Defensores de la libertad de expresión y periodistas hablaron sobre los retos que afrontan de cara a las elecciones del 20 de agosto en Ecuador y Guatemala.
Por Rony Ríos
En Guatemala, el Ministerio Público (MP) está judicializando el proceso electoral a través de señalamientos en contra del partido Movimiento Semilla, lo cual ha sido señalado por distintos sectores como el intento de un golpe de Estado técnico, tras el triunfo inesperado del binomio presidencial de esta agrupación política en la primera vuelta, el pasado 25 de junio.
Mientras en Ecuador, el proceso electoral, también ha sido convulso por el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia. Fernando Villavicencio era un asambleísta que denunció la existencia de grupos del crimen organizado vinculados a la élite política de su país y ayer fue asesinado en un ataque con arma de fuego.
Aunque ambos países están separados por más de 2,300 kilómetros, los caminos accidentados hacia el proceso electoral son bastante comunes y la prensa, que evidencia esto, también recibe los coletazos de los sistemas que se resisten al cambio.
Ante la situación, la Fundación Ética Periodística realizó un foro para conversar sobre la crisis electoral, el periodismo en la defensa de la democracia y la amenaza de la libertad de prensa. En la actividad participaron Mónica González, de la Fundación Gabo; Quimy De León, fundadora de Prensa Comunitaria y Ruda; Susana Morán, periodista ecuatoriana; Pedro Vaca, relator para la Libertad de Expresión; y el abogado Francisco Cox.
Deterioro de la democracia
Tanto Susana Morán como Quimy De León coincidieron en que la situación democrática en sus países -Ecuador y Guatemala, respectivamente- se encuentra en riesgo y que en las dos naciones ejercer el periodismo es más complicado, por lo que resaltaron la importancia de unirse con otros medios de comunicación y periodistas en la región para hacerle frente a los ataques que la prensa recibe.
De León explicó, que en lo que va del año, solamente el equipo de Prensa Comunitaria ha registrado 52 ataques y que tres periodistas están exiliados por el acoso judicial al que se han visto sometidos. Misma situación que sufren otros medios de comunicación y periodistas comunitarios.
En el caso de Ecuador, Morán indicó que cinco periodistas están exiliados y se han dado hechos de intimidación y violencia en contra de otros periodistas y directores de medios de comunicación, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, llegando al extremo de enviar explosivos a sus residencias junto con amenazas.
Morán dijo que el detonante en Ecuador fue el asesinato de periodistas del diario El Comercio, en 2018, ya que el gobierno no ha dado respuesta y eso da la pauta a los perpetradores para que puedan seguir cometiendo esos actos y quedar impunes.
De León también indicó que las y los periodistas, además de ejercer su profesión, tienen que velar por la protección de sus propios derechos fundamentales como la vida y la libertad de expresión. “Jose Rubén Zamora, es un periodista que está preso, hay también periodistas en el exilio y la prensa sigue resistiendo con menos presupuesto, con limitaciones a la información y el acceso a las fuentes, pero esa resistencia no debe ser romantizada”, sentenció.
“Hay territorios fuera del control, creíamos que en Quito había un cierto control del Estado, pero el mito se acabó ayer con el asesinato de Fernando Villavicencio”, dijo Morán.
Prensa debe resistir
El relator para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, consideró que la violencia hay que desterrarla del debate público porque es riesgoso para la democracia. “En el caso de Fernando Villavicencio, ejerció como periodista y fue usuario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, su asesinato golpea el espíritu democrático”, dijo.
El relator indicó que la propaganda le declaró la guerra al periodismo y que a través de la voz pública se estigmatiza la labor de la prensa.
Además, Vaca pidió a la prensa que siga con su trabajo, con los más altos estándares éticos para combatir la desinformación y al Estado que brinde plenas garantías para el desempeño de la profesión de la prensa.
Francisco Cox, abogado nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, aseguró que el narcotráfico comienza a cooptar las instituciones y evidencia que policías y elementos del Ejército se encuentran involucrados en estos tipos de crímenes, por lo que es necesario que el periodismo realice investigaciones con fuertes estándares que se asemejen a una investigación penal que incluya todas las pruebas, aunque reconoció las implicaciones.
