Los exdiplomáticos estadounidenses consideran que es esencial que el presidente Alejandro Giammattei, actúe para atender el llamado de los pueblos que exigen el apartamiento del cargo de la fiscal general del Ministerio Público, para garantizar que se respete la elección democrática y soberana de los ciudadanos guatemaltecos y la transición pacífica del poder a través de estas elecciones el 14 de enero de 2024.El llamado surge en el día 19 de paro nacional indefinido.
Por Alexander Valdéz
Las manifestaciones pacíficas lideradas por las alcaldías indígenas y ancestrales, organizaciones sociales, colectivos, estudiantes universitarios y ciudadanos, quienes piden la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, siguen generando eco a nivel internacional.
Esta vez, un grupo de 14 exembajadores y altos funcionarios estadounidenses que prestaron servicio diplomático en Guatemala, firmaron una carta en la que piden al presidente de la República, Alejandro Giammattei, que tome todas las “medidas legales y necesarias” para frenar las acciones de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
“Pedimos respetuosamente al presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que en aras de frenar la inestabilidad política, tome definitivamente todas las medidas legales y necesarias para frenar los esfuerzos de la Fiscal General María Consuelo Porras, mientras ella y sus partidarios intentan continuamente subvertir la voluntad democrática del pueblo guatemalteco. Observada de cerca por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, la segunda vuelta de las elecciones del 20 de agosto produjo un resultado transparente, legal, constitucional y abrumador: la elección popular del presidente electo Bernardo Arévalo”, indica parte de la misiva.
Los firmantes de la carta aseguran que Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso, el juez Fredy Orellana y otros que se oponen a los resultados electorales que acreditan como presidente electo a Bernardo Arévalo, han ejecutado acciones que intentan eliminar su victoria electoral. Además, consideran que dichos actos equivalen a un Golpe de Estado postelectoral en cámara lenta contra el sistema democrático de nuestro país.
“Desde el regreso de Guatemala a la democracia en 1985, los gobiernos guatemaltecos siempre han respetado los resultados de las elecciones presidenciales. Sostenemos que, ante una amenaza clara y presente a la democracia guatemalteca por parte de la fiscal general, el presidente Giammattei debe actuar de manera decisiva para garantizar que la voluntad soberana del pueblo guatemalteco sea respetada e implementada. Como estadounidenses, sabemos que este trabajo para consolidar la gobernabilidad democrática nunca debe darse por sentado, ni siquiera en nuestro propio país”, añadieron.
Un movimiento ciudadano que tomó fuerza
Lo que inició como una convocatoria más, para rechazar las acciones de criminalización dirigidas por el MP, o el golpe de Estado como lo nombró el presidente electo Bernardo Arévalo y otros sectores de la sociedad civil guatemalteca, se convirtió en un movimiento ciudadano fuerte, que se mantiene firme en las manifestaciones pacíficas y en su pedido de renuncia de la fiscal Porras, y otros funcionarios que buscan criminalizar a periodistas, operadores de justicia, activistas, y políticos de oposición.
Este 20 de octubre se conmemoran 79 años de la Revolución de 1944 y 19 días del paro nacional indefinido que ya cobró la primera vida, con el asesinato del agricultor Francisco Gonzalo Velásquez Gómez, por un grupo armado encabezado por la seguridad privada del alcalde electo de Ocós San Marcos.
Identifican a guardaespaldas del alcalde electo de Ocós en el ataque armado en San Marcos
Diferentes sectores de la sociedad civil, comunidades indígenas, estudiantes universitarios, sindicatos de trabajadores y colectivos urbanos se han concentrado en diferentes puntos del país desde horas de la mañana. Las caminatas se han dirigido hacia la Plaza Central y la sede central del MP, y exigen el respeto a la democracia, un alto a la corrupción y el respeto de la voluntad popular manifestada en las urnas en las pasadas elecciones.
Han transcurrido tres semanas desde el comienzo del Paro Nacional, mismo que se ha criminalizado por el MP, Organismo Ejecutivo y Judicial. Pero, pese al intento por impedir que los guatemaltecos sigan manifestando, las movilizaciones han continuado.
Otra nota relacionada:
