Tres altos funcionarios del sistema de justicia que aparecen en la “Lista Engel” por su participación en significativos actos de corrupción están detrás de la aprehensión de la abogada Claudia González, quien ha defendido a operadores de justicia que han sido criminalizados por la administración de Consuelo Porras.
Por Regina Pérez
El pasado 28 de agosto, el Ministerio Público (MP) coordinó la detención de la abogada guatemalteca Claudia González, quien ha ejercido la defensa de varios exfiscales y mandatarios judiciales criminalizados desde 2021 por la administración de Consuelo Porras, fiscal general.
Su arresto generó condenas a nivel internacional, desde el secretario general de la ONU, António Guterres, hasta Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones internacionales.
González es conocida por haber ejercido la defensa de varios exfiscales, varios de ellos en el exilio, como Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y Carlos Vides, pero también de quienes se han quedado en Guatemala y que han sido perseguidos penalmente por el MP, como Virginia Laparra, Paola Escobar y Leily Santizo.
Pese a que desde el año pasado sabía que podían armar un caso en su contra no salió del país. “Desde el año pasado estaba preparada, hay varios casos en mi contra, en FECI y en Asuntos Internos y hay otras denuncias que no he podido ubicar porque el MP tiene la particularidad de esconder la información cuando uno va a buscarla”, señaló cuando fue llevada a la Torre de Tribunales.
En la diligencia que se realizó el pasado 29 de agosto en su residencia, informó que los fiscales del MP llegaron a su casa con una orden de inspección y registro, donde aparentemente buscaban documentos de la CICIG y posteriormente la detuvieron.
En una audiencia más tarde donde el juez Jimi Bremer, quien giró la orden de aprehensión en su contra le informó los motivos de la misma, se conoció que fue la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, quien la denunció por abuso de autoridad.
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¿Qué podría ocurrir con los casos que atendía la abogada Claudia González?
Desde la fiscal general, Consuelo Porras, hasta la magistrada Stalling, estos son los actores que se coludieron para detener a González, cuyo trabajo ha sido reconocido con el “Lawyers for Lawyers Award 2023” en Holanda, este año, por ser una abogada que ha representado a defensores y defensoras de derechos humanos, pese al alto riesgo a su vida personal y su seguridad.
Consuelo Porras, la fiscal designada dos veces por corrupción
Desde que asumió como fiscal general en 2018, primero electa por Jimmy Morales y luego reelecta por Alejandro Giammattei, Porras se ha caracterizado por la obstrucción de investigación de casos de corrupción, principalmente favoreciendo a los dos mandatarios que la eligieron, a quienes no ha investigado, pese a diversos señalamientos.
Varios casos de corrupción que la CICIG investigó en Guatemala junto a la FECI que dirigía Sandoval fueron cerrados en los Tribunales, sin que el MP apelara, como ocurrió con la investigación en contra de Sandra Torres, la cual según el exfiscal Andrei González, un caso que Porras desvió y obstruyó desde 2019.
En 2021, Porras destituyó al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval y fue incluida en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos de Estados Unidos “por obstruir investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales”. En mayo de 2022 nuevamente fue designada por Estados Unidos, esta vez junto a su esposo Gilberto de Jesús Porres de Paz, debido a su participación en hechos significativos en corrupción.
“El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de que desestimen casos sobre consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción”, señaló el Departamento de Estado en aquella ocasión.
En 2022, Porras arreció la persecución penal de fiscales y exfiscales auxiliares que trabajaron en Fiscalías como FECI y contra la Corrupción. Las primeras víctimas de esta persecución fueron la exmandataria judicial de la CICIG, Leily Santizo y la ex subjefa de FECI, Eva Siomara Sosa. En este caso, la abogada Claudia González tomó su defensa.
Posteriormente fueron detenidas Virginia Laparra, exfiscal de FECI en Quetzaltenango y Aliss Morán, Paola Escobar y Willy Racanac, quienes investigaron el caso Comisiones Paralelas, sobre las anomalías que se dieron en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
Varios exfiscales siguieron a la lista, entre ellos Eduardo Pantaleón, quien trabajó en la Fiscalía contra la Corrupción y Stuardo Campo, quien había sido trasladado a otra Fiscalía.
