El caso Cooptación del Estado es considerado uno de los procesos más grandes de la historia reciente del país, el cual fue descubierto por la FECI y CICIG en 2016. La investigación no solo alcanzó a Baldetti, sino también al entonces presidente Otto Pérez Molina, ministros de su gobierno, empresarios y personas particulares que se habrían beneficiado de sobornos.
Por Alexander Valdéz
La exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien ya enfrenta dos condenas por corrupción, pidió que se le programe una audiencia para ser juzgada por los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, por la vía legal denominada “aceptación de cargos” en un tercer caso, ahora sería condenada bajo ese procedimiento en el expediente denominado Cooptación del Estado.
La petición de audiencia para aceptación de cargos se hizo al Juzgado de Mayor Riesgo “B”, ahora a cargo de la jueza Eva Recinos, quien es la encargada del expediente y en el que está pendiente de que se realice la etapa en la que se debe discutir si los acusados son o no enviados a juicio.
La audiencia se estaría realizando la próxima semana según fuentes del Organismo Judicial (OJ). En la diligencia, la exvicepresidenta deberá exponer la razón por la que reconoce su culpabilidad y admitir el hecho que se le imputó dentro de esa investigación develada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval.
La última palabra siempre estará en manos de la jueza, quien deberá analizar la solicitud y aceptarla o rechazarla. Si es admitida, también debe establecer la pena a imponer, partiendo de lo que la Fiscalía solicite. El admitir el hecho le representaría una reducción significativa a la condena.
En este caso que surgió del mismo evento del denominado La Línea, la exvicepresidenta fue acusada por los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, delitos por los que estaría reconociendo su culpabilidad.
El caso más grande de corrupción
El caso Cooptación del Estado es considerado uno de los procesos más grandes de la historia reciente del país, y que fue abierto por la FECI y CICIG en 2016. Esta investigación no solo alcanzó a Baldetti, sino también al entonces presidente Otto Pérez Molina, ministros de su gobierno, empresarios y personas particulares que se habrían beneficiado de sobornos.
En una audiencia que duró un mes, el exjuez Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a 53 sindicados de liderar una estructura criminal que supuestamente capturó varias instituciones claves del Estado guatemalteco con el fin de enriquecerse de manera ilícita.
Entre las evidencias que la CICIG y FECI, están: declaraciones testimoniales; informes financieros; cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.
“Crearon empresas de cartón utilizadas para recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor de Pérez Molina y Baldetti Elías. Se identificaron regalos lujosos que fueron adquiridos para los exgobernantes, a través de sociedades ficticias, como tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles, entre otros”, detalla la acusación.
La FECI y la CICIC establecieron que la presunta organización integrada por altos exfuncionarios del PP y empresarios pudo beneficiarse con aproximadamente Q900 millones en sobornos.
Por la magnitud del caso, este proceso fue dividido en tres fases, una fue denominada Cooptación del Estado, la segunda TCQ y la tercera la Coperacha.
Dos condenas y otros casos
Baldetti actualmente cumple condena por el caso Lago de Amatitlán. En octubre de 2018, la exvicepresidenta fue sentenciada a 15 años y 6 meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.
En ese primer caso, fue encontrada culpable junto a otras ocho personas de integrar una estructura criminal cuyo propósito fue obtener de manera ilegal la concesión del proyecto del supuesto saneamiento del Lago de Amatitlán, con el cual se estafó al Estado con la suma de Q22.8 millones.
En diciembre de 2022, en el caso La Línea, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti fueron sentenciados a 16 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Además, se les impuso una multa de Q8 millones.
El exbinomio presidencial y otras 16 personas fueron encontradas culpables de liderar esta estructura que realizaba cobros ilícitos a importadores para beneficiarlos con reducción de impuestos.
Baldetti también tiene pendiente un proceso de extradición hacia Estados Unidos y en el país, está procesada en el caso Plazas-RIC.
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Otras condenas en aceptación de cargos
El empresario farmacéutico Gustavo Alejos, el pasado 16 de junio, fue condenado a ocho años de cárcel por un caso de corrupción en el IGSS. La pena fue reducida porque él aceptó su culpabilidad.
Al igual que Alejos, también aceptaron cargos y fueron condenados: Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo; y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, acusado de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.
El MP y la CICIG evidenciaron una trama para favorecer a empresas con la compra de medicamentos por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), algunos de los cuales, según la investigación, eran sometidos a modificaciones irregulares.
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