El diputado Javier Hernández, integrante del bloque FCN-Nación, compró una costosa casa en una zona residencial. El inmueble, valuado de Q2.95 millones, perteneció a un condenado por corrupción.
Por Prensa Comunitaria
El congresista no logró la reelección y, antes de que se le acabe su período en el Legislativo, decidió adquirir la residencia ubicada en un área de alta plusvalía de la zona 5 de Santa Catarina Pinula.
El legislador y su esposa obtuvieron la vivienda a inicios de 2022. La totalidad de los sueldos percibidos por él, de alrededor de Q29 mil mensuales, durante sus casi ocho años de funciones no alcanzarían para cubrir el costo total del inmueble.
No obstante, según los documentos de la compraventa, la pareja hizo un abono inicial de Q150 mil con dos cheques (cada uno de Q75 mil) y pagarán el resto (Q2.80 millones) por medio de un crédito bancario.
El Registro General de la Propiedad detalló que el inmueble tiene un área construida de 546 metros cuadrados. Es una edificación amplia de tres plantas que se distribuyen en trece ambientes, entre ellos seis dormitorios, según las escrituras.
Traspasos
El inmueble tuvo varios traspasos en la última década. El principal ocurrió el 18 de febrero de 2015. Entonces, la casa fue vendida al empresario farmacéutico Juan Pablo Muralles Morán, quien tuvo nexos con Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colom e involucrado en varios casos de corrupción.
Muralles Morán decidió comprar la vivienda al precio de Q1 millón: canceló Q50 mil en efectivo y el resto vía un préstamo bancario. Para asegurar el cumplimiento de pago de la deuda, él dio en garantía la residencia.
Sin embargo, el 27 de octubre de ese mismo año, fue detenido por su vinculación al caso Negociantes de la Salud. Fue señalado de ser parte de una estructura criminal que entregaba sobornos para beneficiarse de contratos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El sindicado fue trasladado hacia la prisión de Mariscal Zavala. Fue en ese centro de privación de libertad, en 2016, que aceptó trasladar la residencia a la entidad financiera que le brindó el crédito, por no estar en capacidad de saldar el adeudo.
En 2019, el banco vendió la propiedad a una entidad mercantil y fue esta última la que cedió, al precio indicado al inicio, la edificación al diputado, que a finales del año pasado llegó ebrio e hizo un escándalo en el Congreso.
En tanto que Muralles Morán aceptó ser un “negociante de la salud” en junio pasado. Fue condenado a ocho años y ocho meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo. Por entregar coimas, se le impuso una multa de apenas Q33 mil 333.
En este mismo caso está involucrado Alejos, quien en mayo de este año buscó la reducción de penas por la vía de aceptación de cargos. El expediente señala que existía una estructura criminal que cometió delitos entre 2013 y 2015 para obtener contratos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Según la investigación del MP, la organización criminal utilizó diferentes mecanismos ilícitos, como modificaciones irregulares de medicamentos básicos, pagos por inclusiones y exclusiones de la lista básica de medicinas, y generación injustificada en el consumo de medicamentos. Dichas acciones tuvieron como objetivo promover la compra a los proveedores de esa organización hasta el punto que el IGSS se abasteció de medicinas para 13 años, cuando la vigencia de algunos productos era solo de dos.
El diputado
El diputado de FCN-Nación, partido vinculado a militares, y quien impulsó a Jimmy Morales a la Presidencia, es recordado por la ciudadanía como uno de los líderes del “Pacto de corruptos”, ya que impulsó que se hicieran modificaciones al Código Penal en septiembre de 2017.
Las reformas ablandaban el castigo para varios delitos y liberaba de responsabilidad penal a los secretarios generales de los partidos políticos, cuando se detectara financiamiento electoral ilícito en dichas agrupaciones.
Tras las críticas, el Legislativo dio marcha atrás para hacer los cambios en la citada normativa. Pese a ello, Hernández consiguió su reelección en 2019 y posteriormente presentó una iniciativa para declarar amnistía a favor de efectivos del Ejército.
El proyecto de ley pretende que las fuerzas de seguridad del Estado y los integrantes de “grupos subversivos”, que hayan cometido crímenes durante el Conflicto Armado Interno, no sean juzgados. La iniciativa está pendiente de dictamen.
En la actualidad, el parlamentario forma parte de la alianza oficialista que está liderada por el partido del presidente Alejandro Giammattei y que ha mantenido controlado al Congreso durante toda esta legislatura.
Hernández es el jefe del bloque del FCN-Nación, partido que deberá desaparecer luego que la agrupación no logrará obtener ninguna curul en las elecciones del pasado 25 de junio, en dicha elección la agrupación impulsaba al hermano de Jimmy Morales, Samuel Morales, a la presidencia.
