya Q’eqchi’ en contra la minera CGN-Pronico. Además, destacó que la policía allanó las casas de los periodistas Baudilio Choc y Juan Bautista Xol por este mismo caso.
El informe también menciona el caso del fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, detenido el 29 de julio y recientemente ligado a proceso penal por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.
“El crimen organizado ejerció influencia sobre los medios de comunicación y los reporteros al amenazar con frecuencia a las personas por informar sobre actividades delictivas”, agregó.
El capítulo de Guatemala también aborda la situación de las condiciones penitenciarias, falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, amenazas de violencia contra grupos indígenas, delitos contra personas de la comunidad LGBTIQ+, amenazas de violencia contra personas con discapacidad y restricciones a la libertad de asociación de los trabajadores o contra los líderes sindicales.
