Por Carmen Rosa de León-Escribano
La seguridad es uno de los problemas sentidos por la población, tal y cómo se presenta en las encuestas que se han realizado en torno a la contienda política. En la última de CID-Gallup, la preocupación por la criminalidad y violencia se ubicaba en el cuarto lugar, después del costo de vida, de la luz y de la corrupción.
Hablar de la seguridad ciudadana no sólo es referirse a las políticas relacionadas directamente con la prevención y persecución del delito, sino también cómo el Estado se concibe en el ejercicio de esas políticas. ¿Es el objetivo el bien común que plantea la Constitución en su primer artículo o es el retroceso hacia una seguridad basada en la seguridad del Estado? La guerra a la que fuimos sometidos en las décadas pasadas fue producto de esa visión estadocéntrica que pretendía mantener al estado, sus instituciones y sus grupos de poder a salvo de las demandas de la ciudadanía. Por eso las acciones se enmarcaban en la represión, la persecución y el control de la población. El resultado lo conocemos.
Con los acuerdos de paz se suscribió un cambio en el paradigma, entendiéndola como una seguridad integral, cuyo objetivo era la seguridad de la población y la defensa de sus derechos, concepto que también coincide con el contenido en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. El concepto de Seguridad Democrática buscaba cambiar la lógica del modelo en la región para que se entendiera más allá de la seguridad física y de los bienes y que se incluyera la seguridad de las necesidades básicas y las del derecho a la libertad y el desarrollo como parte de ese concepto. Tanto la seguridad integral de los Acuerdos de Paz como la Seguridad Democrática, coinciden con el acuñado por Naciones Unidas de Seguridad Humana, es decir, una seguridad que tiene como objetivo central a las personas, la satisfacción de sus necesidades, el derecho al desarrollo y el respeto a los derechos humanos.
Ya que se han dado a conocer los programas de gobierno de ambos contendientes en la segunda vuelta, podemos inducir lo que nos esperaría con cada uno de los candidatos. Se identificarán las estrategias, propuestas y acciones que den pistas sobre el concepto de la seguridad que está detrás de cada una y por tanto a que modelo se circunscriben: a una seguridad que pretende controlar y perseguir al ciudadano, o a una visión que busca que la seguridad se entienda como la protección que el estado debe brindar a las personas para garantizar el bien común. No se pretende un análisis exhaustivo, pero si poner de manifiesto los elementos principales que pueden caracterizar las propuestas.
La propuesta de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE
En las páginas introductorias de declaratoria de principios, si bien se habla de justicia social en la página seis empieza con la palabra ORDEN resaltada, argumentando que se finalizará “con el desorden que impide nuestro progreso social y económico”. Más adelante asegura que basa su estrategia en el bienestar de la persona humana. Se habla mucho de diálogo, negociación, consenso, y reconciliación de intereses diversos (p.11) y se valora la participación de la población organizada, de los grupos étnicos, de género, campesinos y organizaciones de base.
Así mismo, aborda el tema de la importancia de las ONG como nexo entre las demandas de la población y las instituciones públicas (p.12). Sin embargo, advierte que: “su gestión debe ser orientada por el Plan de Desarrollo Nacional, a fin de contribuir al fortalecimiento del poder público, para no debilitar la institucionalidad del Estado y no confundir a la población con ideologías externas que propugnen antivalores” (p.13). Esta visión de la tarea de las ONG responde a Decreto Ley 4-2020 que se aprobó en el Congreso con el apoyo de los diputados de la UNE y que busca controlar por parte del Estado la actuación de las ONG. Contrasta con la aseveración en las páginas posteriores sobre el rol del Estado como un “facilitador” de los procesos económicos y sociales del país.
Vale la pena llamar la atención sobre la aseveración que se hace al hablar de la “restitución de la confianza con la población para edificar una alianza ciudadana en términos cooperativos para el intercambio de información, que nos permita mantener el control territorial. Allá donde la criminalidad se resista a entender que se les acabó la fiesta, voy a ordenar estados de excepción: No me temblará el pulso” (p. 20). El gobierno de Giammattei ha querido solucionar, sin éxito, los problemas de crimen organizado, inseguridad y conflictos territoriales a base de estados de excepción y/o de prevención, que se calcula en 24, incluyendo las prórrogas. En un informe de Cristosal[1] se define este tipo de mecanismos como ejercicio de la violencia estatal contra la población, sobre todo porque se eliminan las garantías constitucionales y se limitan derechos fundamentales, sustituyéndolos por procesos autoritarios y militarizados, con las consecuencias de diversas violaciones a los derechos humanos.
