La CC no respondió a la “Opinión Consultiva” que hizo el Congreso de la República, debido a que a su consideración no se cumplió con los requisitos que establece ese tipo de peticiones legales.
Por Alexander Valdéz
El pasado 27 de septiembre, el Congreso de la República decidió que la iniciativa 6099 Ley para el Fortalecimiento de la Paz, fuera enviada a la Corte de Constitucionalidad (CC) para una opinión consultiva sobre la viabilidad de aprobar el proyecto de decreto.
La iniciativa 6099 tiene como objetivo extinguir toda responsabilidad penal de los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno, específicamente entre el 13 de noviembre de 1960 y el 29 de diciembre de 1996.
Durante el primer debate del proyecto de ley, la diputada por Chimaltenango, Petrona Mejía, presentó una moción privilegiada para que la CC determine si su eventual aprobación violenta los principios contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala o en tratados o convenios en materia de derechos humanos que el país ha ratificado.
La propuesta fue respaldada con 86 votos a favor, 31 en contra y 43 ausencias. De esta cuenta la Junta Directiva del Congreso de la República envió la iniciativa de Ley 6099 a la CC para que emitiera la opinión consultiva.
Al no haber una respuesta, el Congreso deberá definir el paso a seguir respecto a la iniciativa antes descrita. Es decir, si continúa o no su discusión en el Organismo Legislativo.
La CC rechaza la solicitud del Congreso
La Corte de Constitucionalidad (CC) no respondió a la consulta legal realizada por la presidenta del Congreso de la República, Shirlie Rivera, sobre la viabilidad de la iniciativa 6099.
La CC no accedió a dar trámite ni a responder a la “Opinión Consultiva” que hizo dicho organismo de Estado, debido a que a su consideración no se cumplió con los requisitos que establece ese tipo de peticiones legales.
“Al no cumplirse con los presupuestos necesarios, se advierte que la presente solicitud no reúne los supuestos en los cuales se autoriza requerir la intervención de este Tribunal para emitir la opinión pretendida En consecuencia, al quedar vedada la posibilidad de que esta Corte pueda realizar pronunciamiento alguno, la presente solicitud debe ser rechazada”, resolvió la CC.
La consulta que hizo la titular del Congreso y que no fueron respondidas, eran las siguientes: ¿Si el proyecto de decreto contenido en el dictamen a la iniciativa de ley 6099, violenta principios contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala?, ¿Si el proyecto de decreto identificado con el número de registro 6099, violenta tratados o convenios en materia de derechos humanos que Guatemala haya ratificado o sea parte?
El proyecto de ley busca que se reconozca el derecho de amnistía otorgada a favor de los integrantes del Ejército de Guatemala y de los demás cuerpos de seguridad del Estado, así como miembros de los grupos insurgentes que cometieron delitos entre el 13 de noviembre de 1960 y el 29 de diciembre de 1996 en territorio guatemalteco.
Además, contempla procedimientos para que los militares que ya han sido condenados o se encuentren ligados a proceso penal por delitos cometidos dentro del contexto del enfrentamiento armado interno, puedan obtener su inmediata libertad. El mismo beneficio aplicaría para las personas contra quienes se hubiese girado órdenes de aprehensión
La iniciativa 6099 también pretende que el Ministerio Público (MP) se abstenga de ejercer la acción penal en los procesos que se encuentren bajo investigación, para ello pretende que exista responsabilidad administrativa y penal para los fiscales, jueces y tribunales que retarden, dificulten u obstaculicen la aplicación de la amnistía para los procesados por delitos de guerra cometidos durante el conflicto armado interno.
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Congreso pide consulta a la CC sobre iniciativa de amnistía de crímenes de guerra
