El concepto ha sido utilizado por el abogado del partido político Semilla. Algunos analistas y organizaciones internacionales han empezado a señalar el uso de las leyes vigentes para perseguir a opositores políticos por parte del Estado.
Por Carlos Estrada
Uno de los fines primordiales del derecho es la justicia y el fortalecimiento del poder democrático, sin embargo las leyes también pueden utilizarse para fines perversos, señala Christian González Chacón, doctor en derecho y especialista en derecho internacional graduado por la universidad Georgetown, en Estados Unidos.
Abogados, analistas y organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) han empezado a hablar del abuso en el uso de las leyes por parte del Estado para perseguir, en algunos casos condenar a operadores de justicia y periodistas, y más recientemente, en el caso del Movimiento Semilla para evitar su participación política.
Aunque poco conocido, el concepto de lawfare es un término que se ha ido utilizando cada vez más en democracias en donde la justicia y los pesos y contrapesos han desaparecido, están coludidos o han sido cooptados como sucede en el caso de Guatemala.
La palabra se deriva de la combinación de law (ley) y warfare (guerra), y se refiere al uso estratégico y manipulador del sistema legal y judicial para perseguir, difamar o debilitar a un adversario político o una organización, sin necesariamente basarse en fundamentos legales sólidos.
Según las definiciones de expertos, el concepto se refiere a utilizar la ley y los procedimientos legales existentes como armas para obtener ventaja política o dañar la reputación de alguien.
Esto incluye el inicio de investigaciones judiciales sin base real, la presentación de demandas sin fundamento o el uso de los tribunales para difamar, acosar o desprestigiar a una persona o grupo con el objetivo de debilitar su posición o eliminarlo de la escena política.
En el caso del Movimiento Semilla, su abogado Juan Gerardo Guerrero ha utilizado directamente el término lawfare, para referirse a los ataques legales que la agrupación política está recibiendo desde el Ministerio Público, respaldados y promovidos por el juez Fredy Orellana.
Guerrero señala que ha habido un ataque estructurado utilizando el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Especial Contra la Impunidad dirigida por Rafael Curruchiche y el juzgado séptimo, para atacarlos sin permitirles defenderse o tener acceso a los documentos de la investigación.
“Han instrumentalizado el sistema de justicia de Guatemala en el ámbito penal para intentar hacer creer que el Movimiento Semilla es una estructura criminal y por eso se tenía que suspender y cancelar. Cabe resaltar que nosotros no hemos tenido acceso a la carpeta ministerial a pesar de que la hemos solicitado en más de 20 ocasiones, y lo que es peor, en la reunión que tuvo el Ministerio Público con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (Luis Almagro) le indicaron que sí nos habían dado acceso al expediente, lo cual es totalmente falso”, señala Guerrero.
Un regreso a los años 70
En los últimos años en Guatemala, decenas de operadores de justicia, periodistas críticos con el sistema y defensores de derechos humanos ha sido perseguidos por la justicia bajo distintos argumentos legales, pero con la finalidad de silenciarlos y cambiar la narrativa alrededor de sus denuncias, así como convertirlos en “criminales” para con esto desacreditar sus investigaciones, sus denuncias o sus sentencias.
Para el abogado constitucionalista Alejandro Balsells, han venido sucediendo situaciones muy claras y palpables de lawfare en los últimos meses y aunque este término asusta a algunas personas y lo ven más complejo, lo que sucede en el país son demostraciones de poder fuera del marco constitucional, señala.
“Lo que estamos viendo en los últimos días en Guatemala es un regreso a la Guatemala de los gobiernos militares, a la Guatemala de los 60 y 70 en donde no existía ningún vínculo del poder hacía la Ley y hacía la Constitución, en donde no importa qué dice la Ley, no importa qué dice la Constitución, pero si vamos a encontrar a funcionarios judiciales que le dan el “barniz” de legalidad a estos actos”, explica Balsells.
