El viernes 17 de mayo venció el plazo para la recepción de la papelería de los aspirantes a dirigir el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). Entre los candidatos figuran Alexis Calderón, abogado de dos colaboradores eficaces en casos de corrupción durante el gobierno de Otto Pérez Molina; un juez de Quetzaltenango y catedrático de la Universidad de San Carlos (USAC); un magistrado suplente de la CC, el actual director del IDPP y trabajadores de la institución.
Por Isela Espinoza
La Comisión Postuladora integrada para presentar una terna de candidatos de, la que se debe elegir al nuevo director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), empezó este lunes 20 de mayo con la revisión de los expedientes de los profesionales que aspiran a dirigir este instituto.
Cuarenta y cinco personas presentaron su papelería en el plazo establecido por los comisionados, que cerró el viernes pasado 17 de mayo. Ahora, los encargados deberán evaluar los expedientes y luego publicar la lista de los candidatos aceptados o excluidos, para luego continuar con el proceso de elegir a tres candidatos cuyos nombres deberán ser presentados al Congreso a más tardar el 15 de julio. El proceso finalizará cuando el pleno del Legislativo elija el nuevo director del IDPP con 81 votos a favor.
El 5 de agosto de este año, vence el período del actual director general del Instituto de la Defensa Pública Penal, Idonaldo Fuentes Fuentes, quien asumió el cargo en 2019.
#JusticiaGT ⚖️Finaliza recepción de expedientes para dirigir el Instituto de la Defensa Pública Penal.
Un total de 45 abogados se postularon para dirigir esta entidad. La documentación será revisada por una Comisión de Postulación.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 17, 2024
Los candidatos
Entre los perfiles recibidos por los comisionados destaca el de Alexis Calderón quien defendió a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y acusado de participar junto a ella y al presidente Otto Pérez Molina en la red criminal de defraudación aduanera conocida como “La Línea”.
Calderón también defendió a Salvador Estuardo González, alias Eco, vinculado con el caso “Bufete de la impunidad”, presuntamente dedicado a influir en resoluciones judiciales. En 2018, el abogado litigante independiente durante una entrevista con Emisoras Unidas, dijo que “lo que falta (en el país) son jueces con carácter que hagan valer sus resoluciones”, en referencia a Miguel Ángel Gálvez, en ese entonces juez de Mayor Riesgo B, y quien conoció el caso de Monzón. Gálvez hoy se encuentra en el exilio a causa de la criminalización contra los operadores de justicia.
Además, esta no es la primera vez que se postula para un cargo público. En febrero de 2021 también presentó su papelería para optar al cargo de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), pero no logró ser electo.
El 7 de mayo, Federico Ruata, coordinador de la sede del IDPP en Cobán, fue el primero en acudir a la sede central de la institución para entregar su papelería.
El 8 de mayo, le siguió Otto José Paz Kroell, quien en 2018 fue juramentado como relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPT). El año pasado, Paz Kroel fue uno de los diez candidatos que se postuló para ser electo nuevamente como relator titular o suplente de la OPT para el periodo 2024-2029.
El lunes 13 de mayo, la Comisión de Postulación recibió el expediente de María Magdalena Cadenas Fuentes. Actualmente, ella trabaja en el área de impugnaciones en la sede del IDPP en la ciudad de Quetzaltenango.
El miércoles 15 de mayo, la Comisión también recibió el expediente de Axel Samael Espino Martínez, quien labora en la sede del IDPP en Chiquimula. Ese mismo día, se sumaron otros dos perfiles: José Gustavo Girón Payés, docente de la Unidad de Formación y Capacitación de Defensores Públicos (UNIFOCADEP); y Adrián Rolando Rodríguez Arana, Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente del departamento de Guatemala.
El jueves 16 de mayo se sumó al listado un juez de Quetzaltenango, Óscar Chavajay Dionisio. Así como Carlos Humberto Sandoval Orellana, jefe de supervisión del IDPP de la sede en el departamento de Guatemala.
