En un amparo que presentó Consuelo Porras ante la Corte de Constitucionalidad señala que las publicaciones afectan la acción del MP y las protestas vulneran los derechos a la seguridad, a la acción y a la vida, por lo que pidió que se ordene a la PNC que actúe “cuando sea absolutamente necesaria y en casos excepcionales”. Además, pidió que el procurador Alejandro Córdova, solicite medidas cautelares para ella, Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso.
Por Simón Antonio y Luis Ovalle
La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el presidente Alejandro Giammattei, el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos y el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Manfredo Ardiano López.
Porras subraya que dichos funcionarios deben adoptar todas las medidas preventivas conferidas por la ley y así garantizar el cumplimiento de la función constitucional que le compete al MP; sin embargo, destaca que el mandato constitucional del ente investigador se ha visto vulnerado, debido a publicaciones realizadas por activistas, periodistas, medios de comunicación y abogados usuarios en la red social X (antes Twitter). En el documento adjuntó las capturas de pantalla.
#NoNosCallarán 📍Consuelo Porras del MP busca criminalizar a periodistas y activistas por críticas en su contra.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 25, 2023
“Se ha pretendido limitar el ejercicio de la persecución penal y por ende transgredir la autonomía e independencia del Ministerio Público”, señaló la fiscal al justificar su amparo. “A través de los actos que conllevan desorden público, violación de los derechos constitucionales, obstrucción a la justicia y a la persecución penal, con el ánimo de deponer a funcionarios públicos legalmente nombrados, al motivar la renuncia de funcionarios del Ministerio Público sin que exista asidero legal que las fundamente”, apuntó.
En el amparo la fiscal general también señaló que a ella, a José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); y a la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, se les violenta el derecho a la vida, la seguridad, la integridad personal, la libertad de locomoción y de acción, con las publicaciones en las que usuarios de las redes sociales piden sus renuncias.
La jefa del MP dijo que el agravio que la llevó a promover el amparo fue a partir de la convocatoria de manifestación de este viernes 25 de agosto, a las 11 de la mañana, frente a la sede del MP, en la zona 1 de la capital. “Tal es el caso de la convocatoria para el viernes veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés pretenden ejecutar la “encerrona” (como textualmente lo indica el mensaje en la red social)”, señaló Porras.
Además, la fiscal general mencionó a secretarios generales o representantes de organizaciones y organizaciones no gubernamentales donde supuestamente se provoca la obstrucción a la persecución penal que “legalmente le compete al Ministerio Público, queriendo socavar el Estado de Derecho”.
En el amparo pidió que la PNC garantice las funciones del MP, los derechos reclamados y reprimir la protesta social. “Así como preservar el orden público con elementos de la fuerza pública, debidamente uniformados, pudiendo ejercer la fuerza pública, cuando sea absolutamente necesaria y en casos excepcionales”, solicitó en el amparo. También señaló que, si Alejandro Giammattei no emite las medidas que se soliciten, la CC resuelva ordenar acciones preventivas.
Porras solicitó que se ordene la protección a favor los fiscales Curruchiche, Monterroso y su persona, así como de las y los usuarios de los servicios del MP, que se encuentren dentro de las instalaciones y en los alrededores; además, que se ordene lo que corresponda ante la comisión de hechos delictivos por parte de las personas que manifiesten este 25 de agosto frente a esa sede, así como de los funcionarios que incumplan la resolución de la CC, que aún no ha sido resuelta.
Además, pidió a la CC que ordene al jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova Herrera que pida medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para Porras, Curruchiche y Monterroso.
La fiscal general nos está diciendo “estoy sola, no tengo respaldo político”
El abogado y analista Oswaldo Samayoa, considera que el amparo presentado por la fiscal general ante la Corte de Constitucionalidad hay que verlo desde el ámbito político. En su criterio hay tres señales; la primera, es la existencia de un rompimiento de acuerdos políticos entre ella y el presidente Alejandro Giammattei. La segunda, que Consuelo Porras siente que las funciones que lleva a cabo el MP son tan apegadas a derecho -de acuerdo a su interpretación-, que no entiende por qué puede haber otro tipo de institucionalidad haciendo referencia al trabajo de ella; y la tercera, es que tiene miedo de que la gente se exprese y se manifieste.