Balsells califica esto como actos de regresión, los cuales empezaron hace tiempo con la persecución a abogados y periodistas, muchos de los cuales están en el exilio, además de no elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para esto, el Organismo Ejecutivo, respaldado por la Corte Suprema de Justicia, que debió haber dejado el cargo en 2020 y, el Congreso rendido a los intereses del Ejecutivo, se encargaron de dominar los espacios disidentes que quedaban, poniendo a personas afines en todos los sistemas de contrapesos del país.
La elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la del Procurador de los Derechos Humanos y del Contralor General de Cuentas, así como la reelección de la fiscal general Consuelo Porras y la elección amañada de Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos (USAC), fueron solo algunas de las muestras del uso de la ley en contra de los opositores, que a su vez, más tarde, han tenido la posibilidad de contribuir a esta “guerra jurídica”.
Cada vez más cerca de Nicaragua y Venezuela
Christian González Chacón que ha trabajado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha realizado informes sobre criminalización a defensores de derechos humanos en países con los sistemas de justicia cooptados como el caso de Venezuela y Nicaragua, señala que al igual que sucede en esos países, en Guatemala se está utilizando el sistema legal de forma abusiva.
“Es lo que se conoce como la desviación de poder, en donde la decisión dice una cosa, pero en realidad busca otra cosa. En el caso de Venezuela pasó, decían te despedimos porque tu contrato lo permite, pero los indicios indirectos sugerían -te despedimos porque firmaste para revocar el mandato de Chávez-”, explica el abogado.
González agrega que la eliminación de la competencia electoral ha sucedido también en Nicaragua, y manifiesta que el abuso de la ley se va dando de manera estructurada por actores antidemocráticos.
Una estrategia estructurada
Como ha sucedido con operadores de justicia, con periodistas acusados bajo diferentes argumentos legales y ahora con el Movimiento Semilla, el lawfare se estructura bajo varias fases, señala González.
La primera es la de la estigmatización, en donde se les señala a través de medios tradicionales que se convierten en cajas de resonancia de estos señalamientos, pero además ahora con el avance de las redes sociales, por medio de netcenters.
“En el caso de Semilla se ha podido ver que primero salieron diciendo que hicieron fraude, una cosa absurda cuando la agrupación no tiene ningún control en los medios informáticos y son justamente los grupos que denuncian el supuesto fraude los que sí tienen ese control. Esa es una forma de desgaste; luego piden volver a realizar el escrutinio y los resultados quedan igual, pero en alguna medida en algún sector queda la narrativa de -esta gente como que hizo fraude-.
Luego pasaron a una segunda fase de estigmatización, empezaron a señalarlos de comunistas, que nos quiere volver a todos gais, que el partido va a expropiar, y se unen grupos religiosos diciendo que es casi una amenaza satánica para el país, y ya generado ese desgaste pasan a la fase jurídica. Una fase jurídica donde un güizache o un leguleyo (abogado que no tiene la especialización suficiente) nos puede decir es que este artículo se puede interpretar de esta forma, pero esa activación de una persecución penal, en un momento como el de una segunda vuelta electoral, sugiere que el punto no es que haya transparencia en los procesos de inscripción y que todos cumplan con el Estado de derecho, el punto es, bajémonos a este partido porque nos va a ganar. Entonces, comienza ahí toda la base de persecución política y al haber una ruptura en las instituciones se van en contra de estas que fueron aliadas hasta hace un mes, ahora es atacar al Tribunal Supremo Electoral, atacar al registrador, al subregistrador hasta que alguien se voltee y les genere la prueba que necesitan, y al final es así una estrategia escalonada para desacreditar al enemigo abusando del derecho”, dice González.