En ese sentido, el 17 de mayo de 2022, diez procedimientos especiales de las Naciones Unidas (ocho relatores especiales y dos grupos de trabajo. Ref.: AL GTM 2/2022) se pronunciaron sobre la preocupación alarmante del uso sistemático de los estados de excepción en Guatemala, considerando que ya no era una práctica excepcional[2]. Es decir, que se quería presentar como excepcional, lo que era una militarización permanente del territorio. Más adelante, en lo que denominan principios del plan de gobierno, el apartado de cultura de legalidad en el que se habla del culto a la norma, finaliza de la siguiente manera: “Diálogo y soluciones para los manifestantes pacíficos, ley y orden para los vándalos y delincuentes” (p.28).
En relación con la seguridad, la UNE plantea cuatro ejes estratégicos que se traducen en 41 propuestas ubicadas en el pilar que denominan de Paz y Seguridad. En la introducción se hace una reflexión sobre la necesidad de articular las políticas de prevención y persecución del delito con la implementación de políticas que “resuelvan las causas estructurales (sic) y restablecer la alianza con la ciudadanía para fortalecer la cultura de denuncia” (p.38). En este punto resalta el tema de la tecnología, que luego ocupará 18 páginas para detallar exhaustivamente el uso de cámaras y tecnología de lo que denomina un “gobierno digital” con la creación de un Centro de Comando y Control (C5) (p.41) que aglutinará la información recabada por inteligencia militar y civil y la que provean los ciudadanos. También propone como acción estratégica evitar la criminalización de los adolescentes en conflicto con la Ley penal (p.39).
Así mismo da reconocimiento a la existencia de sistemas de justicia dentro de la cosmovisión maya. De hecho, en las acciones de mediano plazo literalmente dice: “Impulsar el reconocimiento oficial del sistema jurídico propio de los Pueblos Indígenas, sus formas de organización y su participación a diferentes niveles”. Y propone brindar “protección y seguridad jurídica a las tierras de los pueblos indígenas de acuerdo con la Constitución Política de la República” (p.40).
En las acciones de corto y mediano plazo, da importancia a la coordinación y participación con los pueblos mayas, garífunas y xincas, ofreciendo fortalecer la institución de atención a Pueblos Indígenas (sic). Eso sí, en lo que respecta a la seguridad comunitaria señala la coordinación con el Viceministerio de Seguridad, el viceministro que se encarga del orden público y persecución del delito, reduciendo la relación a la seguridad y orden comunitarios. Por otra parte, ofrece el cumplimiento de los convenios internacionales en relación con pueblos indígenas, siempre que se ajusten a nuestros principios, valores y marco constitucional (p.40).
Uno de los elementos centrales que se mencionan en la estrategia general de seguridad por parte de la UNE es la militarización, que, aunque no lo explica, se entiende como la participación del ejército en las acciones que competen al ámbito civil de seguridad ciudadana a cargo de la Policía Nacional Civil, contraviniendo los Acuerdos de Paz a que hacen referencia como base para su política pública. Esta injerencia de la fuerza militar está presente desde la primera acción donde instala a las fuerzas combinadas como unidades de control territorial. Se repite en la oferta de militarizar las cárceles, cuando es algo que impide la misma Ley del Sistema Penitenciario.
Para eso y para la Ley que declare terroristas a los extorsionistas y criminales reincidentes, así como la oferta de promover la cadena perpetua y la pena de muerte, se necesita que el Congreso modifique o apruebe dichas medidas mediante decretos leyes. Algunas de estas propuestas están sobre la mesa desde el gobierno del Partido Patriota, y hasta la fecha no se ha podido aprobar. Por otra parte, ese afán de promover la declaración de terroristas a los pandilleros contrasta con las afirmaciones que se buscará no criminalizar a los adolescentes en conflicto con la ley. ¿Cuál es entonces la idea fuerza? ¿La prevención y reinserción o la criminalización?
