Desde 2016, el empresario suizo Jürg Widmer Probst fue vinculado en supuestas operaciones irregulares como proveedor del servicio de grúas para la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
Por Prensa Comunitaria
La jueza de Mayor Riesgo “B”, Eva Recinos, llevó a cabo la audiencia de primera declaración del empresario suizo Jürg Widmer Probst, quien estuvo prófugo de la justicia desde 2016, cuando fue develado el caso “Cooptación del Estado”.
El empresario suizo, quien era sospechoso de pagar sobornos al desaparecido Partido Patriota (PP), de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, a cambio de recibir contratos en las portuarias, fue beneficiado con una falta de mérito, es decir, no será investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Al dictar su resolución, la jueza determinó que no existen los indicios suficientes para que el Ministerio Público (MP) inicie una persecución penal en su contra, por la posible comisión del delito de cohecho activo.
La imputación del MP señala que el empresario “utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad en muchos casos, pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones”.
La vinculación de Probst consiste en sus supuestas operaciones como proveedor del servicio de grúas para la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
El caso más grande de corrupción
El caso “Cooptación del Estado” es considerado uno de los procesos más grandes de la historia reciente del país, y que fue abierto por la FECI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2016. La investigación no solo alcanzó a la exvicepresidenta Baldetti, sino también al entonces presidente Otto Pérez Molina, ministros de su gobierno, empresarios y personas particulares que se habrían beneficiado de sobornos.
En una audiencia que duró un mes, el exjuez Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a 53 sindicados de liderar una estructura criminal que supuestamente capturó varias instituciones claves del Estado guatemalteco con el fin de enriquecerse de manera ilícita.
Entre las evidencias que la CICIG y la FECI presentaron están: declaraciones testimoniales; informes financieros; cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.
“Crearon empresas de cartón utilizadas para recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor de Pérez Molina y Baldetti. Se identificaron regalos lujosos que fueron adquiridos para los exgobernantes, a través de sociedades ficticias, como tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles, entre otros”, detalla la acusación.
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