Ese mismo día también presentó su expediente Rony Eulalio López Contreras, magistrado suplente de la CC. A inicios de enero de este año, el magistrado electo por el Consejo Superior Universitario de la USAC en marzo de 2021, pidió seguridad al Ministerio de Gobernación, porque según denunció, un grupo de narcotraficantes habría ordenado asesinarlo. Antes de llegar al cargo en la CC fue secretario de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
El actual director del IDPP, Idonaldo Fuentes, también busca su reelección y presentó su expediente el viernes pasado.
¿Cuál es la importancia de esta elección?
El Instituto de la Defensa Pública Penal tiene entre su principal función prestar el servicio de defensa legal gratuita con prioridad a sindicados de escasos recursos económicos ante un posible delito cometido. Puede ser solicitada por jueces, fiscales, agentes policiales, o cualquier ciudadano en privación de su libertad o sus familiares.
“El IDPP debe garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad mediante la asistencia jurídica gratuita y velar porque en el desarrollo de un proceso penal no se violen garantías fundamentales de su patrocinado, así como sus derechos humanos. De ahí que el nombramiento de quien se encargue de la definición, control y supervisión del trabajo de los defensores públicos sea de suma importancia para la impartición de justicia”, señala el Movimiento Pro Justicia.
Además, resalta que los defensores públicos deben actuar libres de corrupción, fraude, abuso o ilegalidades “por ello la dirección del Instituto debe encargarse a quien demuestre las capacidades técnicas para el cargo y fomente la ética, honorabilidad y rectitud”.
El IDPP también tiene incidencia en otros espacios de toma de decisiones como el Consejo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) y la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia.
En los últimos años, los directores del IDPP han sido señalados de convertir a la institución en un botín político de los diputados, allegados y familiares. Así como operadores de justicia que los han utilizado para mover influencias gremiales en el sistema como el caso de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.
En 2004, Stalling fue electa como directora del IDPP y en 2009 buscó su reelección, pero ganó Remberto Ruiz Barrientos. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad anuló el nombramiento de Ruiz y Stalling asumió como directora interina. En 2010, se volvió a realizar la convocatoria para elegir al nuevo director y ella volvió a presentar su perfil.
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Durante su gestión en el IDPP, en su papel como operadora política utilizó las plazas para ofrecer empleo al gremio a cambio de votar en el Colegio de Abogados en las elecciones a Junta Directiva, Comisiones de Postulación, entre otros por las planillas de su conveniencia, señala una investigación publicada por el medio digital No Ficción.
“La primera muestra del poder real que le atribuyen a Stalling como operadora política se vio en las elecciones a presidente del Colegio de Abogados de 2005, cuando la abogada Yolanda Pérez Ruiz se presentó como candidata y resultó electa por la planilla de Integración Profesional. En un inicio, Stalling estuvo dentro del grupo de abogados llamado NAIS. Más tarde, conformó Integración Profesional, compuesto por entre 300 y 400 abogados”, señalan en la investigación.
Las plazas del IDPP también beneficiaron a los diputados quienes asignaron en esos puestos a sus seguidores o allegados a cambio de apoyar su reelección en el pleno. En 2010, a pesar de obtener la menor puntuación de la terna y de tener señalamientos en su contra, fue electa por el Congreso de ese entonces con el apoyo de los partidos Lider, FRG y la alianza UNE-Gana, operada por Manuel Baldizón.
En 2008, cuando Baldetti era diputada citó a Stalling para rendir cuentas de su gestión en el IDPP. Baldetti la acusó de incrementarse el sueldo, contratar a familiares en la planilla de la institución y aprovecharse de los viáticos de viajes.
