El 31 de octubre concluye el proceso electoral en Guatemala. Con la persecución judicial en contra del partido Movimiento Semilla y el gobierno electo no solo se pone en riesgo a una agrupación política sino la democracia del país y el comienzo de la recuperación de la institucionalidad.
Por Regina Pérez
La crisis generada por las acciones de la fiscal general, Consuelo Porras, continúa en el país. La misma podría agravarse después del 31 de octubre cuando culmine el proceso electoral y finalice la protección que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorgó al partido Movimiento Semilla que evita su cancelación como agrupación política.
Semilla, que impulsó a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera como binomio presidencial logró la victoria la noche del 20 de agosto, cuando consiguió el 58 % de los votos. Pero con una investigación en marcha y ataques desde el Ministerio Público (MP) y el juzgado de Fredy Orellana el camino hacia el 14 de enero se ve cuesta arriba.
Para el partido uno de los principales objetivos es que la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelva lo antes posible las acciones presentadas, para revertir la orden del juez Orellana, que ordenó la cancelación del partido y así poner fin a la persecución política en su contra.
Abogados y hasta el presidente electo han calificado lo que ocurre como un golpe de Estado. Y los personajes que están detrás del mismo están plenamente identificados.
La tarde del 18 de septiembre Arévalo y Herrera presentaron una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia contra de la fiscal general, Consuelo Porras; el juez Fredy Orellana; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y la fiscal Cinthia Monterroso, recién ascendida por Porras a la Fiscalía Regional de Noroccidente-Zacapa.
Los funcionarios de justicia fueron denunciados por interferencia indebida y arbitraria en el proceso electoral. Con el amparo se busca el cese inmediato de coacciones, intimidaciones y criminalización contra el TSE y el binomio presidencial electo.
Días antes, el 12 de septiembre, la FECI dirigió dos nuevos allanamientos autorizados por el juez Orellana, uno en el Registro de Ciudadanos, del TSE, y otro en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), en el Parque de la Industria, de la zona 9.
En este operativo los fiscales abrieron cajas electorales, violando con ello la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). La acción fue calificada como “sin precedentes” por la directora electoral del TSE, Gloria López.
Estos nuevos ataques judiciales también llevaron al presidente electo Bernardo Arévalo a suspender el proceso de transición que ya se había iniciado con el gobierno de Alejandro Giammattei. En una conferencia de prensa Arévalo llamó por nombre y apellido a los causantes de esta crisis. “Los golpistas deben renunciar”, indicó.
Entre ellos mencionó a la fiscal general Porras, a Curruchiche, jefe de la FECI; y al juez Orellana, a quienes señaló de estar detrás de la escalada de un golpe de Estado en desarrollo, que inició desde la primera vuelta electoral.
Intentos desesperados para preservar la impunidad
La construcción de escenarios con miras al 31 de octubre y posterior a esa fecha es difícil, refiere el politólogo Ricardo Sáenz de Tejada. El mejor panorama es que se cumpla lo que afirma el presidente Giammattei sobre entregar el Ejecutivo a Arévalo y que haya una transición ordenada, sin embargo, esto no está pasando.
El diputado Samuel Pérez, jefe de bancada de Semilla, explicó que el objetivo es que la CC resuelva lo antes posible los amparos que han presentado. “No queremos llegar al 31 de octubre y tener que adoptar otras medidas, acciones legales, amparos preventivos, sino que quisiéramos que la CC asuma su rol en este momento y ponga fin a esta persecución política, que no solo está poniendo en riesgo el partido, sino también la voluntad popular y la democracia en Guatemala”, afirmó.
El pasado martes, Semilla informó que aún existen acciones constitucionales pendientes por resolver sobre la orden ilegal y arbitraria del juez Orellana que busca suspender la personalidad jurídica del partido.
¿Qué es lo que está en juego? Sáenz de Tejada hace dos consideraciones: la primera, Porras, Curruchiche, la fiscal Monterroso, el juez Orellana, saben que cometieron delitos graves y que tarde o temprano cuando termine el mandato de la fiscal general van a terminar en prisión, opinó.
Y la segunda, Porras no renunciará, más bien está actuando en un intento desesperado para preservar su propia impunidad y la impunidad de los grupos a los cuales responde, que son las Redes Político-Económico Ilícitas, donde participan políticos, funcionarios, empresarios, proveedores del Estado, grupos criminales, que quieren garantizarse impunidad y seguir haciendo del Estado su botín, manifestó el politólogo.
Para Pérez en Guatemala existía un régimen de corrupción e impunidad que en otras ocasiones lo representaba el expresidente Jimmy Morales, ahora Giammattei y los diputados oficialistas, varios magistrados y jueces que han vivido de este sistema.
En este momento la cara más visible son Porras, Curruchiche, Orellana y Monterroso. “Están en una actitud de llegar al final de las consecuencias, incluso si eso significa tumbarse la democracia en Guatemala”, señaló el diputado.
Un golpe de Estado que puede ser detenido por la CC
Algunos analistas y abogados, además del presidente electo, han calificado lo que ocurre como un golpe de Estado.
El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, calificó las acciones del MP como ilegales, pues está irrespetando la voluntad del pueblo en las urnas. “Es un golpe de Estado técnico, se está utilizando el andamiaje jurídico y el proceso penal en detrimento de lo que dispone la legislación como la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP)”, indicó, luego de los operativos del pasado 12 de septiembre.
Para el abogado Oswaldo Samayoa, la mayoría de personas no se atreven a llamarlo golpe de Estado, pero ahora es más que evidente, porque los efectos que está buscando es la desestabilización del poder político del país, afirmó.
