Créditos: Juan Rosales. Claudia González, quien ha defendido a varios exfiscales, fue detenida este lunes.
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El juez Jimi Bremer le dio a conocer a la abogada Claudia González los motivos de su arresto este lunes 28 de agosto y resolvió enviarla a prisión provisional hasta el 6 de septiembre, cuando realizará su audiencia de primera declaración. González conoce al menos 100 casos de operadores de justicia perseguidos, la mayoría de estas investigaciones, unas 80, en contra del exfiscal Sandoval, quien se encuentra en el exilio.

Por Regina Pérez

La abogada guatemalteca Claudia González fue detenida este lunes tras ser denunciada por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, a quien ella investigó cuando fue mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En una audiencia, el juez décimo Jimi Bremer le dio a conocer los motivos de su detención y la envió a prisión provisional a la cárcel de Mariscal Zavala en donde permanecerá hasta el 6 de septiembre, cuando se realizará la audiencia de primera declaración. El delito por el cual fue detenida es abuso de autoridad, que se le imputa únicamente a los funcionarios públicos.

González es una abogada que ha tomado la defensa de varios operadores de justicia de la administración de Consuelo Porras, entre ellos Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Eva Siomara Sosa, exsubjefa de la FECI y Virginia Laparra, estas dos últimas procesadas por el Ministerio Público (MP).

Alrededor de las 9:45 a.m., González fue trasladada a la Torre de Tribunales, lugar donde acude casi todos los días, desde 2022, cuando empezó a atender los casos de los exfiscales perseguidos. Al llegar dijo que le extrañaba que le hayan girado una orden de arresto pues ella se mantiene en Tribunales. “Es usual que utilicen el sistema para mantenernos en prisión, y así alargar el proceso, esperamos que el fiscal Noé Rivera venga bien preparado con su imputación”, señaló.

Entre 2011 y 2019 trabajó como mandataria judicial de la CICIG, cuando ese ente internacional cerró. “El tipo de abuso de autoridad es muy específico para funcionarios públicos, nosotros cuando fuimos mandatarios de CICIG actuábamos como querellantes adhesivos no éramos funcionarios públicos, éramos mandatarios de una organización internacional”, dijo.

El juez Bremer quería notificarle los motivos de su aprehensión de forma escrita, porque tenía una “agenda llena”, sin embargo, cuando un comisario del juzgado se acercó a informarle ella se rehusó.

Al escuchar que el juez estaba ocupado, la abogada respondió: “entonces no me hubiera girado orden de aprehensión, dígale al señor juez que me hubiera citado y que cuando tuviera tiempo, porque está muy ocupado, yo hubiera venido”.

¿Qué ocurrirá con los casos que llevaba González?

González conoce al menos 100 casos de operadores de justicia perseguidos, la mayoría de estas investigaciones, unas 80, en contra del exfiscal Sandoval, quien se encuentra en el exilio. También ha defendido a Leily Santizo, exmandataria de la CICIG y a la exfiscal de la FECI, Carlos Vides, quien también se encuentra fuera del país.

Para el martes 29 de agosto tenía previsto acudir a la audiencia de etapa intermedia de la exfiscal auxiliar de la FECI, Paola Escobar, de quien recién tomó su defensa. Sin embargo, dijo desconocer qué ocurrirá con esos casos.

“Es complicado decirlo, tenía muchos casos, para mañana tenemos programada una audiencia en el caso de Paola Escobar, estamos esperando el debate de Virginia Laparra en Quetzaltenango, tenemos cantidad de trabajo y seguimiento. También es estratégico saber de qué tomarme a mi podría en algún momento entorpecer algunas defensas”, explicó.

González dijo que desde el año pasado estaba preparada ante una posible detención en su contra, debido a los casos que conoce.

Debido al trabajo que realiza y al alto riesgo que supone ejercer su profesión en Guatemala, en mayo de 2023, la organización Lawyers for Lawyers (Abogados para abogados) la galardonó con su premio 2023.

Esa entidad advirtió desde entonces que González ejercía su labor a pesar del riesgo de ser arrestada o de sufrir daños físicos, lo cual ocurrió finalmente con su aprehensión.

Al Juzgado llegaron varios ciudadanos que también están bajo la mira del MP a solidarizarse con ella. Al concluir su audiencia, señaló que considera que el caso presentado por Stalling en su contra se trata de una venganza. “Vemos como el ‘Pacto de corruptos’ quiere aprovechar estos meses”, indicó al referirse al cambio de gobierno. 

MP no comparece a la audiencia

Alrededor de las 13:00 horas, el juez Bremer realizó la audiencia e informó que la orden de arresto en contra de González se debió a una denuncia de la magistrada de la CSJ, Blanca Stalling, solicitada por la Fiscalía de Asuntos Internos. Sin embargo, el fiscal del caso no asistió a la misma porque aún estaba en los allanamientos.

González le reclamó al juez por haber aceptado la excusa del MP para no presentarse: “Señor juez, ¿cómo es posible, si es un expediente de investigación de 2021, que hasta ahora están haciendo diligencias y, encima el MP lo hace mal porque ahorita está haciendo diligencias de investigación y piden mi orden de aprehensión, por qué no hacen primero la investigación y después me detienen?”.

La abogada agregó que si solicitaron la orden de arresto el MP debería estar en la audiencia pues es su obligación darle a conocer los hechos por los cuales fue detenida. “Públicamente se sabe que soy abogada litigante que estoy desde febrero de 2022 todos los días en Torre de Tribunales, me hubiera podido citar por lo que yo le pido que diga si usted acepta  ineficiencia del MP al no realizar la investigación durante el periodo correspondiente”, indicó.

A la audiencia acudió Delmi Rocío Castañeda, quien se presentó como mandataria judicial de Stalling, y pidió que se le acepte como querellante adhesiva. Sin embargo, el juez no lo resolvió porque no estaba presente el MP.

Abogada Claudia González recibirá premio internacional que destaca su trabajo

Stalling fue capturada en febrero de 2017, después de que el juez Carlos Ruano la denunció por tráfico de influencias, debido a que le pidió favorecer a su hijo acusado en el caso IGSS-Pisa. En 2022, la magistrada fue reinstalada en su puesto luego de que el juez Víctor Cruz cerrara el caso en su contra. El juez Ruano enfrenta un antejuicio que considera es una represalia por haberla denunciado.

Claudia González, la abogada que enfrentó al sistema para defender a operadores de justicia criminalizados

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