Si bien en el apartado de la PNC resalta el mejoramiento de las condiciones de formación, de carrera e infraestructura, el ofrecimiento de graduar 20,000 policías anuales es imposible en la práctica. De hecho, los agentes graduados por año se encuentran en un promedio de 2,000 de la Academia Central y 800 que provienen de cada una de las Escuelas de formación en Huehuetenango y Santa Rosa, lo que da una cifra máxima de 3,600 agentes por año de acuerdo con la infraestructura de estudios que existe actualmente.
Aparece un desconocimiento de la existencia del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) y se oferta una serie de coordinaciones en materia de inteligencia y articulación, que son en esencia la naturaleza de dicho Consejo. Parece haber confusión entre el CNS y la Secretaría Técnica del mismo (STCNS), atribuyéndole a esta última capacidades de toma de decisiones y mando que solamente tiene el CNS. Por otra parte, se ignora el papel rector del CNS en el ámbito de seguridad y defensa, pues se atribuye exclusivamente al Ejército el papel de diseñar los planes que respondan a las amenazas reales o potenciales contra los intereses del Estado, así como definir la agenda de riesgos y amenazas, siendo ambas tareas del CNS. Esto se repite en los conductores políticos de las acciones propuestas, en la mayoría de las cuales se ignora al CNS como órgano coordinador de toda la política pública en materia de seguridad y defensa de la nación.
Se presenta una matriz con costo de las propuestas priorizadas, donde aparecen ofrecimientos de reducción de porcentajes de criminalidad que se salen de todo contexto de posibilidad real de lograrlo, sin establecer lugares precisos y datos de cada delito y sus características: reducir la incidencia criminal acumulada en un 50% y en 40% la reducción de la criminalidad organizada transnacional; la reducción de un 60% de la trata de personas; reducción de un 40% del crimen a nivel nacional y 70% a nivel local, entre otras.
Si bien en el programa se detallan varias medidas que han demostrado ser efectivas en materia de seguridad preventiva y se declara el fortalecimiento de las entidades encargadas de seguridad y justicia, el enfoque primario de la propuesta reside en su primer numeral: Control territorial mediante fuerzas combinadas del Ejército y Policía Nacional Civil, su equipamiento, blindaje y movilidad para la seguridad ciudadana (p.74). A esto se aúna la propuesta N.º 3: Arcos de seguridad en colonias de alto riesgo y zonas rojas para la toma de control territorial del Estado. Y la N.º 8: Implementación de Estados de Excepción georreferenciados para el control territorial de la seguridad.
Igualmente, el programa refleja un intento de continuar los pasos del tratamiento de las pandillas al estilo Bukele cuando se oferta la declaratoria de terroristas a las pandillas junto con la creación de juzgados especializados en antimaras, contra la extorsión y el terrorismo.
La propuesta del Movimiento Semilla
La seguridad aparece en el apartado seis (p.46) titulado: Seguridad Democrática en un país para vivir. De entrada, se plantea el “fortalecimiento de instituciones de seguridad que sean contundentes en el combate a la delincuencia, y efectivas en la protección de los derechos de toda la ciudadanía”. Se plantea fortalecer a la PNC, retomar los centros penitenciarios y combatir tráficos ilegales fortaleciendo la vigilancia de fronteras. Se ofrece el incremento de 12 mil nuevos agentes en la Policía Nacional Civil, así como el mejoramiento de su infraestructura.
En esta propuesta destaca de entrada la utilización del concepto de Seguridad Democrática. En su artículo 1º el Tratado Marco de Seguridad Democrática[3] afirma que el “modelo se sustenta en el fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político, la libertad económica, la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la promoción del desarrollo Sostenible, la protección del consumidor, del medio ambiente y del patrimonio cultural; la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas; el establecimiento de un balance razonable de fuerzas que tome en cuenta la situación interna de cada Estado y las necesidades de cooperación entre todos los países centroamericanos para garantizar su seguridad”.
