Por Mauricio José Chaulón Vélez
Los grupos de poder económico y político en Guatemala han actuado históricamente con tal impunidad, que en los últimos años ésta ha crecido de forma exponencial y les ha provocado un nivel de arrogancia tan grande que no les ha permitido ver el hartazgo de las grandes mayorías.
El materialismo histórico nos dice acertadamente que el ser social determina la conciencia social y es por ello que tanta ha sido la opresión para el pueblo y para los pueblos que conformamos el territorio guatemalteco, que llegó la hora de enfrentar la situación para empezar a transformarla. El ser social en este caso ha sido el sometido a distintas maneras de empobrecimiento, angustia, dolor e incertidumbres; por lo tanto, se inicia en muchas personas el proceso de generar una conciencia social sobre lo que está sucediendo y esto lleva a tomar acciones.
La clase dominante y la clase política hegemónica no quieren y muchas veces ya ni siquiera pueden darse cuenta de eso. Y quienes de ellas lo aprecian, buscan manipular la opinión pública para desinformar, deslegitimar, invisibilizar o alterar la realidad. Sin embargo, ésta sale a la luz cada vez más poderosa, sobre todo en una época en que las redes sociales digitales nos llevan la información, los hechos y los acontecimientos en cuestión de segundos y a un botón de distancia en el mismo teléfono celular. Los tiempos están cambiando y las condiciones ya no son las mismas para el poder.
Esto no significa que el pueblo ya triunfó en Guatemala, pero ha dado pasos muy significativos en sus luchas y para la historia.
La defensa de los resultados de un proceso electoral que los poderes tradicionales no pudieron ganar constituye ese primer gran paso. No se trata solamente de defender la legitimidad del binomio presidencial electo, lo cual es parte importante en estas jornadas de luchas sociales, sino que va más allá: es fundamental que sea el mismo pueblo el que ataque a los corruptos que se han apoderado del Estado, sean quienes sean. Esto permite agrietar el sistema.
Si partimos de contextos más recientes dentro de la época de la posguerra, el mismo pueblo empezó a hacerlo con las movilizaciones del 2015 en contra de la evidente corruptela del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, pero lamentablemente tomaron el rumbo que le dieron las élites económicas y todo resultó peor. Sin embargo, debido a que la historia y lo social también son dialécticos, de esa situación resultante en los nefastos gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei se agudizaron las contradicciones y se ha generado lo que hoy estamos viviendo.
En las elecciones del 2019 el binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), instrumento político del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA,) una de las más grandes organizaciones campesinas en Guatemala, conformado por Thelma Cabrera y Neftalí López, ambos dirigentes históricos, obtuvo un destacado cuarto lugar y encendió las alarmas del sistema dominante. Esa fue la razón por la que no permitieron la participación del MLP para estas elecciones presidenciales del 2023, porque sabían que hay mucha más conciencia por parte del pueblo y de los pueblos y que entonces existía la alta probabilidad de que el instrumento político de CODECA tuviese un puesto alto.
Pero las grandes mayorías del pueblo y de los pueblos teníamos claro que la lucha contra la corrupción era un principio central ineludible y votamos por el binomio del Movimiento Semilla como una posibilidad de hacerle frente al arrogante poder que estaba confiado de asegurarse con varias opciones de las candidaturas de siempre. No les salió la jugada y no aceptan su derrota en las urnas. Han sacado todas sus cartas sucias, como es su costumbre, para evitar que el presidente electo y la vicepresidenta electa tomen posesión y es a partir de ahí que grandes sectores del pueblo y de los pueblos hemos dicho ¡basta!
Se necesitaba iniciar la marcha a través de un movimiento organizado y éste ha sido el de los 48 Cantones de Totonicapán, al cual se articularon otras organizaciones indígenas, campesinas y populares para encarar a los impunes corruptos encabezados por la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras; el fiscal del MP Rafael Curruchiche; el juez Fredy Orellana y la fiscal del MP Cinthia Monterroso, con todos sus cómplices grandes y pequeños. Y a partir de ello esto, la lucha no se ha detenido y ni siquiera se ha debilitado, sino todo lo contrario.
Se potencializó el principio de SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO y con esto no contaban los grupos de poder. Como un movimiento molecular del cual ha hablado el pensamiento crítico desde hace tanto tiempo, nos hemos venido articulando personas y grupos, unos más organizados que otros, quienes estamos en distintos niveles de lucha en diversos espacios y con diferentes grados de toma de conciencia sobre las problemáticas de Guatemala, pero que de una u otra forma tenemos las capacidades para producir movilización que empiece a agrietar el sistema dominante.
