El entramado de hermanos de los congresistas que laboraron para el Estado durante la administración pasada, una de las más cuestionadas en la era democrática, se extendió a una diversidad de instituciones públicas.
Por Cristian García
Prensa Comunitaria logró identificar 31 de esos casos. Es necesario indicar que la mayoría de las personas mencionadas en esta publicación ya habían trabajado en órganos públicos previo al gobierno de Alejandro Giammattei, pero otras se incorporaron en esa gestión.
En torno a esa práctica hay pocos controles. Por citar uno: el Ministerio Público de Consuelo Porras nunca ha anunciado una investigación sobre familiares de legisladores con contratos laborales en entidades estatales.
Aunque tímidamente ha señalado a algunos parlamentarios de hechos irregulares, ninguno de ellos ha sido perseguido penalmente y menos los que pertenecieron a la alianza oficialista de la administración del partido Vamos.
La Ley de Contrataciones del Estado tampoco impide que los parientes trabajen en entidades públicas, salvo cuando lo hagan en aquellas en las que esté su familiar y este goce de una posición jerárquica superior.
Por su parte, la Ley de Probidad indica que los funcionarios y empleados tienen prohibido conseguir nombramientos a favor de sus familiares o terceros. Hasta la fecha, ningún miembro de la anterior legislatura ha sido responsabilizado por este tipo de práctica.
Sin embargo, estos hechos demuestran que no solo los funcionarios tienen acceso a recursos públicos, sino también sus parientes por medio de plazas fijas y temporales, o bien ventas de baja cuantía.
Para muestra, la contratación en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Kevin Danilo Rivera Zaldaña, hermano de Shirley Rivera Zaldaña, diputada del partido Vamos y quien presidió el Legislativo entre 2022 y 2024.
Él firmó un acuerdo de prestación de servicios profesionales en marzo de 2020, en plena crisis de la COVID-19 y un par de meses antes de que el Organismo Ejecutivo bloqueara este tipo de convenios laborales para “contener” el gasto.
Pues bien, Kevin Danilo se comprometió, entre otras cosas, a asesorar en temas jurídicos y aconsejar en asuntos administrativos al Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, que entonces estaba a cargo de Hugo Cabrera.
A cambio, el MAGA decidió pagarle al abogado un total de Q249,193 por nueve meses de trabajo. Los motivos para requerir sus servicios no fueron revelados por la entidad.
Mismo ministerio, más hermanos
El MAGA contrató a otros hermanos de congresistas. En ese ministerio también laboraron Michael Darwin y Favio José Donnadony, ambos hermanos de Aroldo José Ríos Gamarro, quien fue miembro de la IX legislatura con la UNE.
Los dos brindaron, durante todo el gobierno pasado, servicios técnicos para la cartera de Agricultura en Huehuetenango, el departamento que su hermano representaba. En contraparte, este órgano pactó entregarles Q346,451.
Ambos son bachilleres y trabajaron, entre 2020 y 2022, para la Coordinación Departamental de Extensión Rural de Huehuetenango, para apoyar en la integración y actualización de los planes de desarrollo de los grupos de agricultores que trabajan en mejorar su producción.
Asimismo, se les asignó la tarea de mapear a los socios que tienen relación con el Sistema Nacional de Extensión Rural, que atiende a campesinos de escasos recursos y cuyo programa busca mejorar sus capacidades para el acceso de alimentos.
La cartera de Ambiente justificó las contrataciones bajo el argumento de que servirían para que pudiera desarrollar sus “actividades de forma eficiente y sistemática para el logro de los objetivos de la institución a través de la sede departamental”.
Y más expresidentes involucrados
El hermano del expresidente del Legislativo, Allan Estuardo Rodríguez Reyes, quien todavía sigue siendo congresista de Sololá y el partido Vamos, fue beneficiado con cuatro contratos laborales en el MAGA.
Se trata de Luis Alberto Reyes Rodríguez que consiguió Q248,903 por prestar servicios profesionales para la institución en 2021 y 2022. Ese fue el preámbulo para instalarse, por los próximos cuatro años, dentro de la administración pública.
Ahora, Luis Alberto también es parlamentario con el partido Vamos, electo en Sololá, aunque sigue siendo su hermano quien más apariciones públicas ha tenido para arremeter en contra del gobierno y la bancada del Movimiento Semilla.
A Luis Alberto, siendo bachiller, se le pidió efectuar la digitación de certificados fitosanitarios, la elaboración de informes estadísticos sobre comercio internacional y el ordenamiento de archivos físicos y electrónicos, entre otras actividades.
La entidad argumentó que los servicios de Luis Alberto eran necesarios para tener “apoyo” en las acciones que se le encomendaron y para que, como entidad, pudiera ejecutar sus actos de forma “eficiente y sistemática”.
Fue la misma justificación utilizada para darles acuerdos laborales a los Ríos Gamarro. Si bien la entidad solicitó por cuatro meses la contratación del hermano del expresidente del Congreso, el pacto se fue renovando y quedó en 21 meses de servicio.
Prensa Comunitaria se comunicó con todos los diputados que aún ejercen funciones, para que explicaran si las contrataciones de sus hermanos se dieron a cambio de que apoyaran al gobierno de Alejandro Giammattei. Ninguno respondió.
Los detalles
Las siguientes personas son hermanos o hermanas de los congresistas que estuvieron contratados durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Se presenta la información sobre la institución en la que laboró, si previo a 2020 ya había prestado servicios en la entidad aparecerá en el apartado “antecedentes” con un sí o no. De tener antecedentes, entre paréntesis estará la entidad en la que había laborado.
En cada ficha también aparece el período en el que trabajó para la gestión del partido Vamos, el salario mensual o valor total de los honorarios percibidos en la administración pasada, el puesto ocupado, sus funciones, el diputado o diputada con la que tienen parentesco y el partido al que pertenecen o en el que estuvieron dichos legisladores, además de la justificación brindada por las instituciones para suscribir los acuerdos con los hermanos de los parlamentarios.
En ocasiones, esos familiares estuvieron contratados en varias instituciones. Para distinguir los salarios y atribuciones que le corresponden a cada puesto se emplearon numeraciones entre paréntesis. Por ejemplo, una persona tuvo cuatro cargos distintos durante el período analizado, así, el primer puesto ocupado tendrá el (1), mientras que el salario y las atribuciones que le corresponden a ese cargo también poseerán ese (1) a la par.
* Los datos presentados en este reportaje y en los siguientes de la serie de esta investigación fueron recopilados, procesados y analizados durante seis meses por el equipo de Prensa Comunitaria, en los que se consultó diversas fuentes y registros públicos para brindar datos sobre el patrimonio de los diputados y sus familiares, sus vínculos con empresas contratistas del Estado y las plazas o contratos laborales que obtuvieron o mantuvieron en las instituciones públicas.
** Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
