Los pedidos de no injerencia del canciller, Mario Búcaro, ante la OEA no tienen ningún efecto ante la comunidad internacional ya que Guatemala debe cumplir con la Carta Democrática en donde al ser firmante adquiere derechos y obligaciones, opina el excanciller.
Por Isela Espinoza
A una semana de la segunda vuelta electoral en Guatemala, la comunidad internacional agiliza sus esfuerzos para respaldar la democracia del país y la región. Para el analista político y excanciller, Edgar Gutiérrez, el consenso y visibilidad internacional que se ha tenido Guatemala en los últimos días no se registraba desde hace más de 30 años.
La frágil democracia y las amenazas del “Pacto de corruptos”, por mantener el poder, han puesto en alerta a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Durante una entrevista con Prensa Comunitaria, Gutiérrez se refirió al informe presentado el pasado jueves por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ante el Consejo Permanente luego de su visita de cuatro días al país en donde sostuvo reuniones con autoridades del Gobierno, sociedad civil, la candidata a la presidencia Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el candidato Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla.
Estos son los escenarios que prevé el excanciller sobre el informe de Almagro.
¿Cómo se percibe el informe presentado por Almagro ante el Consejo Permanente de la OEA?
Es un informe objetivo que identifica las áreas críticas del proceso electoral de Guatemala, empezando por su excesiva judicialización y el empleo del derecho penal como herramienta de persecución política. También sitúa la causa de toda esta interferencia y debilitamiento del Estado de derecho en la impunidad, la protección de las redes de corrupción y crimen que ostentan el poder en Guatemala.
Después de la intervención de Almagro los representantes de los Estados miembros también se pronunciaron. ¿Cómo percibió la posición de los países a favor de la democracia?
Me pareció relevante el debate del Consejo Permanente, porque prácticamente es la segunda vez que hay consenso sobre estos puntos críticos del país, cosa que en la OEA en los últimos años no es común tener un consenso respecto del diagnóstico y las salidas de una crisis política. En el caso guatemalteco sí fue muy claro y la conclusión más relevante es no solo la de poder acompañar la segunda vuelta electoral del 20 de agosto sino permanecer en el país hasta el 14 de enero, lo cual también es otro reflejo de la preocupación de la comunidad internacional por la fragilidad democrática de Guatemala.
¿Este consenso tendrá algún impacto en el país a pesar de que el canciller Mario Búcaro llamó a la no injerencia?
Tiene impacto en cuanto a contener los desmanes antidemocráticos del régimen (de Alejandro Giammattei), las para nada ocultas intensiones de declarar un fraude, si pierden el 20 de agosto, y desestabilizar el país. En eso tiene impacto, en detener esos impulsos autoritarios. Ahora, el régimen quiso jugar a la diplomacia y me parece que le salió el tiro por la culata, porque el consenso significa prácticamente el total aislamiento en el hemisferio y el discurso de no injerencia no tuvo ningún eco en el Consejo. Todo el mundo sabe que cuando un país participa en un organismo multilateral, como es este caso con plenos derechos, también tiene obligaciones. El país es parte de la carta de la OEA y también negoció y suscribió la Carta Democrática Interamericana sin interferencias ni presiones ni amenazas. En las relaciones diplomáticas hay derechos y obligaciones y acudir al argumento de no injerencia no tiene ningún efecto.
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En las últimas reuniones sobre Guatemala, se ha mencionado la utilización de la Carta Democrática. ¿En qué consiste y qué efectos tendría para Guatemala?
La carta democrática es un compromiso que se adquirió, en 2001, en la Cumbre de las Américas en Canadá. Y se llevó una negociación de varios meses hasta culminar en un acuerdo en una Asamblea de la OEA en Lima, Perú. Básicamente a lo que se refiere es a que todas las naciones que son parte de la Carta se comprometen a respetar las normas y procedimientos de la democracia, cuyo aspecto más básico es el proceso electoral. Aquellas naciones que no respeten esto serán excluidas del sistema como ya ha ocurrido con Nicaragua.
En este contexto, ¿cómo se percibe Guatemala?
Se percibe como una democracia frágil bajo amenaza por el “Pacto de corruptos” y en definitiva la comunidad internacional no está dispuesta a permitir o tolerar que se rompan los principios democráticos. El país ha tenido la más alta visibilidad internacional con este proceso electoral que no había tenido en 35 o 40 años de periodo democrático.
Representantes de Antigua y Barbuda, Estados Unidos, Canadá y otros países anunciaron que previo a la visita de Almagro preparaban una resolución en contra de Guatemala. ¿Cuál es el trabajo que ha estado haciendo la cancillería para evitar que se publique este documento?
Había un borrador de resolución que no habla todavía de sanciones, sino de que el Consejo Permanente encargaba una misión in situ o in loco, como dicen ellos, al secretario general Luis Almagro. Y para evitar que pareciera imposición lo que hizo el gobierno fue adelantarse invitando a Almagro, pero ese mandato ya estaba en el borrador. Yo creo que ahora todos estarán atentos a ver cómo resulta la jornada del 20 de agosto y, de hecho, acordaron una siguiente reunión después de la segunda vuelta electoral para evaluar la jornada y va a depender de lo que ahí ocurra, para adoptar decisiones más drásticas o bien respaldar los resultados legítimos de esas elecciones.
A partir del respaldo de la comunidad internacional, ¿Cuáles son los escenarios que se visualizan para Guatemala?
Guatemala va a recibir respaldo solo sí cumple sus compromisos internacionales de respeto a la democracia y esto está en manos de manera crítica de Consuelo Porras (fiscal general del Ministerio Público), de algunos jueces y tribunales que han sido instrumentos de persecución política a partir del 26 de junio. Sobre ellos puede recaer, si siguen el hostigamiento y las amenazas, la responsabilidad de sanciones económicas, comerciales y financieras.
A nivel local, entre la polarización y desinformación que rodea a la población, ¿qué escenarios se prevén para el 20 de agosto?
Siempre en segunda vuelta hay una baja participación sobre todo en la población rural. Yo percibo que la población está entusiasmada y decidida a votar por un cambio a pesar de las campañas de desinformación y mensajes de odio. Hay una convicción de que el país no puede seguir bajo el sistema actual que arrebata derechos, servicios esenciales, libertades públicas. El régimen de Giammattei no le ha traído nada a cambio a la población. Al revés, se han tenido los presupuestos más voluminosos en la historia del país para atender la pandemia de la COVID-19 y se hizo muy poco o nada. Los servicios de educación y salud pública son una ruina, la inseguridad ha vuelto y todo esto arrecia la inmigración irregular. Así que no veo algo que le tenga que agradecer la población a este régimen.
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