Por Francisco Rodas
Hay algo que no cuadra en la estrategia golpista del Giammattei. Por una parte, les da rienda suelta a sus sabuesos institucionales para perseguir al partido Semilla, desbancar a Arévalo del cargo presidencial, sumir en el sótano la autoridad del Tribunal Supremo Electoral y teñir de constitucional la represión contra la protesta social. Pero, por otra parte, pide al secretario general de la OEA, Luis Almagro, su mediación para detener un paro que no está por concluir, arbitrar en un conflicto que el mismo presidente provocó.
En primer lugar, esta solicitud hace de la defensa soberana sostenida por el golpismo un concepto locuaz, y por tanto una iniciativa que suscita sospecha. En segundo lugar, la invitación podría proyectar una manera de aceptar que ellos no pueden ser interlocutores válidos dado sus escandalosos intereses por prolongar el régimen de corrupción e impunidad.
Haciendo uso de nuestra proverbial cultura güizache y golpista, alguien puede ocurrírsele decir que tanto Almagro como la instancia que representa, la OEA, no pueden hacerla de mediadores, dado que ya han expresado opinión, todas ellas con una unanimidad desfavorable al gobierno y a su elenco de entidades cooptadas.
Recordemos que la mal llamada “injerencia extranjera” se originó por invitaciones del mismo gobierno respecto al conflicto. Fruto de su última visita, donde Almagro cayó en la cuenta que la Fiscal Consuelo Porras le había tendido una emboscada que por poco llega a linchamiento, el representante de la OEA centró sus observaciones en el actuar del Ministerio Público señalando que “hechos como los que surgen de una fiscalía del Ministerio Público, así como un juzgado penal al pretender suplantar al Tribunal Supremo Electoral, vulnerando la voluntad popular…”. Recalcó además que “la habilitación o inhabilitación de un partido político no puede provenir de un juez, sino del registro ciudadano, que tiene la potestad de cancelar o suspender a un partido político”. Almagro finalizó diciendo: “Tampoco podemos permitir que una Fiscalía sin competencias en temas electorales rompa nada y menos rompa la institucionalidad y la Constitución del país”.
Con esas opiniones, si la función de un mediador es propiciar un acuerdo entre las partes, de modo que todos queden satisfechos en el marco de unas reglas justas y apegadas al marco constitucional y democrático, Giammattei va estar en serios aprietos porque es el único que puede y debe tomar decisiones, ya que no es posible que se llame a alguien para interceder en el conflicto y luego se opte por no ceder un ápice.
A estas alturas, Almagro aceptó la invitación de mediar, incluso trazó la metodología para este ejercicio conciliatorio. Por un lado, no habría una reunión entre las partes en conflicto, es decir que se descarta una eventual mesa de negociación; por el otro, la comisión nombrada por la OEA entregaría un documento donde se hacen recomendaciones que le pongan fin al conflicto.
Si la perspectiva de dicha comisión se mantiene acorde con la posición de los países miembros y de su secretario general, se descarta pedir las cabezas del equipo golpista dentro del MP, no porque no visualicen a los que espolean el complot sino porque está fuera de su competencia, concentrándose en todo caso en buscar mecanismos para desactivar todos los dispositivos dirigidos a producir un golpe de estado o interrumpir el proceso de transición presidencial.
Para lograr estos objetivos, a lo sumo la comisión de la OEA se circunscribiría a dos cuestiones: 1) Ampliar el período electoral hasta el 14 de enero de 2024, para blindar la transición de nuevas conspiraciones y 2) Que el gobierno admita como máxima autoridad al Tribunal Supremo Electoral responsable del proceso electoral y los asuntos relacionados con los partidos políticos, tal como determina la LEPP, sustrayendo al sistema de justicia complotistas de cualquier otra acción arbitraria.
Si bien estas proposiciones podrían detener la efervescencia del #ParoNacional, el rechazo en las calles ha crecido a tal grado que nadie quiere dar un paso atrás si antes no se obtiene la renuncia de la fiscal general, del jefe de la FECI y del juez Orellana.
En estas movilizaciones no hay venganzas ni resentimientos, expresan la intención de ejercer una pequeña parte de la justicia contra funcionarios que se atrevieron a violentar la voluntad popular. Una lección para que no se vuelva a repetir.
Al final, la medida de socorrerse de la mediación externa puede convertirse en un callejón sin salida para el régimen, porque quienes piden esa ayuda son los mismos que han quebrantado el estado de derecho y la democracia.