Dentro de sus principios figura el establecer un “proceso continuo y sostenido de consolidación y fortalecimiento del poder civil, la limitación del papel de las fuerzas armadas y de seguridad pública a sus competencias constitucionales y la promoción de una cultura de paz, diálogo, entendimiento y tolerancia basada en los valores democráticos”. Para ello es importante el principio de la “subordinación de las fuerzas armadas, de policía y de seguridad pública, a las autoridades civiles constitucionalmente establecidas, surgidas de procesos electorales, libres, honestos y pluralistas”. Y en el artículo N.º 3 plantea que “toda acción realizada por las autoridades públicas se enmarque en su respectivo ordenamiento jurídico y el pleno respeto a los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos”. En los siguientes artículos se establece que la corrupción y la impunidad son graves amenazas a la democracia y seguridad de los habitantes, por lo que los estados se comprometen a su erradicación.
En su Título II, el TMSDCA asume como principios que la seguridad democrática es inseparable de la dimensión humana, por lo que el respeto a la dignidad del ser humano, el mejoramiento de su calidad de vida y el desarrollo pleno de sus potencialidades, constituyen requisitos para la seguridad en todos sus órdenes, así como considera la pobreza y la extrema pobreza, como “amenazas a la seguridad de los habitantes y la estabilidad democrática de las sociedades centroamericanas”.
Conclusión
El Plan de Gobierno de la UNE es bastante amplio en cuanto a las propuestas en materia de seguridad. Si bien hay expresiones relacionadas con justicia social, diálogo y participación, así como acciones relacionadas con la prevención y la inversión en fortalecimiento de las instituciones, su estrategia principal se basa en una concepción de la seguridad que vuelve a retomar la utilización del ejército en los aspectos básicos de la seguridad ciudadana, retrocediendo a los tiempos previos de los Acuerdos de Paz. Pretende otorgar al Ejército funciones que son competencia de las fuerzas civiles y su injerencia en varios aspectos de seguridad y rectoría de la política pública, contradice los preceptos de la seguridad democrática y de la seguridad humana basada en garantizar el bienestar común de las personas con dignidad.
La sujeción de las ONG a las directrices y control del Estado, la utilización de los estados de excepción como estrategia de control territorial y la militarización de la seguridad advierten que el concepto que está detrás de su propuesta es la del retorno al estado autoritario y represivo que buscan garantizar sobre todo el control de la población, mediante la instalación física de fuerzas combinadas o el control digital que expone ampliamente en la estructuración del C5. Es decir, volver a las estrategias de seguridad nacional donde el estado controla y vigila. Esta idea se remata con la intención de declarar terroristas a las pandillas y crear juzgados especializados al estilo salvadoreño. Sin ir más lejos, el acuerdo firmado este martes 15 de agosto con AVEMILGUA, organización que aglutina a militares en retiro quienes están detrás de las acciones de persecución a periodistas, activistas y operadores de justicia, consolida la visión de retroceso en seguridad y derechos a la que privaba en los años del conflicto armado interno.
Por su parte, Semilla no realiza una presentación tan amplia de sus acciones concretas, por lo que no puede realizarse una comparación de las diferentes estrategias. Pero al presentar su propuesta asumiendo el concepto de Seguridad Democrática se adscribe a los preceptos del modelo planteado por el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.
Por ello se puede afirmar que nos encontramos frente a dos modelos diferentes de seguridad en el futuro: la disyuntiva es entre una seguridad que nos volverá a la época autoritaria consolidando lo que el gobierno actual ya ha iniciado, o recuperar el modelo de una seguridad basada en garantizar los derechos de la persona humana a vivir libre del miedo y libre de las necesidades con dignidad.
[1] Cristosal (2023) Informe: Derechos humanos, poderes de emergencia y violencia estatal en la región norte de Centroamérica: julio – mayo 2023. https://cristosal.org/ES/informe-derechos-humanos-poderes-de-emergencia-y-violencia-estatal-en-la-region-norte-de-centroamerica/
[2] Sistema de Naciones Unidas. Comunicación al Gobierno de Guatemala. Ginebra, 17 de mayo de 2022. Ref.: ALGTM2/2022.
[3] Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica https://www.oas.org/csh/spanish/c&ttratadocentroamerica.asp