Samayoa considera que los funcionarios del MP que están detrás de estas acciones deberían ser detenidos y enfrentar un juicio, entre ellos las autoridades del Ministerio de Gobernación, por permitir que la policía se preste a este tipo de operaciones contra la Constitución, incluyendo el presidente Alejandro Giammattei “porque están rompiendo el orden constitucional”.
Lo que está sucediendo en Guatemala es similar a lo que ocurrió en 1993, cuando el entonces presidente Jorge Serrano Elías dio un autogolpe de Estado al disolver el Congreso y la CSJ. En ese entonces, la CC actuó de oficio para mantener el orden constitucional.
Sáenz de Tejada señala que el máximo tribunal podría actuar de oficio y en defensa de la constitución y el orden democrático, tal como lo hizo en 1993, pues tiene la suficiente autoridad para intervenir.
Por su parte Pérez dijo que los magistrados de la CC son quienes están llamados en este momento a detener todo esto, “no es la Corte Suprema, no es el gobierno, porque no lo va a hacer por voluntad propia la fiscal general, tiene que ser la CC como han asumido diferentes cortes en momentos históricos detener este proceso de golpe”.
Doble discurso del gobierno de Giammattei
El partido Movimiento Semilla ganó las elecciones enarbolando un discurso electoral en torno a la anticorrupción y eso fue lo que atrajo a sus votantes, que ven una oportunidad para detener los abusos y saqueos del Estado. La noche del 18 de septiembre, Arévalo prometió a la población que lo respalda “arrancar las instituciones a los corruptos”.
La investigación en contra de la agrupación surgió después del 25 de junio, cuando Arévalo pasó a la segunda vuelta. La Fiscalía señala al partido de haberse constituido mediante firmas falsas. Desde entonces, Porras no ha cesado en la persecución legal emprendida contra Semilla y el TSE.
La narrativa de la fiscal general, expresado en comunicados de prensa y en una rueda de prensa, es negar que esté detrás de un golpe de Estado. Según Porras, el MP lo único que hace es darle seguimiento a las denuncias presentadas por las víctimas.
El presidente Alejandro Giammattei también ha salido al paso indicando que entregará el mando el 14 de enero. “Si es necesario mi vida para que usted tome posesión ahí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste”, aseguró a Arévalo el 11 de septiembre, en una de las reuniones de transición con el gobierno electo.
Pero lo que se está observando es un doble discurso dice Saénz de Tejada. Por un lado, el Ejecutivo actúa como el policía bueno, decidido a cumplir la ley y, por otro lado, el Ministerio Público (MP) amenaza no solo con cancelar al Movimiento Semilla y dificultar la transición sino con la intención de anular el proceso electoral. Los intentos de descarrilar el proceso electoral y la democracia guatemalteca continúan, agregó el politólogo.
Después de los allanamientos del 12 de septiembre, el gobierno electo anunció que suspendería temporalmente su participación en el proceso de transición hasta que se restablecieran las condiciones políticas e institucionales necesarias.
Al gobierno actual, dijo el diputado Pérez, le quedan pocas alternativas para llevar este proceso, pero tampoco ve muestras explícitas de esta administración de condenar los ataques en contra del partido, que incluso han sido amenazas de muerte contra Arévalo.
Esa fue una de las razones por las que el presidente electo suspendió este proceso hasta que hubiese condiciones más adecuadas, dijo.
Pocos días después de la segunda vuelta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del binomio que ganó las elecciones y se conoció que el equipo de seguridad de Arévalo recibió información sobre un plan para asesinarlo. En esto estarían involucrados agentes del Estado.
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Gobierno electo cuenta con amplio apoyo popular
Hasta ahora, el binomio presidencial electo conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera tiene el apoyo de la población guatemalteca, tanto del área urbana como rural, como se vio el pasado 18 de septiembre, cuando miles de personas acudieron a respaldarlos en la plaza de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia.
Por primera vez en muchos años convergieron en apoyo al mandatario electo autoridades ancestrales, el sector religioso, empresarios del Consejo Nacional Empresarial, defensores de derechos humanos, expolíticos y sindicalistas.
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“Exigimos respeto al voto popular emitido en la primera vuelta y en la segunda vuelta”, señaló la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, una de las personalidades presentes.
Alida Vicente, abogada e integrante la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla que ha coordinado actividades en apoyo al gobierno electo como la aplicación simbólica del Xik’ay (justicia maya) en contra de funcionarios que consideran corruptos, señala que lo que está ocurriendo es un abuso.
“Nos están orillando a tomar acciones que talvez no estamos considerando, porque lo que menos queremos es un caos, se está presionando al pueblo”, expresó.
Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán y de la Alcaldía Indígena de Sololá manifestaron la mañana del 18 de septiembre a las calles con un claro mensaje de defensa de la democracia. El martes fue la organización Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), la que solicitó la renuncia de Porras.
Para Vicente, lo que están generando con estos ataques es caos, zozobra e inestabilidad, desgastando al binomio electo. “No aceptan la derrota y no quieren asumir el rol de que perdieron porque el pueblo les dijo que ya no”, expresó.
El diputado Pérez indicó que lo que se está jugando es la democracia y la posibilidad de tener una alternativa a todos los gobiernos que han vivido de la corrupción, la impunidad y el saqueo en el país. Pero lo más importante es el respeto a la voluntad popular. “No tiene sentido ir a votar si al final un fiscal va a decidir si existe el partido que ganó, si asume o no el presidente que ganó”, subrayó.
Y no solo se juegan los próximos cuatro años, sino el futuro del país porque un cambio en el Organismo Ejecutivo puede significar la recuperación de las instituciones del Estado, opinó Sandoval, exjefe de la FECI exiliado en Estados Unidos.
