Organizaciones y defensores de derechos humanos celebraron la resolución de la Corte. Sin embargo, el Congreso insiste en aprobar la iniciativa de ley 6099 al pedir de nuevo una Opinión Consultiva sobre el proyecto a la CC.
Por Isela Espinoza
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un comunicado en el que señala que el pasado 20 de octubre resolvió, entre otros puntos, requerir al Estado de Guatemala, “que, a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia a iniciativas de ley que conceden una amnistía para las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno”.
La Corte IDH hace referencia a las iniciativas 5920 y 6099. La primera fue impulsada por el bloque legislativo de Valor, sin embargo, obtuvo poco apoyo en el Congreso. La 5920 buscaba la creación de la Ley de Consolidación de la Paz y Reconciliación.
Ahora, la iniciativa 6099 Ley de Fortalecimiento para la Paz busca otorgar amnistía a militares que habrían incurrido en delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada entre el 13 de noviembre de 1960 y el 29 de diciembre de 1996 en territorio guatemalteco. De aprobarse se beneficiaría a los militares condenados, ligados a proceso penal o con órdenes de captura por delitos cometidos durante el enfrentamiento armado interno.
En el comunicado, la Corte IDH también resalta que estas iniciativas “disponen la persecución penal de los operadores de justicia que continúen avanzando en la investigación y juzgamiento de los 14 casos que tienen sentencia de la Corte” entre ellos el de miembros de la Aldea Chichupac y el caso Molina Theissen.
Además, la Corte solicita al Estado presentar, a más tardar el 4 de diciembre de este año, un informe “completo y detallado” sobre el cumplimiento de no adoptar iniciativas de ley de amnistía para militares. Asimismo, tras entregar este informe también deberá continuar con esta acción cada tres meses “sobre las medidas provisionales adoptadas”, se lee en el comunicado.
La @CorteIDH resolvió que el Estado de #Guatemala no puede adoptar las iniciativas de ley 5920 y 6099 que buscan #amnistía para los responsables de violaciones a los #DDHH del conflicto armado.
Compartimos la parte resolutiva de la decisión del 20 de oct de 2023 👇🏻 pic.twitter.com/6DPmWYFuFN
— Impunity Watch en Español (@ImpunityWatchGt) October 24, 2023
Congreso insiste en aprobar amnistía
En los últimos cinco años, diputados afines a los militares buscan que proyectos de ley similares sean aprobados en el Congreso. Esta es la tercera ocasión que se insiste en este tipo de beneficios ya que previo a la iniciativa 6099, surgió en 2017 la iniciativa 5377 que avanzó hasta un segundo debate en marzo de 2019.
En esa ocasión, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un amparo que prohibió su discusión y aprobación en el Congreso debido a la violación de acuerdos y tratados internacionales. A esta le siguió la 5920, que no consiguió un dictamen favorable en el hemiciclo.
Este año, el Congreso ha vuelto a insistir con la iniciativa 6099. El pasado 27 de septiembre, los parlamentarios respaldaron con 86 votos a favor y 31 en contra enviar la iniciativa a la CC para una opinión consultiva sobre la viabilidad de aprobar el proyecto de ley.
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Esta votación se dio luego que, durante el primer debate, la diputada por Chimaltenango, Petrona Mejía, presentó una moción privilegiada para que la CC determine si su eventual aprobación violenta los principios contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala o en tratados o convenios en materia de derechos humanos que el país ha ratificado.
Pero, el 16 de octubre la CC resolvió no dar trámite ni responder a la “Opinión Consultiva” realizada por la presidenta del Congreso, Shirlie Rivera, debido a que no se cumplió con los requisitos que establece este tipo de peticiones legales.
A pesar de la resolución, el lunes 23 de octubre el Congreso dio a conocer que se volvió a enviar a la CC una nueva solicitud de Opinión Consultiva. Según una nota de Prensa Libre, Rivera afirmó que, tras la respuesta negativa de la CC, el Departamento Jurídico del Congreso verificó que la nueva solicitud tuviera los requisitos legales. Esta fue recibida el pasado jueves 19 de octubre.
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Mientras el Congreso espera que la CC emite respuesta, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, la diputada de Winaq, Sonia Gutiérrez y la hermana de Marco Antonio y Emma Molina Molina Theissen celebraron la resolución de la Corte IDH.
“Exigimos al Estado el pleno cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana para que estas iniciativas ilegales sean archivadas inmediatamente. No debe haber amnistía para los autores materiales ni intelectuales de desapariciones, tortura y otros crímenes de lesa humanidad”, reaccionó en la red social X, Ana Lucrecia Molina Theissen.
El pasado 6 de octubre se cumplieron 42 años de la detención y desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen en 1981.