Luego de dirigir por 10 años el IDPP fue electa como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, en septiembre de 2014, con el apoyo de los partidos Lider y PP. Sin embargo, en 2017 fue separada de su cargo tras ser señalada en el caso Tráfico de Influencias por aprovechar, presuntamente, su posición para presionar al hoy exjuez Carlos Ruano, que conocía el caso en el que está involucrado su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social. Ruano denunció en 2017 que la magistrada le pidió que otorgara una medida sustitutiva a favor de su hijo. La denuncia originó una investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Stalling fue detenida, en la zona 9, disfrazada con una peluca. Pero en 2022, el juez Víctor Cruz Rivera cerró el proceso penal en su contra y con ello no enfrentó juicio. En septiembre de 2022, el pleno de magistrados de la CSJ acordó su reinstalación como magistrada.
En septiembre del año pasado, Ruano decidió apartarse del Tribunal Noveno Penal a raíz del proceso de antejuicio que avaló la CSJ y la CC en su contra, luego de haber denunciado a Stalling. Actualmente el exjuez se encuentra en el exilio ante el riesgo de ser detenido y procesado.
Stalling aparece en la Lista Engel que nombra a personas públicas vinculadas a actos de corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras.
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El proceso para la elección del director del IDPP
La Comisión Postuladora tiene a su cargo la selección de la terna de candidatos para el cargo de director general que se presenta ante el Congreso de la República para su elección.
Esta postuladora está integrada por: Oscar Ruperto Cruz Oliva, presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Mario Antonio Siekavizza Álvarez, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; Luis Roberto Aragón Solé, presidente del Consejo del IDPP y representante de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país; y Nancy Arely López Loarca, representante de los defensores públicos de planta del IDPP. Los cuatro también integran el Consejo del IDPP.
La Comisión eligió a Luis Aragón como presidente de la Postuladora; a Mario Siekavizza, como secretario titular; y Arely López, como subsecretaria. En la primera sesión acordaron prohibir que los candidatos a dirigir el IDPP soliciten audiencias, así como que la Comisión será la encargada de evaluar en pleno si los impedimentos presentados contra los aspirantes proceden o no “respetando el principio de inocencia, debido proceso y de las leyes del país”, según propuso Aragón.
El 23 de abril, los integrantes de la Postuladora realizaron la última de las tres reuniones que desarrolló para, entre otras cosas, avalar las normas internas de la Postuladora y definir el perfil de los aspirantes, la guía para la entrevista que se realizará a cada uno y la tabla de gradación.
En la entrevista, los candidatos serán cuestionados sobre el plan de trabajo para el periodo de cinco años, la experiencia que tiene en el sistema de justicia penal, así como en la administración pública.
Por unanimidad, la comisión aprobó la tabla de gradación con la que calificarán a los aspirantes: méritos profesionales tendrán 70 puntos, méritos académicos 28 y proyección humana 2 para sumar 100 puntos.
Según una resolución de la CC, a los méritos éticos no se les puede dar ninguna ponderación por lo que, para sumar 100 puntos, la Comisión asignó dos a los méritos de proyección humana.
Entre los requisitos establecidos para ser director del IDPP se encuentran: ser abogado colegiado activo, con un mínimo de cinco años, acreditar amplia experiencia en materia penal, haber ejercido como defensor público de oficio en funciones judiciales o de la carrera del Ministerio Público, que requieran el título de abogado, durante un tiempo mínimos de cinco años.
Además, deberán presentar la carencia de sanciones o multas en el ámbito administrativo que incluye la extendida por la Corte de Constitucionalidad (CC). También se exigirá que los aspirantes al cargo, aunque estén activos en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), no estén inhabilitados por el Archivo General de Protocolos.
Tras cerrar la convocatoria de candidatos, el proceso continuará con la revisión de los expedientes del 20 al 23 de mayo. La Comisión Pesquisidora podría publicar la primera lista de candidatos excluidos por no llenar los requisitos legales el próximo 27 de mayo.
El 15 de julio la nómina de los candidatos seleccionados será entregada al Congreso en donde con 81 votos, con mayoría absoluta, deberá ser electo el nuevo director del IDPP.
