Se incrementan los llamados a Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y al juez Fredy Orellana para que presenten su renuncia por acusaciones de intento de golpe de Estado.
Por Rony Ríos
Por sexto día consecutivo miles de personas salieron a las calles para ocupar carreteras, pasos a desnivel, puentes y plazas para exigir la renuncia de los funcionarios del sistema de justicia señalados de intentar ejecutar un golpe de Estado.
El llamado de los 48 Cantones de Totonicapán y autoridades ancestrales, que comenzó el 2 de octubre, fue haciendo eco entre otras organizaciones indígenas, colectivos ciudadanos, grupos con representación estudiantil, de pequeñas empresas, catedráticos y ciudadanos guatemaltecos que volvieron a copar los espacios públicos.
La Dirección General de Protección Vial (Provial) presentó un mapa interactivo en el que resaltó que al menos 90 tramos carreteros fueron cerrados para el transporte vehicular; de estos, solo 11 cierres se volvieron a habilitar durante la jornada de este sábado 7 de octubre.
De los cierres vehiculares 23 fueron sobre la CA-1 Occidente, en las jurisdicciones de Mixco, Sacatepéquez, Chimaltenango, Quiché, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango y Huehuetenango.
Según Provial, las calles de la ciudad capital fueron las segundas con más puntos de cierre, ya que fueron tomadas la entrada al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Calzada Aguilar Batres, Boca del Monte, Anillo Periférico, Colonia Santé, José Milla, Puente del Incienso, Calzada San Juan (en dos puntos), Calzada Roosevelt, Los Olivos y el Obelisco.
Otra de las rutas con gran cantidad de tomas de carreteras fue la CA-2 Occidente, que comunica a Escuintla con la frontera Tecún Umán, San Marcos. Las jurisdicciones con presencia de manifestantes fueron Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos y Quetzaltenango.
Se mantienen las consignas, se incrementa la participación
El 2 de octubre menos de 30 puntos habían sido tomados, pero con el pasar de los días y las actuaciones de varios funcionarios y empresarios el descontento creció, hasta triplicar el número de cierres viales.
Los manifestantes se expresaron en contra del amparo que interpuso el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y el posterior otorgamiento de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La CC también volvió a ser protagonista en el imaginario colectivo de los manifestantes al resolver una duda de competencia en la que daba vía libre al Ministerio Público (MP) a continuar las acciones de criminalización en contra del Movimiento Semilla.
Además, la inacción del Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que dirige Alejandro Córdova, los rumores de un Ejecutivo con intenciones de declarar estado de sitio (desmentido oficialmente), las incursiones de la Policía Nacional Civil (PNC) en Totonicapán y otras acciones han provocado que el descontento crezca y a su vez se traduce en mayor presencia de manifestantes.
En la capital, frente al Congreso de la República, un grupo de manifestantes llegó a hacer una oración, en la plaza central cantaron todo tipo de consignas, frente al MP se mantuvo el plantón por sexto día.
Mientras que, en Sololá, Cuatro Caminos (Totonicapán), Quetzaltenango, Antigua Guatemala y otras grandes ciudades la población copó los espacios para hacerse escuchar y exigir la renuncia de los tres fiscales del MP y el juez Séptimo, Fredy Orellana.
Para mañana, domingo 8 de octubre, ya hay varias convocatorias para mantener las manifestaciones y las autoridades ancestrales mantienen en pie la promesa de “hasta que renuncien los golpistas”, por lo que se tiene previsto que continúen los cierres viales.
La OEA atiende el llamado
Luego de decenas de manifestaciones, el gobierno pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que ayude a mediar “entre los sectores sociales involucrados en las protestas y el Gobierno”.
“Se le extiende a usted una invitación para iniciar un proceso de mediación, a través del establecimiento de mesas de diálogo que permita que los guatemaltecos encuentren consensos entre los distintos sectores, para coadyuvar a la cohesión social del país”, decía la solicitud que fue aceptada por el secretario general, Luis Almagro.
“Aceptamos solicitud del Gobierno de Guatemala para efectuar tareas de mediación entre los sectores sociales involucrados en las protestas y el Gobierno”, dijo Almagro.
Dentro de las acciones de mediación, la OEA enviará una delegación encabezada por el exministro de Defensa de Uruguay, Luis Rosadilla, para mediar y buscar consensos. Además, la delegación será integrada por la secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, Maricarmen Plata, y el representante de la OEA en Guatemala, Diego Paz.