Por eso es que las jornadas de septiembre y octubre del 2023 no son semejantes a las del 2015. Forman parte de un mismo proceso, eso sí, porque el tomar conciencia lleva su tiempo y no todos los sujetos sociales poseen el mismo grado. Pero lo importante es que el movimiento molecular social ya está en una marcha más potente y nada ni nadie lo detiene. Esta vez no son las élites económicas y políticas las que se apoderan del proceso, sino que todo viene desde abajo, desde el mismo pueblo y de los pueblos. Poco a poco, muchas personas adquieren conciencia de lucha, comprendiendo que solamente de esa manera se puede derribar la corrupción, lo cual es un punto de partida elemental para pensar en otra Guatemala y en construcción de democracia. Ven en el ejemplo decidido de organizaciones históricas como 48 Cantones y otras similares que esa toma de conciencia se adquiere desde la praxis.
Así mismo, aquí no son las élites las que dan el giro de timón, sino que la hegemonía en las ideas y en la práctica sociopolítica de cómo enfrentar la impunidad y la corrupción del gobierno y del sistema judicial la están desarrollando el pueblo y los pueblos. Sin ningún tipo de intervención de las élites económicas y políticas, las personas están activando desde su hartazgo, pero también están haciendo posible el sentido de comunidad.
Ese espíritu de lo común es algo muy importante que en este momento toma vuelo. Muchos grupos lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero lo valioso en este momento, y por eso lo que estamos viviendo es histórico, es la toma paulatina de conciencia de muchas personas que han comprendido que sin tejido de comunidad estos poderes corruptos seguirán oprimiendo. La clase dominante y la clase política deben entender de una vez por todas que las cosas ya no son como ellos quisieran. El sentido de comunidad y su espíritu son un motor inquebrantable y es lo que se necesita para luchar contra un golpe de estado promovido desde un poder que se niega a aceptar que otro tipo de gobierno ha sido elegido por la mayoría.
Porque sí, es un golpe de estado lo que han venido haciendo los alfiles del poder. Dicho golpe no comenzó con las acciones espurias recientes de Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana contra los resultados de las elecciones. Dio inicio mucho tiempo antes, con la elección de las cortes en el Congreso de la República. Toda la maquinaria golpista del poder se activó y mucho de lo que está sucediendo ahora ha sido posible para estos corruptos debido a que tienen a la gente que quisieron en las cortes, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Corte de Constitucionalidad. En la primera ni siquiera ha habido cambios en los puestos y eso a todas luces contraviene la Constitución, cosa que no les importa a los criminales que gobiernan con el patrocinio y bendición de la clase dominante y con el apoyo de grupos de extrema derecha que hacen campañas mediáticas y que accionan en los tribunales con querellas donde se inventan casos que son aceptados por jueces corruptos. Así mismo, la negativa de que participara el binomio presidencial del MLP fue uno de los primeros golpes fuertes al proceso electoral.
Por esto y mucho más estamos aquí también en pie de lucha. Por eso es que no podemos permitir que la Organización de Estados Americanos (OEA) pretenda intervenir como «mediadora» para que las manifestaciones bajen de intensidad. De una persona como Luis Almagro no se puede tener confianza: recordemos que prácticamente apoyó el golpe de estado de los derechistas reaccionarios en Bolivia en contra del legítimo gobierno de Evo Morales en el 2019. En todo caso, la OEA debiese de presionar al Estado de Guatemala para que deje de actuar contra la legitimidad de la voluntad popular y que, como mínimo, las personas que están llevando a cabo el golpe de estado deben ser separadas de sus cargos. Ni la OEA ni nadie debe decirnos hasta cuándo manifestamos.
Esto no es un simple enfrentamiento «entre dos bandos» como lo quiere hacer ver Almagro: esto es resultado de las graves contradicciones no resueltas por un sistema socioeconómico y político que no da para más y que las grandes mayorías del pueblo y de los pueblos hemos rechazado en las urnas, dándole el voto a una posibilidad distinta. Eso es lo que estamos defendiendo. Porras, Curruchiche, Orellana, Monterroso, Giammattei y todos sus cómplices representan lo que ya no se quiere más y la clase dominante ha sido la sostenedora de este tipo de personajes que corrompen cada vez de peor manera al Estado y a la sociedad en su conjunto. Y es que todo ello ha servido para que ese modelo socioeconómico y político de la clase dominante se mantenga y es debido a ello que todos los poderes están buscando la manera de que las movilizaciones sociales se debiliten.
