Por Héctor Silva Ávalos
Nayib Bukele, el presidente de mi país, El Salvador, tiene hasta este jueves 26 de octubre de 2023 para inscribirse como candidato a la presidencia. Cuando lo haga, como lo ha adelantado, Bukele cometerá un acto ilegal, el de proponerse para la reelección. Ilegal será su inscripción, ilegal será su candidatura e ilegal será su segundo periodo presidencial, que sin duda logrará con los votos de la mayoría de mis compatriotas.
Culminará así el desmontaje del aparato democrático que Bukele inició desde que juró como presidente por primera vez el 1 de junio de 2019. Terminará así un periodo de 30 años de alternancia en el Ejecutivo que inició en El Salvador el 16 de enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a un conflicto armado que en 12 años cobró la vida de unos 70,000 salvadoreños. Es una cantidad similar a la cifra de personas a las que el gobierno de Bukele ha metido presas durante su régimen de excepción, piedra angular de su primera gestión presidencial.
No hay jurista serio en El Salvador, mucho menos especialistas en derecho constitucional, que avalen la legalidad de la reelección de Bukele.
Una cosa es cierta, el camino de Nayib Bukele hacia la destrucción de la democracia salvadoreña empezó con uno de los actos democráticos por excelencia, que es la posibilidad del soberano de escoger, con elecciones libres y justas, a sus gobernantes. El Salvador decidió, en 2019, entregar la presidencia a Bukele y luego, en 2021, darle una amplia mayoría legislativa. Con eso, y acompañado desde entonces por índices de popularidad por arriba del 80% que apenas han variado, el nuevo mandatario emprendió, ya sin consulta democrática de por medio, su asalto a las instituciones para lograr el poder absoluto.
A partir de la decisión democrática de los salvadoreños, Nayib Bukele desplegó su plan antidemocrático e inició una campaña de actos ilegales hasta llegar a donde está ahora, a un paso de la reelección, de espaldas a la Constitución.
El primer acto ilegal fue el reemplazo de los magistrados del Supremo, a quienes aún les faltaban varios años para terminar su periodo. Sin seguir lo que explícitamente dice la ley de la república, por ejemplo que los candidatos a magistrados deben de ser elegidos de una lista elaborada por el Consejo Nacional de la Judicatura, los diputados de Bukele nombraron, a dedo, a magistrados dóciles. Fueron esos magistrados quienes, después, hicieron una interpretación que según ellos avala la reelección presidencial. Esa es la triquiñuela que Bukele usará para presentar su candidatura para un segundo periodo.
También necesitaba Bukele, para llevar adelante su plan de reelección, controlar la institución encargada de ejercer, en nombre del Estado, la acción penal contra las personas que transgreden las leyes del país. Al decir de varios analistas constitucionales, Bukele y quienes promueven su reelección han cometido delitos contra el orden constitucional, lo cual, de ser así, ameritaría una investigación de la Fiscalía General de la República. Pero Bukele tampoco afronta ese riesgo: junto a los magistrados, los servidores del presidente en el congreso eligieron a un fiscal que ha garantizado la persecución de adversarios políticos de Bukele mientras entierra u omite investigaciones a los aliados del poder actual.
El mecanismo para nombrar al fiscal bukelista también fue irregular. Recién juramentados, lo legisladores del presidente destituyeron a Raúl Melara, fiscal general hasta 2019, con el argumento de que tenía vínculos políticos con ARENA, partido derechista de oposición. Melara nunca fue un fiscal del todo independiente de Bukele, pero, a fuerza de presión internacional, supervisó algunas investigaciones por corrupción al entorno presidencial.
Lo que Bukele necesitaba, sin embargo, era sumisión absoluta; la encontró en Rodolfo Delgado, un ex empleado de un consorcio montado con una millonaria operación de lavado de dinero proveniente de la petrolera estatal venezolana. Delgado ha hecho lo que el presidente necesita: silencio ante los desmanes propios y represión a las voces disidentes. Bukele, como Delgado, también recibió dinero de ese consorcio, que se llama Alba Petróleos.
Así, con los tres poderes del Estado a sus pies, la oposición empequeñecida y los medios de comunicación independientes diezmados por amenazas de persecución penal espuria, y con su popularidad intacta, Nayib Bukele se apresta a inscribirse como candidato a la reelección, algo que, insisto, está prohibido por la ley primaria salvadoreña.
Si nada se tuerce en el plan, algo que parece imposible a estas alturas, Nayib Bukele será presidente de El Salvador de 2024 a 2029 y se convertirá en el primer mandatario en reelegirse desde que, en los años 30 del siglo pasado lo hizo el dictador Maximiliano Hernández Martínez, a quien la historia señala como el autor de un exterminio de campesinos indígenas en 1932. Martínez, como Bukele, ocupó triquiñuelas legales para rodear prohibiciones legales a la reelección.
Antes de adelantar qué le espera al país en un segundo gobierno Bukele, cabe resumir qué pasó en el primer término. Parece incontestable que el presidente profundizó una tendencia de baja en crímenes que venía ocurriendo desde al menos 2014, y que logró golpear el funcionamiento de las pandillas MS13 y Barrio 18 en las calles gracias a un pacto con los liderazgos de esas organizaciones y a la instalación de un régimen de excepción que ha limitado los derechos de defensa de los salvadoreños desde marzo de 2022.
Informes, reportajes, testimonios y algunas cifras hablan de la pacificación de muchos territorios que, hasta hace poco, eran dominados por las pandillas. Pero desde que empezó el régimen de excepción, academia, periodismo y organizaciones de derechos humanos han descrito un país en el que el control que antes ejercían las pandillas empieza a ser sustituido por una fuerza pública sin control que abusa de su poder en los barrios y comunidades más empobrecidas del país. Se sabe ya de violaciones sexuales, extorsiones y centenares de detenciones arbitradas cometidas u ordenadas por agentes del ejército o la policía.
Llegará Bukele a su segundo periodo, además, con una situación financiera precaria. Medidas populistas, nula transparencia en el uso del erario, acusaciones creíbles de corrupción en todos los niveles del gobierno, poca disciplina fiscal y distanciamiento de los recursos crediticios multilaterales provocado en buena medida por la fallida política Bitcoin han opacado el crecimiento en la recaudación fiscal. Una de las respuestas del presidente a esta precariedad financiera fue echar mano del dinero de pensiones de los trabajadores.
Y entrará el presidente a su segundo mandato con todo el aparato democrático dinamitado y con la posibilidad real de reelegirse de forma continua en un ecosistema político del que él es el dueño absoluto. Como lo intentó hacer Juan Orlando Hernández en Honduras.
El paso definitivo en este camino, la inscripción del presidente Bukele como candidato para convertirse, otra vez, en el presidente Bukele ocurrirá en las próximas horas. Como nota al pie: es muy posible que los calendarios políticos y diplomáticos permitan que todo ocurra mientras está en El Salvador Brian Nichols, el diplomático estadounidense de más alto rango en asuntos latinoamericanos; es muy posible que el representante de Joe Biden, cuyo gobierno renegó hace no mucho de la reelección en El Salvador, termine tomándose la foto con Bukele horas antes o después de que el presidente salvadoreño formalice su candidatura ilegal.
