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Pidieron a la OEA y la UE aplicar sanciones a quienes atentan contra la vida de la ciudadanía que han salido a las calles en defensa de la democracia y rechazaron que el Gobierno, en alianza con el crimen organizado, atente contra la vida de la población.

Por Isela Espinoza

Un día después del ataque de un grupo armado contra manifestantes en Orizaba, Malacatán, San Marcos, que dejó una persona fallecida y dos heridas, las autoridades ancestrales rechazaron los desalojos violentos por parte de actores vinculados al crimen organizado y el partido político Vamos, del presidente Alejandro Giammattei.

Durante una conferencia de prensa convocada por autoridades indígenas, entre ellos de los 48 Cantones de Totonicapán, de Palín y Sololá, exigieron al Ministerio Público que inicie una investigación para dar con quienes promovieron los desalojos violentos entre ellos la Fundación contra el Terrorismo.

En un comunicado, los 48 Cantones expresaron su solidaridad con los manifestantes que en los 16 días de resistencia pacífica en defensa de la democracia han sufrido ataques entre ellos la comunidad indígena maya Ch’orti’ de Quezaltepeque, Chiquimula; Moyuta, Jutiapa; Palín, Escuintla; Petén; El Asintal, Retalhuleu; carretera a El Salvador, en la ciudad de Guatemala y Malacatán, San Marcos.

“Rechazamos que el crimen organizado se haya atrevido a quitarnos lo más sagrado de nuestros hermanos que perdieron la vida por luchar por una miseria de democracia que queda porque la han robado y desaparecido los corruptos”, dijo una de las autoridades de Palín.

Agregaron que a pesar de la intimidación y el ataque que dejó una persona fallecida continuarán   con las manifestaciones pacíficas “porque si hay que dar vidas por la democracia continuaremos en resistencia”, agregaron.

Por aparte, Alida Vicente, autoridad de la Alcaldía Indígena del pueblo Poqomam de Palín, responsabilizó al Estado de estas acciones. “Lo tomamos como persecución política en contra de las legítimas autoridades de este país”, dijo Vicente.

Además, hizo un llamado al consejo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) para que sancione “de manera drástica” a todos los actores “específicamente de carácter empresarial que están financiando este golpe de Estado”, subrayó.

Las autoridades indígenas reiteraron su llamado a la población que apoya las manifestaciones a continuar con las demandas entre ellas la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, de sus aliados Rafael de Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como el juez Fredy Orellana. “Actores que han atentado contra la democracia y han ejecutado delitos contra la constitución tienen que ser perseguidos y por eso es nuestra lucha”, agregó Vicente.

Ataque en San Marcos

El lunes, después del mediodía, un grupo de más de 50 hombres armados con palos y armas de fuego llegaron al kilómetro 272 de la carretera CA2 Occidente, lugar conocido como crucero de Orizaba, en donde los manifestantes tomaron la carretera de forma pacífica.

Varios videos que fueron publicados en tiempo real en distintas redes sociales por la población, evidencian que el grupo armado llegó con la intención de desalojar por la fuerza a los pobladores.

Horas después del ataque, parte del grupo fue identificado por vecinos como equipo de seguridad del alcalde electo de Ocós, Álvaro Guillermo López Rabanales, quien pertenece al partido oficial Vamos.

Otro de los videos muestra que minutos antes del ataque armado, agentes de la PNC y antimotines están reunidos con este grupo armado. Después del ataque, otro de los videos muestra cómo los agentes de la PNC evacuaron del lugar a este grupo armado. Al pasar por las calles, la gente les tiró piedras en repudio a este hecho.

El Ministerio de Gobernación a través de un comunicado confirmó que en el “incidente estuvieron involucradas cerca de 50 personas que llegaron con armas de fuego, palos y piedras con la intención de desalojar a los manifestantes”. El texto cita el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) que señala que en el ataque resultaron tres personas heridas sin referirse a la persona fallecida.

Según el Ministerio de Gobernación, los agentes de la PNC “que “brindaban seguridad” en el área “permanecían sin armas” y tras el ataque fueron detenidos 11 presuntos responsables, así como la incautación de dos vehículos y cuatro armas de fuego de diferente calibre.

El presidente de los 48 Cantones, Luis Pacheco, pidió a la población no caer en la desinformación. Además, agradeció el respaldo de las personas y confirmó que continuarán en la lucha hasta que la población lo decida.

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