Mientras estoy escribiendo esta columna, alrededor de las 22:30 horas del domingo 8 de octubre, el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, ha dado un mensaje sobre lo que han hecho y lo que pueden hacer las fuerzas de seguridad interna respecto a las manifestaciones. Por supuesto que sigue la narrativa del discurso oficial, significando las movilizaciones como las causantes de la crisis y que la situación de los bloqueos ha generado escasez de productos y aumento de precios, así como inestabilidad en todo el país. Coloca al gobierno en la posición de quien busca y privilegia el diálogo, como si se tratase de un capricho de la ciudadanía el salir a manifestar. Alude a la presencia de la misión mediadora de la OEA en Guatemala, representando la situación otra vez como de un enfrentamiento entre dos bandos, cuando de lo que se trata es de una legítima resistencia y lucha para empezar por separar de sus cargos a corruptos que de manera impune como los criminales que son están violando la voluntad popular ejercida en las urnas el 25 de junio y el 20 de agosto recién pasados.
En una parte de su discurso, el ministro Barrientos recuerda que “la Corte de Constitucionalidad ha emitido resoluciones que se deben atender y cumplir, entre las que destacan la obligación de proteger el derecho de manifestación pacífica, proteger los derechos humanos, mantener la libre locomoción y mantener el orden público y la seguridad. El Organismo Ejecutivo y sus dependencias son garantes de los derechos de todos los ciudadanos, para lo cual se han ejecutado acciones orientadas a la protección de todas las personas involucradas directa o indirectamente en los últimos acontecimientos, por medio de los diferentes protocolos de actuación policial, los cuales, de ser necesario, incluyen el uso de la fuerza para hacer valer el Estado de derecho y el orden público”.
Es una manera diplomática de advertir que puede venir la represión de las manifestaciones y que si el gobierno y la OEA están promoviendo el diálogo, la crisis debe ir llegando a su fin. El gobierno no da la cara más allá y sabe que esta situación no estaría ocurriendo si su actuar fuese limpio y respetuoso de la voluntad popular, fuera de todo acto corrupto.
Estas jornadas van en aumento y crecen con fuerza porque el pueblo y los pueblos estamos cansados. La lucha de clases y las luchas sociales tienen sus tiempos y hay momentos en que las grandes mayorías tienen la oportunidad de dar golpes decisivos al poder y transformar cualitativamente las cosas y la historia. Este es uno de ellos, dentro del largo proceso complejo de la lucha de clases y las luchas sociales en Guatemala.
La consigna de SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO vuelve a evidenciarse y se evidenciará las veces que sea necesario. Es un aprendizaje constante para el pueblo y para los pueblos, y para el poder la muestra clara de que la historia de mueve y no es estática. El primer paso ahora es que Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Fredy Orellana y Cinthia Monterroso deben ser separados de sus cargos, porque han violado la voluntad popular ejercida legítimamente y bajo el amparo de la Constitución. Luego, se debe garantizar que sus puestos sean ocupados por personas probas y que se respete sin ningún obstáculo más el proceso en el que el binomio electo compuesto por Bernardo Arévalo y Karin Herrera tome posesión el 14 de enero de 2024.
Que se firme un pacto social para que el nuevo gobierno pueda ejercer sus funciones sin amenazas de ninguna forma y que los responsables de estos abusos que se han cometido contra la voluntad popular sean llevados a juicio y reciban el justo castigo por sus acciones criminales. Que se realicen las elecciones a la Corte Suprema de Justicia con todo un proceso limpio y que el pacto de corruptos sea desarticulado en todos sus niveles. Al poder ya no hay que pedirle nada, sino al contrario: el pueblo y los pueblos debemos de tomar las riendas de lo que por derecho nos corresponde, con toda la dignidad del caso. Eso incluye empezar a transformar el modelo económico en este país y seguir trabajando en los procesos que nos permitan ver con claridad cada día más en dónde están las causas de tanto problema. Pero por algo debemos empezar y comprender que se trata de procesos.
Lo importante es no claudicar y salirle al paso a la campaña mediática de los grupos de poder que pretenden criminalizar las movilizaciones y llevarlas al desgaste, señalándolas de ser la causante de la crisis cuando los causantes son precisamente los grupos de poder. Esas causas tienen nombres y apellidos que pertenecen a una clase dominante de larga data que ya no puede seguir haciendo lo que se le da la gana a través de sus operadores políticos.
De nuevo, debemos de tener muy claro que SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO y que este momento no podemos desperdiciarlo. El poder no se lo esperaba. Las renuncias de Porras, Curruchiche, Orellana y Monterroso son necesarias como un primer gran paso pero no es lo único. Los objetivos deben ser más amplios: por lo tanto, la lucha sigue.