Esta misma estrategia ha venido utilizándose en procesos contra exfiscales y periodistas, el caso de Virginia Laparra, Samari Gómez y Jose Rubén Zamora ilustran a la perfección este proceso escalonado por fases en el cual se desacredita, estigmatiza, acusa, ataca y utiliza el sistema de justicia de forma irregular incluso impidiendo que se defiendan de manera adecuada y rompiendo así con el debido proceso.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) señaló a través de su cuenta de Twitter que “el encarcelamiento de José Rubén Zamora, fundador y editor del Periódico, es un ejemplo atroz de cómo las autoridades han abusado de las leyes guatemaltecas para censurar a la prensa. Su caso es un ataque contra la prensa y la rendición de cuentas públicas, y es un indicador del estado de la democracia en Guatemala”.
“Es una paradoja, porque el punto del derecho es fortalecer la democracia, mientras que el lawfare el punto es destruir la institucionalidad y usar el derecho como un arma”, manifiesta González.
El caso Lula
Internacionalmente se ha señalado que hubo lawfare en el caso de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil.
En contra del actual presidente se siguieron varios procesos legales que terminaron con su sentencia y estuvo en prisión por 580 días. Sin embargo, el Tribunal Supremo de ese país señaló que su proceso, sentencia y prisión nunca debieron haberse producido.
La Corte determinó que a pesar de haberse utilizado principios legales, hubo irregularidades en el proceso y el juez que condenó al ahora presidente brasileño, había roto el principio de imparcialidad. El juez Sergio Moro, quién condenó a Lula, asumió después como ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro.
De la misma manera como sucede en Guatemala, el proceso en contra de Lula inició minando su credibilidad con la finalidad de socavar la imagen y generar duda entre quienes lo apoyaban. Luego de esto al menos 20 procesos se abrieron en su contra, así como de varias personas a su alrededor incluidos familiares. La mayoría de estos procesos fueron desestimados mientras que en otros Lula argumentó que hubo manipulación de las pruebas y declaró que era un intento por criminalizar la política.
La Corte Suprema de Brasil determinó que el juez que lo condenó no tenía injerencia en los casos que se seguían en contra del ahora presidente, por lo que ordenó que estos fueran conocidos en juzgados que tuvieran jurisdicción.
El primer paso es reconocer el retroceso
Sin embargo, puede haber luz al final del túnel del lawfare actual en el que se encuentra el país. Una de las primeras decisiones que tendrían que darse para empezar a superarlo es que la elección de Cortes no se quede en manos del actual sistema político, que la elección la realice un nuevo Congreso, considera González.
Mientras Balsells, considera que el primer paso para superar la crisis actual que vive el país es reconocer que hay un retroceso institucional.
“Hay que aceptar el retroceso que se dio en el Gobierno de Jimmy Morales y de Giammattei y encauzar de nuevo la institucionalidad para que funcione, además el apoyo ciudadano al proceso democrático es muy importante. El guatemalteco cree en el proceso electoral, quiere ir a votar y cree que así es la forma de elegir a sus autoridades”, indica Balsells.
La fuerza de la ciudadanía en las urnas es algo que debe tener claro quien ostente el poder, considera Balsells, “ellos podrán reprimir, porque tienen el monopolio de las armas, pero no creo que puedan hacer más cuando la población demuestre que es por medio de elecciones que se tiene que cambiar a quienes ejercen el poder”.
Por su parte González agrega que la renuncia de la actual fiscal general sería algo prioritario para superar la crisis actual.
Además, señala que desde una posición más modesta se puede también apelar a las personas honestas que aún quedan en las instituciones de justicia, jueces independientes que no se presten a arbitrariedades, fiscales que denuncien lo que sucede a lo interno del Ministerio Público y que actúen de manera decorosa.
Además, recomienda también a los medios evitar darle voz a quienes abusan del sistema democrático evitando amplificarlos sobre las mentiras que buscan propagar.
“Creo que en el contexto actual hay algunas oportunidades de cambio y no hay que perder la esperanza, creo que ahora que se han acrecentado los ataques es porque hay alguna ruptura en el pacto de impunidad y algunos actores ya se están haciendo para atrás al menos con esta última acción que uno diría que era ya casi un golpe de Estado técnico”, concluye González.
