Conmemorando las resistencias históricas de los pueblos originarios y campesinado de Iximulew este mes de octubre.
Por Byron Gálvez-Campos
En 2015, luego del estallido social que se suscitó debido a las evidencias puestas al descubierto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a propósito del involucramiento de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en el caso de defraudación aduanera conocido popularmente como “La Línea”, las manifestaciones sociales desembocaron en la renuncia del binomio presidencial de turno. En aquel entonces, se observó cómo varios sectores de la población confluyeron en marchas que, desde diferentes puntos de las arterias de la ciudad de Guatemala, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, expresaron su hartazgo en contra de una clase política totalmente impresentable –inclusive, para quienes les colocaron en el poder.
Se podía observar que grupos de clase dominante, y que históricamente han ostentado el poder en este país, como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), llegaron a unirse a la moción popular. Desde Mcdonald’s y Dunkin Donuts cerrando sus establecimientos y pronunciándose a favor del clamor popular hasta el mismo CACIF, que hoy en día se posiciona en contra de las manifestaciones pacíficas que exigen la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana –quienes han transgredido el orden constitucional al violar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, deslegitimando la victoria del actual binomio presidencial electo por la población el pasado 20 de agosto.
¿Cómo el escenario actual se diferencia del de hace 8 años? ¿Por qué la fuerza popular que defiende la democracia ha escalado, de forma articulada, hasta realizar manifestaciones pacíficas en varios puntos clave del país?
En 2015, a pesar de haberse logrado la renuncia del binomio presidencial de turno, las cosas cambiaron para que no cambiara nada –como históricamente ha sucedido con los cambios orquestados por los mismos poderes de turno. A diferencia de la intervención de la CICIG, que desnudó los actos de corrupción del binomio presidencial de turno en 2015, el contexto actual se caracteriza por la defensa de la democracia a través de la expresión popular en las urnas el pasado 20 de agosto –la cual no está acuerpada por los mismos actores como el CACIF en 2015. Esto se debe a que la coyuntura actual se trata no únicamente de exigir la renuncia de una clase política impresentable, para pasar a otra que sea más de lo mismo –colocada cual Jimmy Morales, por poderes de facto–, sino de exigir que se respete la decisión popular a favor de un proyecto de gobierno electo de forma legítima.
Además de esto, la posición del pueblo que se manifiesta pacíficamente en las calles no fue en principio motivada por una intervención extranjera como la que sucedió en 2015 a través de la CICIG, sino que ha sido gatillada por el sector de la población que históricamente más ha dado la cara por la democracia de este país. Se trata de movimientos de pueblos originarios y campesinado, a quienes históricamente se les ha discriminado y excluido de toda decisión política. Dicha discriminación se ha materializado de forma pragmática en el inacceso a recursos básicos como el agua, los alimentos y la energía; y de forma simbólica, e igual de grave, a través de la privación del derecho a la existencia de sus formas identitarias.
Por poner un ejemplo en el plano pragmático, es Guatemala el país que más genera y exporta energía eléctrica en la región Centroamericana y, a la vez, según la CEPAL, el país latinoamericano con uno de los peores índices en pobreza energética per cápita [1]. Estas dinámicas se ven retratadas en el norte del país, en donde se concentra gran proporción de la generación de energía hidroeléctrica y en donde se tiene la menor cobertura de energía eléctrica. Es ahí en donde también poblaciones originarias arrojan los peores índices de desarrollo humano [2]. Los megaproyectos energéticos no solo no proveen de acceso a la energía eléctrica, sino que también destruyen medios de vida y relaciones socio-ecológicas clave para la formación de identidad cultural. Lo mismo sucede en el Estor, Izabal, en donde, en nombre de la transición energética del norte global, se extrae níquel de forma ilegal –pasando por alto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas–, en aras de suplir las demandas que inducen la construcción de baterías para vehículos eléctricos [3].
Estas y otras múltiples dinámicas extractivistas y neocoloniales siguen erosionando la democracia en este país pluricultural. No es sorpresa entonces que el sector, que representa a más del 40 por ciento de la población, sea el que siga haciendo las lecturas estratégicas más agudas a propósito de los momentos históricos cruciales en los cuales se deban manifestar para defender sus derechos y, como han identificado en la coyuntura actual, una ventana de oportunidad irrepetible para recuperar una democracia secuestrada por las clases dominantes de este país.
De mucha esperanza es que, motivados por movimientos y autoridades de los pueblos originarios y campesinado de este país, muchos nuevos liderazgos estén despertando, reconociendo su rol en la defensa por la democracia que ahora acuerpa la digna lucha de grupos históricamente excluidos en este país. No es momento de bajar los brazos, si no de seguir defendiendo con mucha esperanza esta ventana de oportunidad histórica para Guatemala. ¡La democracia se defiende! ¡No está en venta! ¡Ni es negociable!
Un profundo agradecimiento para los 48 cantones de Totonicapán, a las resistencias de los pueblos originarios y campesinado y para jueces, fiscales, periodistas y liderazgos que han sido victima de este sistema que todo lo tuerce, todo lo criminaliza. ¡Hasta la victoria!
Referencias:
[1] R. Calvo, N. Álamos, M. Billi, A. Urquiza, y R. Contreras Lisperguer, “Desarrollo de indicadores de pobreza energética en América Latina y el Caribe”, sep. 2021, Consultado: el 12 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://hdl.handle.net/11362/47216
[2] PNUD, “INFORME NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO. Desafíos y oportunidades para Guatemala: hacia una agenda de futuro La celeridad del cambio, una mirada territorial del desarrollo humano 2002 – 2019 | Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo”, 2022. Consultado: el 12 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.undp.org/es/guatemala/publicaciones/informe-nacional-de-desarrollo-humano-desafios-y-oportunidades-para-guatemala-hacia-una-agenda-de-futuro-la-celeridad-del
[3] EJatlas, “The Global Atlas of Environmental Justice.” Consultado: el 12 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://ejatlas.org/
