Créditos: Prensa Comunitaria
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El presidente y la vicepresidenta electa interpusieron un amparo buscando que cesen las acciones del MP en  contra del partido Semilla y el proceso electoral, las cuales están poniendo en riesgo la democracia. A criterio del binomio presidencial, se busca evitar que ambos asuman el cargo el próximo 14 de enero.

Por Alexander Valdéz

Acuerpados por cientos de ciudadanos, el binomio presidencial electo conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presentó este lunes un amparo que busca frenar la insistente persecución de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en contra del partido Semilla y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A criterio del presidente electo, dicho amparo presentado anoche en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) busca detener las acciones que ponen en riesgo la democracia. Recientemente Arévalo denunció públicamente un “golpe de Estado en curso” y responsabilizó de dichas acciones a la fiscal general Consuelo Porras, cuyo objetivo es evitar que el binomio de Semilla asuma el poder.

Horas antes de la presentación del amparo, muchos manifestantes empezaron a llegar frente a la CSJ, atendiendo el llamado realizado el fin de semana por Arévalo para que se sumaran al rechazo de las acciones del MP.

“El pueblo ya dijo que es lo que quiere, y lo que el pueblo de Guatemala quiere es el cambio y recuperar la esperanza, el futuro y las instituciones de las élites político-criminales corruptas”, dijo Arévalo luego de presentar la acción.

Plaza de la justicia frente a la Corte Suprema de Justicia. Foto Nelton Rivera

“Nos hemos visto en la necesidad de venir a plantear amparos en contra de estos funcionarios que han traicionado al país y a su pueblo”, dijo el presidente electo al dirigirse a sus simpatizantes que llegaron a la CSJ.

Karin Herrera, vicepresidenta electa, agradeció a los guatemaltecos por su valentía en la defensa de la democracia y la libertad, durante la acción legal contra el MP.

En el plantón también participaron miembros de diferentes organizaciones y sector privado, como Udefegua, el Consejo Nacional Empresarial (CNE); Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas; Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz; la Alcaldía Indigena de Palín, Escuintla, entre otras.

Antes de la presentación del amparo, integrantes de las comunidades indígenas aplicaron el Xik’ay a funcionarios que calificaron como “corruptos”. Dicha acción consiste en una sanción, justicia maya ancestral, contra las personas que cometen un error para enderezar su camino.

El amparo planteado por Semilla hace ver que las acciones iniciadas por la fiscalía de Curruchiche han sido “ilegales” y por esa razón se debe emitir una resolución que haga cesar la “criminalización” hacia los miembros del partido y el TSE, que validó la elección general y presidencial de este año.

La acción legal va dirigida contra Consuelo Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez séptimo Fredy Orellana, por haber autorizado los últimos allanamientos en el TSE.

La FECI busca “burlar la voluntad popular”

Cinco horas antes que Arévalo presentara la acción, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro presentaba ante el Consejo Permanente su informe sobre las conclusiones de su visita más reciente a Guatemala.

En el mismo enfatizó que “las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin justificación legal. Son claramente persecutorias de un partido político. La intimidación contra el sistema político y el partido Movimiento Semilla deben de detenerse. No podemos permitir que una fiscalía sin competencia en temas electorales rompa la institucionalidad y Constitución del país”.

Foto: Semilla

El diplomático también dijo que la principal consecuencia de las acciones de la FECI es “burlar la voluntad popular”. Además, denunció que la fiscalía y el juez séptimo al buscar suplantar al TSE afectarían la Constitución de la República de Guatemala y el funcionamiento institucional.

FECI sigue con persecución

Hace seis días, la FECI allanó el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) en el Parque de la Industria, diligencias que fueron autorizadas por el juez séptimo Fredy Orellana.

En dos sedes del TSE se observó la presencia de fiscales en las diligencias para la recolección de evidencias. “Esta diligencia surge derivado de una denuncia, sobre todo de los resultados que se dieron el 25 de junio. De esa cuenta, esa denuncia le hemos dado el seguimiento correspondiente. Si bien es cierto, hubo una caja en la que se encontraron indicios, consideramos hacer un proceso de verificación sobre la base de esa denuncia presentada”, dijo el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, quien estuvo en el Parque de la Industria.

Ese operativo duró dos días, en la vídeos y fotos que circularon en rede sociales se observó como abrieron las cajas con actas de votos, pese a la prohibición de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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La FECI utilizó el mismo número de proceso del caso Semilla para las diligencias que se relacionan con la denuncia que presentó el partido de Sandra Torres, por supuesto fraude en la elección presidencial. El pasado 25 de agosto, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) interpuso una denuncia por presuntas irregularidades en el conteo de los votos y la transmisión de los resultados desde diferentes distritos.

En julio, Curruchiche anunció la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla y confirmó avances de una investigación contra la agrupación por supuesta falsificación de firmas en la adhesión de afiliados.

El anuncio de Curruchiche se dio minutos antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizara la conferencia de prensa en la que se esperaba la oficialización de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio.

“En mayo de 2022, un ciudadano denunció ser adherido ilegalmente al movimiento Semilla, por lo que al realizarse la prueba por el Inacif concluyó que la firma y letra fueron falsificadas. Existen indicios de que más de 5,000 ciudadanos fueron adheridos legalmente, falsificándoles su letra y firma. La firma y huella de una persona le fue puesta a varios ciudadanos. La FECI estableció que fueron al menos 12 personas fallecidas”, declaró Curruchiche en un video pregrabado.

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