La Comisión consideró que Bernardo Arévalo y Karin Herrera se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, por lo que era necesario decretar medidas en su favor.
Por Rony Ríos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor del binomio presidencial conformado por Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, porque el equipo de seguridad de Arévalo recibió información preocupante sobre un plan que pretendía ser ejecutado por agentes estatales, para asesinarlo.
Según la información proporcionada en la solicitud de medidas cautelares, “al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado Colosio, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en 1994, el que se implementaría para acabar con la vida de Arévalo”.
Además, en el informe consignaron que las fuentes que informaron al equipo de seguridad de Arévalo no se conocían entre sí. Desde el 4 de julio el equipo de seguridad de Arévalo tenía conocimiento de ese plan, pero fue hasta el 15 de agosto cuando pudieron corroborar la información que dieron esas fuentes.
El 20 de agosto la Fiscalía contra el Delito de Extorsión también alertó a Arévalo sobre que las pandillas podían poner en riesgo su vida.
La solicitud de medidas fue formulada el 24 de julio, un mes después de la primera vuelta electoral, para proteger los derechos de los candidatos a la presidencia del partido movimiento Semilla.
La Comisión consideró que, a primera vista, se cumplen “los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad” por lo que solicitó al Estado de Guatemala adoptar las medidas para garantizar los derechos de Arévalo y Herrera.
Una de las medidas que el Estado puede adoptar, según la Comisión, establece que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Arévalo y Herrera a la luz de las valoraciones de la presente resolución”.
Además, la Comisión pide al Estado que “informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.
¿Cómo fue el proceso?
La CIDH inició con la investigación y el 26 de julio pidió ampliar información sobre cómo se podrían vulnerar los derechos de Arévalo y Herrera, posteriormente solicitaron al Estado una postura al respecto.
El Estado respondió, a través de la emisión de reportes, el 11 y 19 de agosto, mientras que los representantes de Arévalo y Herrera respondieron en informes y ampliaciones entre el 13 y 21 de agosto.
Con esa información la CIDH consideró que “Arévalo y Herrera se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable”.