En las elecciones 2023, la fiscal general utilizó el MP como arma política en contra de aquellos candidatos que le son incómodos. Luego de la primera vuelta que puso al partido Movimiento Semilla en la segunda vuelta, la FECI presentó un caso y pidió la cancelación de la personalidad jurídica de la agrupación, señalando que hubo anomalías en la manera en que fue constituida.
Porras continúa hasta la fecha atentando contra el proceso electoral y busca limitar la libertad de expresión de la ciudadanía que se ha expresado en las calles en contra de su gestión y que le han solicitado la renuncia.
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Stalling, la magistrada detrás del caso
Blanca Stalling, actual magistrada de la CSJ, fue incluida en la Lista Engel en julio de 2021. “Estuvo implicada en actos significativos de corrupción, al participar en mecanismos de soborno e influir de manera indebida en el poder judicial. Ha sido designada conforme al artículo 7031(c) por su participación en actos significativos de corrupción”, señaló el Departamento de Estado sobre ella.
Claudia González considera que su detención obedece a una “venganza” de parte de Stalling quien fue investigada, apresada y procesada durante la época de la CICIG en Guatemala, por tratar de ejercer tráfico de influencias en el juez Carlos Ruano, quien conocería el caso de su hijo Otto Molina Stalling, acusado en el caso IGSS-Pisa.
En la audiencia donde el juez Bremer le dio a conocer los motivos de su arresto, la abogada Delmi Castañeda pidió querellarse en el proceso en representación de Stalling, como agraviada.
González también señaló el caso como incongruente pues Stalling, como magistrada de la CSJ es jefa del juez Jimi Bremer. “¿Qué podemos esperar entonces, ella no debería de estar, pues si a ella se le presentó un antejuicio por haber presionado a un juez para que le diera medidas sustitutivas a su hijo, qué podemos esperar de este caso?”, cuestionó la abogada.
En 2017, el juez Carlos Ruano denunció a la magistrada por haberlo citado en su despacho donde le pidió que le otorgara medidas sustitutivas a su hijo. El juez la grabó y luego la denunció. El caso fue llevado por la FECI y la CICIG. A raíz de ello, a la magistrada se le presentó un antejuicio el cual fue dado con lugar.
La alta funcionaria fue capturada el 8 de febrero de 2017 mientras trataba de huir disfrazada con una peluca roja para evitar ser reconocida. Por este caso fue procesada, pero el juez décimo Víctor Cruz cerró el proceso en su contra el 29 de junio de 2022. Con ello, Stalling fue reinstalada en la CSJ.
Posteriormente la Fundación contra el Terrorismo presentó un antejuicio en contra del juez Carlos Ruano al cual la CSJ dio con lugar, por haber denunciado a Stalling.
Jimi Bremer, un juez afín al MP
Para conseguir la orden de detención de la abogada Claudia González, el MP acudió a uno de los jueces complacientes con dicha Fiscalía, Jimi Bremer, del Juzgado Décimo.
Bremer fue incluido en la Lista Engel en julio pasado. El juez décimo lleva en su juzgado uno de los casos en contra del periodista Jose Rubén Zamora, en el que se le acusa de obstaculización a la acción penal. Aduciendo su parcialidad, Zamora lo recusó, pues considera que no es imparcial y que está subordinado al MP.
En febrero pasado, el juez autorizó la investigación de periodistas y columnistas del medio elPeriódico, a petición de la FECI.
También ha favorecido a personas señaladas en el caso Comisiones Paralelas al anularles la orden de captura, entre estos el juez Mynor Moto y Douglas Herrera Arita, este último querellante en el proceso contra las exfiscales auxiliares de FECI, Aliss Morán y Paola Escobar.
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El fiscal
Finalmente, quien lleva el caso contra González es el fiscal Noé Nehemías Rivera, de la Fiscalía de Asuntos Internos quien procesó a Virginia Laparra, exfiscal de FECI en Quetzaltenango, quien fue condenada por abuso de autoridad.
Rivera también lleva los procesos en contra de las exfiscales auxiliares Morán y Escobar. El fiscal no se ha presentado esta semana a los juzgados en donde se dilucidan los casos de González, Morán y Escobar, excusándose de estar en diligencias y otras audiencias.
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