Luego de dejar el puesto ante el constante hostigamiento e intento de criminalización por denunciar a la magistrada Blanca Stalling, el exjuez Ruano confirmó a Prensa Comunitaria que decidió salir del país, como lo hicieron otros exjueces anticorrupción.
Por Alexander Valdéz
El exjuez Carlos Ruano, reconocido por Estados Unidos como Campeón Anticorrupción, confirmó a Prensa Comunitaria que decidió salir del país ante el constante hostigamiento e intento de criminalización, y poder así resguardar su integridad física.
Ruano se suma a los operadores de justicia, activistas y periodistas que decidieron salir de Guatemala por el riesgo de ser encarcelados, como ha ocurrido con exfiscales, abogados y el periodista José Rubén Zamora.
El exjuez tomó la decisión luego de renunciar y ante los procesos de “criminalización” develados por la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) que alcanzó a exfiscales que investigaron el caso contra la magistrada Blanca Stalling.
Ruano fue quien denunció a Stalling por presionarlo para favorecer a su hijo con medidas sustitutivas dentro de un caso de corrupción denominado IGSS-Pisa. Otto Molina Stalling, hijo de la togada, estuvo ligado en dicho expediente. Esa denuncia originó la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en 2017.
“Como todos saben, en 2016, fui citado en el despacho de la magistrada Stalling, quien me pidió que dejara libre a su hijo acusado de corrupción. Eso conllevó que presentara una denuncia, de allí se deriva el antejuicio que presentaron en mi contra la Fundación contra el Terrorismo, esta es una de varias formas en las que me han hostigado y criminalizado. Eso me ha puesto en una situación de mayor riesgo y no tengo más que, dejar el puesto y buscar protección fuera del país”, declaró Ruano.
Tras su salida del Organismo Judicial ¿Teme por usted su vida?
El nivel de riesgo aumenta. Al dejar el cargo ya no cuento con protección de seguridad ni la inmunidad que me otorgaba el cargo de juez, y eso motiva a que busque un lugar donde me sienta protegido y que también denuncie todas estas circunstancias en la que se podría ver afectada mi integridad y hasta mi vida. Parte de los antecedentes de Blanca Stalling, es que en 2012, fue denunciada por un sindicalista del IDPP, que posteriormente fue asesinado. El MP perfiló a los autores y recordarán que únicamente los autores materiales están procesados, los intelectuales gozan de impunidad. Existe riesgo que existan represalias por mi denuncia y mis actuaciones como juez.
¿Qué tan difícil fue dejar el cargo y su carrera como juez?
No cedí a presiones, porque eso es parte del trabajo de juez. El trabajo de juez implica estar sujeto a presiones. Lo que no es justo ni correcto es que existan amenazas, intimidaciones y hostigamiento y que la propia CSJ no sea la garante de un juez que estaba cumpliendo con su trabajo. El propio sistema de justicia da la espalda. Yo planteé las acciones correspondientes, dentro de ellas un amparo ante la CC, pero me han denegado las resoluciones y retardado justicia. Eso es lo más grave, el sentirse uno frustrado e impotente, porque lo que uno ha hecho es un trabajo transparente y lo que uno recibe es venganza.
¿Qué mensaje envía a la población guatemalteca?
Con sentimientos encontrados por un lado, satisfecho por el trabajo continuo y sobresaliente durante 14 años, siempre procuré justicia y cumplir con los valores y principios institucionales, de eso mi expediente y evaluaciones de desempeño dan fe. Por otro lado, frustrado, cuando uno quiere ser independiente, cuando uno lucha por hacer su mejor esfuerzo en su trabajo y la justicia tan importante en el país, recibe este tipo de venganza por muchos actores. Lamentablemente que sea el propio sistema de justicia el que le dé la espalda a uno es decepcionante.
Una venganza que se concretó
El juzgador considera que la acción de haber tramitado la petición de retiro de su inmunidad es parte de una venganza orquestada por la magistrada Stalling. Ruano denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los operadores de justicia independientes de su país ejercen su labor en un contexto de corrupción, violaciones a los derechos humanos y crimen organizado, desatando una persecución en su contra.
“Más de 25 operadores de justicia han tenido que salir al exilio para resguardar sus libertades y hasta sus vidas. La Comisión tiene ya peticiones de al menos 15 personas”, dijo el juez en su intervención ante la CIDH en febrero pasado.
Ruano es uno de los jueces acosados y perseguidos judicial y políticamente. Se sumó a Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, quienes decidieron dejar sus cargos y abandonar el país.
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