Dos empresas con las que tiene relación José Roberto Falla González, primo del presidente Alejandro Giammattei Falla, acumulan contrataciones por Q85.18 millones durante la actual administración gubernamental. Este empresario fue señalado y detenido por corrupción en diciembre de 2020 a once meses del gobierno de Giammattei.
Por Cristian García
Los registros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) detallaron que el pariente del gobernante posee nexos con estas sociedades: Electrónica, Comunicaciones y Servicios (ECSSA); y Ferca.
La primera, según Guatecompras, se dedica a la venta de ordenadores, programas informáticos y equipo de telecomunicaciones. Ha sido proveedora de entidades públicas desde 2004, pero fue en esta gestión que sus ventas se incrementaron.
Entre 2020 y 2023, ECSSA ha obtenido contrataciones por Q84.37 millones unos US$10.95 millones. Entre sus clientes están el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), el Ministerio de Gobernación (Mingob), el Congreso de la República y el Ministerio Público (MP).
Sin embargo, en ese período, el negocio más grande de la corporación lo acordó con el Organismo Judicial (OJ), al que le entregó licencias para videoconferencias y equipo para la grabación de dichos materiales. Por esos insumos, cobró Q8.78 millones -US$1.14 millones.
En tanto que la empresa Ferca se dedica a la venta de aparatos, artículos y equipo de uso doméstico, según el portal de compras del Estado. Ha conseguido contrataciones por Q810 mil 526 en el actual gobierno -US$105 mil-.
Esta segunda compañía estuvo representada por José Andrés Falla Bianchi, hijo del primo del presidente. Entre los clientes de Ferca están la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el MP.
Señalamientos
Falla González fue capturado el 18 de diciembre de 2020, porque siendo representante legal de ECSSA, presuntamente pagó un viaje hacia Colombia para tres trabajadores de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
La Fiscalía contra la Corrupción sostuvo que, luego de haber recibido tal beneficio, los empleados públicos generaron solicitudes para adquirir bienes y servicios que no eran necesarios para el ente fiscalizador, pero que favorecían a dicha empresa.
La investigación refirió que el daño patrimonial causado al Estado por tales actos ascendió a Q1.38 millones -unos US$179 mil-. No obstante, este caso fue cerrado por el MP. En cambio, el exfiscal Stuardo Campo, quien dirigía la fiscalía cuando se reveló la pesquisa, fue arrestado y procesado penalmente.
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