Samayoa recordó que un amparo es una garantía que protege los derechos fundamentales de las personas, cuando están bajo amenaza o cuando estos están siendo vulnerados o violentados. “Esa es la función de un amparo, hacer que las autoridades se muevan rapidito para proteger un derecho”, indicó.
Sin embargo, subrayó que la manifestación popular no puede ser frenada por un amparo, porque esta es un derecho fundamental de la población. La libertad de expresión solo podría ser limitada si violenta la libertad de una persona u ofende su moral, pero el artículo 35 de la Constitución Política de la República deja claro que cuando una persona ejerce una función pública, no es ofensa a la dignidad ni a la moral, que las personas se refieran a ellas.
Al respecto, Factor Méndez, coordinador de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), dijo que en la jefa del Ministerio Público debería prevalecer su obligación de defender los derechos y libertades de la ciudadanía, pero lo que hace es coartar y sembrar temor en las personas, para evitar que se expresen libremente, pero además condenó que se haga referencia en el amparo a publicaciones personales de periodistas.
“Esto lo condenamos, porque al mencionar a colegas periodistas se violenta la libertad de prensa y de expresión, garantizada, no solo en la Carta Magna sino en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales Guatemala es signataria”, anotó.
En declaraciones a Emisoras Unidas, el exrelator Edison Lanza para la Libertad de Expresión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), recordó que todos los funcionarios están sujetos a la crítica popular, por lo que en su criterio la denuncia de la fiscal general no debería prosperar, porque Consuelo Porras es una persona sometida a la crítica popular. Pedirle la renuncia es parte del sistema democrático.
“Una denuncia contra la prensa es grave, ya que los funcionarios deben ser tolerantes a la crítica y responder con hechos o con declaraciones bajo el debate público”, dijo Lanza.
Tanto Sergio Morataya, estudiante de la Escuela de Ciencia Política, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) como Gustavo Marroquín, catedrático de historia en las universidades Francisco Marroquín y Rafael Landívar, manifestaron su sorpresa, al ver que sus publicaciones fueron utilizadas como respaldo al amparo presentado por Consuelo Porras.
“Como guatemaltecos tenemos el derecho de pedirle la renuncia (a Consuelo Porras), porque somos nosotros los que estamos cansados de su administración, porque no solo ha socavado el Estado de derecho y la democracia, sino que ahora intenta anular el voto popular, anular la decisión que tomamos el 25 de junio y el 20 de agosto pasados”, destacó Morataya.
Más de 2 millones de personas reiteramos con el voto que estamos cansados de la corrupción y que votamos por algo distinto, pero ella lo irrespeta e ignora la voluntad del pueblo, con lo que se entromete en asuntos que no le corresponden, dijo.
Oswaldo Samayoa, hizo énfasis en que la fiscal general, Consuelo Porras debe empezar a pensar en estabilizar al MP y dejar de hacer la guerra jurídica contra lo imposible. “Están cayendo en ridiculeces; si no se detienen a reflexionar que están haciendo el ridículo van a terminar sometiendo a la institucionalidad al desastre”, concluyó.
En las reproducciones de los mensajes de Twitter, que se adjuntan en la solicitud de amparo aparecen varios periodistas y medios: Alejandra Gutiérrez, directora de agencia OCOTE; Claudia Méndez Arriaza, de Con Criterio; Paola Hurtado, periodista independiente; Jeanfredy Gutiérrez Torres, periodista colombiano; Iduvina Hernández, columnista; otros dos periodistas mencionados: Diego España, de La hora y Michelle Mendoza, de CNN: medios; Epicentro, Focos TV, de El Salvador y Prensa Libre.
