Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

La población guatemaltecos expone que la gestión de la fiscal general, en especial durante el proceso electoral, ha afectado la certeza jurídica, la estabilidad política y democrática del país y sus relaciones internacionales.

Por Isela Espinoza

En un memorial firmado por más de 1 mil ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas y de 166 miembros de la sociedad civil, autoridades ancestrales, entre otros, demandaron este miércoles al presidente Alejandro Giammattei “en su calidad como autoridad nominadora del cargo de fiscal general” pedir la renuncia o destituir a Consuelo Porras del Ministerio Público (MP) por su “mal desempeño” en las obligaciones de su cargo.

En el documento, quienes firman citan los artículos 251 de la Constitución y el 14 sobre la remoción de la Ley Orgánica del MP. Este último señala: “el presidente de la República podrá remover al fiscal general por causa justa y debidamente establecida”.

Los guatemaltecos afirman que Porras ha mostrado una “deficiente dirección a la institución” como actuaciones de abuso de autoridad y realización de actos contrarios al orden constitucional entre ellos: la persecución penal contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), miembros de las Juntas Electorales Departamentales y Municipales, Coordinadores de Centros de Votación y miembros de las Juntas Receptoras de Votos “para obstaculizar y poner en riesgo el proceso electoral”, el Estado de derecho y la democracia del país.

Por otro lado, también resaltan que la fiscal ocultó el plan para asesinar al presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, dado a conocer días antes de la segunda vuelta en donde el binomio presidencial del partido Movimiento Semilla ganó con el 60.91% de los votos válidos.

“Esto provocó que usted diera una información diferente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al ser cuestionado al respecto”, se lee en el memorial. Además, refieren que el actuar del MP ha puesto en demérito la situación del país ante la comunidad internacional.

Mañana, está previsto que la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebre una sesión extraordinaria para conocer la situación política del país. Esta sería la cuarta ocasión que los embajadores de los Estados miembros de la OEA se pronuncian para defender la democracia de Guatemala.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, calificó de “excesiva”, la judicialización del proceso electoral luego de su visita a Guatemala en el marco del acoso contra los ciudadanos voluntarios que participaron en las juntas electorales, trabajadores y magistrados del TSE y los pedidos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Rafael Curruchiche, de cancelar la personalidad jurídica de Semilla.

El lunes, el mismo día que el TSE oficializó los resultados presidenciales, el Registro de Ciudadanos resolvió suspender provisionalmente la personalidad jurídica de Semilla por supuestamente en su constitución como organización política reunir firmas falsas de afiliados. Sin embargo, el hecho fue denunciado previamente por Semilla, que hasta el momento no ha tenido acceso al expediente de la FECI del MP.

“Para el caso concreto, la única autoridad con competencia constitucional sobre asuntos electorales es el Tribunal Supremo Electoral y sus órganos, por lo que, si no se impugnó en tiempo y forma, como lo establece la LEPP (Ley Electoral y de Partidos Políticos), la resolución del Registro de Ciudadanos que reconoce la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, debe surtir los efectos jurídicos que la LEPP prevé. Por tanto, dicho partido político legítimamente un derecho”, agrega el memorial.

Los colectivos y ciudadanía finalizaron recordando a Giammattei que de no atender la solicitud “la historia y el pueblo se lo demandará”.

Más información

Diplomáticos y organizaciones reiteran su preocupación por los intentos de cancelar a Semilla

COMPARTE