“La Fundación contra el Terrorismo lo ha dicho que no va a descansar hasta verme preso o prófugo”, dijo el juez Carlos Ruano al salir de la audiencia donde presentó sus pruebas de descargo, que fue en una audiencia pública.
Por Regina Pérez
El juez Carlos Ruano acudió a una audiencia ante el pesquisidor del antejuicio en su contra, el juez Jorge Valladares. Este es un paso previo a que el juez emita un informe con su recomendación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que el pleno resuelva si le retiran o no la inmunidad a Ruano y de esa manera pueda ser investigado por el Ministerio Público (MP).
En febrero pasado la CSJ admitió para su trámite una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo en contra de Ruano por haber grabado a la magistrada Blanca Stalling en 2016, cuando esta lo citó en su despacho para pedirle un favor, ya que el juez había sido nombrado como parte del Tribunal Noveno de Sentencia Penal que conocería el caso IGSS-Pisa, donde estaba acusado el hijo de la togada.
En esta audiencia, Ruano se defendió punto por punto por los cinco delitos por los cuales se le señala. El primer delito es por supuesta “usurpación de atribuciones”, aunque él hizo ver que los denunciantes luego confunden el delito por “usurpación de funciones”.
?? El juez Carlos Ruano lamentó que la Corte Suprema de Justicia no haya defendido su independencia judicial y que ahora sufre las consecuencias de haber denunciado a la magistrada Stalling.
"Yo fui honesto, íntegro, como lo he sido siempre" finalizó. #AntejuicioJuezRuano pic.twitter.com/ka9rLZAOsx
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 4, 2023
Esto porque supuestamente fue designado por la Sala Segunda de Apelaciones para conocer el caso en contra del hijo de la magistrada, Otto Fernando Molina Stalling. “Yo no voy a responder si la Sala Segunda me denunció ilegalmente”, argumentó. También dijo que los jueces no se autodesignan para integrar un Tribunal.
El segundo delito por el cual se presentó la denuncia es por “resoluciones violatorias a la Constitución”. “Qué hice yo, el acto de denunciar, nunca dicté una resolución, de donde se sacan el delito”, señaló. “No se indica qué resolución, qué fecha, qué proceso porque no hay resolución”, agregó.
La Fundación también señala que el juez se tardó cuatro meses en presentar la denuncia en contra de la magistrada. “¿Qué norma de nuestra legislación establece un plazo para presentar una denuncia?” preguntó e hizo ver que la misma Fundación lo denunció a él hasta cinco años, 9 meses y 17 días después, “yo solo me tardé cuatro meses, bajo ese criterio, bajo qué situación quedarían ellos”, dijo.
“La CSJ no leyó la querella cuando le dio trámite”
El tercer delito es por incumplimiento de deberes en forma continuada porque según la querella, se presentó el 1 de septiembre de 2022 en la sede de la vocalía de la CSJ, “este hecho es falso, yo fui a la vocalía 7 con la magistrada Stalling el 1 de septiembre de 2016, no 2022, esto me lleva a concluir que la CSJ no leyó esta querella cuando le dio trámite”, señaló.
También lo señalan de no haberse excusado de conocer el caso de Otto Molina Stalling, porque el 7 de enero de 2015 hizo escuchas telefónicas que involucraban a ese acusado. El juez mostró que efectivamente fue a la Unidad de Métodos Especiales (UME) a escuchar las interceptaciones, pero las líneas correspondían a los acusados Francisco Cortez Bocaletti y Rodolfo García Granados, acusados en el caso IGSS-Pisa. “Es falso ese hecho que me atribuyen”, afirmó.
El cuarto delito es abuso de autoridad, porque grabó de manera “subrepticia” a la magistrada Stalling, quien gozaba del derecho de antejuicio. “Por supuesto, yo no le iba a decir magistrada Stalling aquí la voy a grabar”, dijo. Él dijo que no cometió dicho delito porque no fue un acto arbitrario y no estaba actuando en sus funciones como juez.
El quinto delito es por “simulación de delito” porque supuestamente hizo afirmaciones falsas al entonces jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, sobre la magistrada Stalling. “La denuncia que yo presenté no fue falsa, en el sobreseimiento (cierre del proceso) el juez Décimo no resolvió de esa manera”, indicó. Es el único que puede certificar si fue un acto ilegal, él no se pronunció sobre eso porque no hubo ni una ilegalidad, agregó.
En esta audiencia que fue pública acudieron jueces de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), observadores de derechos humanos y el juez suspendido del cargo, Pablo Xitumul, para manifestarle su solidaridad.
“La Fundación contra el Terrorismo no va a descansar”
Al salir de la audiencia, el juez Ruano dio declaraciones a la prensa e indicó que actualmente está bajo un análisis de riesgo debido al antejuicio y amenazas en su contra, una situación muy similar a la que pasaron otros jueces que luego tuvieron que salir del país, como Miguel Ángel Gálvez.
Ruano indicó que las amenazas en su contra son muy directas sobre que “debo pagar por lo que hice” en relación a la denuncia en contra de Stalling, quien ya fue reinstalada como magistrada.
La Fundación contra el Terrorismo dice que no va a descansar hasta verme prófugo o preso, agregó.
El juzgador lanzó una dura crítica a la Corte Suprema de Justicia por haber dado trámite al antejuicio en su contra, que considera debió rechazar sin conocerlo. “Si uno de juez da un paso adelante siendo independiente y honesto y recibe esto como consecuencia o represalia, qué sistema de justicia quieren en Guatemala y se lo digo directamente a la CSJ y ellos son responsables por el hecho de que esto afecta el funcionamiento, porque tengo que estar dedicando tiempo para defenderme cuando yo tengo que estar dedicando tiempo a analizar los procesos que a diario tengo”, reclamó.
Dar tramite a estas denuncias espurias e infundadas en una clara venganza “es prestar el sistema de justicia para venganza y eso ya deja de ser justicia”, puntualizó.
En cuanto al amparo que Ruano presentó a la Corte de Constitucionalidad (CC) para detener el antejuicio, su abogado Herbert Pérez señaló que aún no lo han resuelto.
Ruano forma parte del grupo de jueces de Mayor Riesgo que han sido denunciados, ya sea por la Fundación contra el Terrorismo u otros actores. Al menos dos de ellos, Érika Aifán y Miguel Ángel Gálvez tuvieron que salir al exilio por dos denuncias en su contra, antes de que sus antejuicios llegaran a la CSJ.
#AntejuicioJuezRuano ⚖️ "El sistema de justicia está al revés"
El juez Carlos Ruano dice que está bajo un análisis de riesgo al preguntarle si ha considerado salir del país.
La Fundación contra el Terrorismo no va a descansar hasta verme preso o prófugo, dijo
? @_Rahina_ pic.twitter.com/OaatDwHbXa
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 4, 2023